Contraloría General de la República
Urbanismo y Vivienda
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Urbanismo y Vivienda, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Urbanismo y Vivienda, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Urbanismo y ViviendaTemas de Urbanismo y Vivienda
Pronunciamientos
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Las plantas elevadoras de aguas servidas son redes y trazados de infraestructura sanitaria, por lo que se entienden siempre admitidas y no les rigen las normas urbanísticas del instrumento de planificación territorial ni requieren permiso de edificación. Se concluye que los proyectos de ESSAL se ajustan a derecho.
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La Contraloría concluye que la resolución N° 44, de 2022, del Gobierno Regional de Valparaíso debe ser representada, por mantener objeciones sobre la clasificación de actividades de impacto intercomunal y otros errores en la modificación del Plan Regulador.
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La Contraloría concluye que el oficio de la SEREMI se apartó del ordenamiento jurídico al permitir viviendas en las Áreas de Preservación Ecológica del PRMS, pues el artículo 55 de la LGUC no puede desconocer la regulación territorial vigente; ordena a la SEREMI y a la Municipalidad de Colina adecuar sus actos.
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La Contraloría concluye que la autorización sanitaria de un sistema particular de agua potable (incluido camiones aljibe) solo habilita permisos de obra nueva si cumple la OGUC y el reglamento: sitios preexistentes, soluciones individuales, no subdivisiones ni edificios colectivos. Instruye a la Subsecretaría y ajustar municipios.
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La Contraloría concluye que la SEREMI puede interpretar el plano del PRMS mediante un oficio, sin modificar el instrumento, pues el plano interpretativo se ajusta a la escala del plano oficial; pero debe corregirlo para excluir la vía Cañaveral, cuya utilidad pública fue dejada sin efecto.
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El dictamen concluye que, tratándose de convenios mandato del artículo 180 de la LGUC, los recursos pueden transferirse a las entidades competentes para ejecutar las obras, correspondiéndoles a ellas la atención financiera, por ser un régimen especial que exceptúa la regla general del artículo 16 de la ley N° 18.091.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, procede aprobar la rendición de fondos del Programa Mejoramiento de Barrios de las Municipalidades de Máfil y Cabildo, aunque los terrenos se adquirieron directamente a nombre de los comités beneficiarios y no de los municipios, como exige la regulación.
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La Contraloría concluye que la SEREMI debe corregir el plano interpretativo RM-PRMS-22-25, pues representa el Parque del Río Mapocho y la zona de riesgo de inundación como una faja uniforme de 200 metros, cuando el PRMS la reconoce como irregular de hasta 300 metros.
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La Contraloría concluye que el "Área de Camping" del Plan Regulador de Papudo no puede asimilarse al uso Residencial ni se derogó por la OGUC, por lo que no procede el anteproyecto de vivienda; solo una modificación del plan regulador podría cambiarlo.
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La Contraloría concluye que la resolución que actualiza el Plan Regulador Comunal de La Calera debe ser representada, pues persisten diversas observaciones de juridicidad no subsanadas y se formulan otras nuevas al instrumento.
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La Contraloría concluye que, para calcular la densidad bruta del Lote 1, debe excluirse la franja afecta a utilidad pública por la calle Miguel Ángel, incluyendo solo la superficie hasta el eje del espacio público adyacente, en una franja máxima de 30 metros.
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La Contraloría concluye que la declaración de caducidad del permiso de edificación no se ajusta a derecho, pues la falta de resolución ambiental no es un supuesto de caducidad, y que la modificación solicitada cumple las normas aplicables. Ordena regularizar la situación.
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La Contraloría observa el Plan Regulador Comunal de Lumaco por inconsistencias en la Ordenanza Local y los planos, y concluye representando la resolución N° 41, de 2022, del Gobierno Regional de La Araucanía para que se subsanen.
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La Contraloría concluye que las observaciones de la DOM de Vitacura se ajustan a la normativa urbanística, al exigir planos topográficos, acreditar altura, rasantes y subterráneos, y ordena a la SEREMI fundar expresamente sus futuros pronunciamientos.
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La Contraloría concluye que la exigencia de un ancho mínimo de 20 metros de la vía que enfrentan las actividades industriales, contenida en el artículo 6.1.3.1 del PRMS, se ajusta a derecho porque constituye una limitación al emplazamiento dentro de la competencia del instrumento planificador.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la rectificación del Plan Regulador de Pudahuel porque el asunto está sometido a un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones, aplicando la excepción del artículo 6° de la ley N° 10.336.
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La Contraloría concluye que la SEREMI de Vivienda se ajustó a derecho al aprobar el proyecto, pues aunque la infraestructura energética está siempre admitida en área rural, ello no exime el cumplimiento de la declaratoria de utilidad pública del Parque Estero Las Cruces-Lampa.
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La Contraloría reitera que el artículo 3.1.03 del Plan Regulador de Providencia es ilegal y que el municipio no ha cumplido lo ordenado desde 2017. Concluye que debe modificarlo a la brevedad e informar en 20 días.
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El dictamen concluye que el punto 2.4.8.6 de la DDU N° 447 es ajustado a derecho al incluir los conjuntos acogidos al artículo 6.1.8 de la OGUC como proyectos que, por beneficio urbanístico, incrementan el coeficiente de constructibilidad y elevan proporcionalmente el avalúo fiscal para calcular el aporte del artículo 175 de la LGUC.
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La Contraloría concluye que el SAG no puede exigir certificación para subdivisiones de predios rústicos acogidas a la letra j) del decreto ley N° 3.516, pues la ley las exceptúa expresamente; por ello, el acápite N° 6 de la resolución exenta N° 3.904, de 2019, no se ajusta a derecho y debe subsanarse.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica el Plan Regulador Comunal de Valdivia en el sector Altos de Guacamayo, al haberse subsanado las observaciones del dictamen E159212 de 2021, con alcances sobre el predio, la vialidad y el plano.
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La Contraloría confirma lo resuelto por su Sede Regional de Valparaíso, al no advertir irregularidades en el CIP y estimar inoficioso pronunciarse sobre el anteproyecto por estar vencido y no haber servido de antecedente para un permiso de edificación.
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La Contraloría concluye que la modificación del Plan Regulador de Paillaco subsanó las observaciones previas, por lo que ordena tomar razón de la resolución, aunque con alcances sobre errores en distancias y anchos de vías y la admisión de salas cuna y servicios profesionales.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre la vigencia del permiso del helipuerto, porque el asunto está sometido a un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
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La Contraloría concluye que las observaciones al Plan Regulador de Angol fueron subsanadas, precisando que el primer tramo de Pedro Aguirre Cerda va entre P.N. Nahuelbuta y Valparaíso, y que las áreas de riesgo AR1 y AR2 corresponden a la Ordenanza General de Urbanismo.
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La Contraloría observa la modificación del Plan Regulador Comunal de Osorno por múltiples deficiencias formales y técnicas (memoria, planos, estudio de riesgos, consulta indígena). Concluye representando la resolución N° 37, de 2022, del Gobierno Regional de Los Lagos, para que se corrijan todos los reparos señalados.
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La Contraloría observa múltiples errores formales y de contenido en la actualización del Plan Regulador Comunal de Limache y concluye representando la resolución que la promulga, ordenando corregir íntegramente el instrumento, incluida la incorporación del humedal urbano Piedras Blancas.
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La Contraloría concluye que la circular que limita la postergación de permisos al plazo de seis meses del Ministerio del Medio Ambiente es incorrecta: el municipio puede postergar hasta doce meses, y la Subsecretaría debe adecuar la circular a ese criterio.
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La hipoteca vigente pertenece a una empresa ya disuelta y sin sucesor legal, y ninguna entidad pública puede alzarla. Contraloría concluye que los afectados deben recurrir a los tribunales de justicia para obtener su alzamiento.
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La Contraloría concluye que las redes privadas de agua potable deben cumplir las condiciones técnicas de las públicas, por lo que sus pruebas hidráulicas exigen bombas mecánicas según la NCh 3394, sin reparos a la exigencia del SERVIU.
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La Contraloría concluye que la declaratoria de utilidad pública de la calle San Vicente perdió vigencia al publicarse el nuevo Plan Regulador Comunal en 2015, que no la contempla, por lo que el oficio de la SEREMI que la consideraba vigente no se ajusta a la normativa.
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El tema principal es si el plazo de 60 días y la aprobación tácita del artículo 43 de la LGUC aplican al PRC de Pitrufquén. Concluye que no, porque el procedimiento inició antes de la ley N° 21.078, por lo que el Concejo debía pronunciarse expresamente.
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El dictamen concluye que, en los parques urbanos, solo las edificaciones requieren permiso de edificación, no así las demás faenas, por lo que la falta de permiso no impide ejecutar esos otros trabajos. Además, la paralización de faenas dispuesta por el SERVIU fue improcedente.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° 2.745 de 2019 y confirma que la declaración de validez del artículo quinto de la ley N° 21.078 no es absoluta, sino limitada a los incentivos y condiciones que se ajusten a los artículos 183 y 184 de la LGUC. Ordena al MINVU ajustar la DDU N° 413 a ese criterio.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica el Plan Regulador Comunal de San Bernardo y Lo Herrera, sectores El Mariscal 3 y 4, con alcances sobre la superficie del Lote 3, el plano de vialidad y los datos de inscripción.
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La Contraloría concluye que el convenio para financiar obras de mitigación vial de los PDUC es válido: los titulares pueden financiar expropiaciones y la Dirección de Vialidad está facultada para recibir esos recursos, sin que el retraso administrativo invalide el procedimiento.
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La Contraloría concluye que el oficio de la SEREMI que aprobó oficinas y bodegas en una zona de protección aeroportuaria vulnera las normas de uso de suelo del PRMS, pues allí solo se permiten equipamientos recreacionales al aire libre, por lo que el permiso de edificación tampoco se ajusta a derecho.