Contraloría General de la República · Urbanismo y Vivienda
Planes Reguladores y Normas Urbanísticas
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Planes Reguladores y Normas Urbanísticas, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Urbanismo y Vivienda, que incluye Planes Reguladores y Normas Urbanísticas, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Urbanismo y ViviendaPronunciamientos
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La Contraloría no da curso a la resolución que promulga la modificación MPRMS N° 104 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por observaciones de fondo y forma, como la falta de fundamento en declaraciones de utilidad pública y respuestas municipales inconsistentes.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para un terreno en Puente Alto, con alcances sobre la terminología de estacionamientos y la obligación de comunicar ajustes no sustanciales al Ministerio del Medio Ambiente.
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La Contraloría tomó razón del decreto que moderniza la OGUC para agilizar la reconstrucción, tras subsanarse las observaciones formuladas, precisando que las Direcciones de Obras solo verifican la suscripción del estudio de riesgos por profesionales especialistas, sin evaluar su mérito técnico.
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La Contraloría determina qué órgano aprueba los estudios fundados exigidos para edificar en el área de riesgo "Sector A.R." de Viña del Mar, contaminada por hidrocarburos. Concluye que, por tratarse de un riesgo para la salud, corresponde a la Seremi de Salud aprobarlos y verificar las medidas de mitigación.
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Las solicitudes de saneamiento del decreto ley N° 2.695 pendientes al publicarse la ley N° 21.477 no se rigen por las nuevas exigencias urbanísticas de esta, salvo que los predios estén en asentamientos irregulares de la ley N° 20.234, caso en que sí se aplican.
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La Contraloría concluye que, por seguridad y certeza jurídica y aplicando una excepción a la regla general, procede permitir construir la vivienda del propietario en predios emplazados en el Área de Preservación Ecológica, debido a los certificados favorables emitidos al inicio del proyecto.
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La Contraloría concluye que las modificaciones al Plan Regulador Comunal deben seguir el procedimiento de participación ciudadana de la LGUC, sin perjuicio de la facultad municipal de plebiscito del artículo 99, que no puede vulnerar dicha normativa.
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La Contraloría aclara que corresponde a la División de Desarrollo Urbano definir las profesiones idóneas para suscribir estudios de riesgo por fallas geológicas, y que el criterio del dictamen anterior solo rige para ese riesgo, no para otros. Debe informar en 20 días.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para terrenos en Arica, mediante el mecanismo de habilitación normativa de la ley N° 21.450, precisando que la remisión del resuelvo N° 5 debe entenderse al visto N° 34.
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El Plan Seccional Topater solo permite en las zonas ZM1, ZE2 y ZE3 ciertas actividades de salud, por lo que los cementerios no están admitidos. No procede usar el artículo 46 de la LGUC, sino la habilitación normativa excepcional de los artículos 92 a 99.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica los planes reguladores de Santiago por la Ley N° 21.636, por observaciones sobre el predio, coeficientes, plano, publicidad e inscripciones faltantes.
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La Contraloría concluye que la modificación del PREMVAL se aplica a solicitudes de permiso y subdivisión ingresadas después de su vigencia, aunque los informes favorables del SAG y SEREMI sean anteriores, por lo que rechaza las reclamaciones.
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La Contraloría concluye que la actualización del Plan Regulador de Pedro Aguirre Cerda es válida pese a omitir el envío de cartas certificadas, pues la información se difundió por otros medios sin perjuicio para los interesados. No obstante, ordena al municipio ajustar la zona ZR8 que se superpone al área de alto riesgo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la SEREMI y mantiene que su plano interpretativo modificó indebidamente el PRMS al exceder el área industrial y desplazar la vía Los Acacios. Ordena corregir la actuación en 20 días y que Conchalí adecúe su PRC al PRMS.
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La Contraloría concluye que la estación de servicio es equipamiento de comercio y que el Plan Regulador Metropolitano no lo permite en el Área de Interés Agropecuario Exclusivo, por lo que rechaza la reclamación y valida el informe desfavorable de la SEREMI.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de urbanizaciones voluntarias, con el alcance de que la referencia al numeral 3 del artículo 7.2.3 debe entenderse hecha a su antepenúltimo párrafo.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los sitios de un condominio tipo B son predios independientes, por lo que un apart hotel puede emplazarse en un sitio distinto al de las viviendas económicas, sin que se apliquen las limitaciones del artículo 165 de la LGUC.
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La Contraloría concluye que en las comunidades agrícolas los permisos de edificación deben solicitarlos su Directorio —y también el comunero con goce singular—, que la cesión de terrenos se calcula sobre la superficie total del predio y que el artículo 55 de la LGUC permite autorizar viviendas de los comuneros bajo ciertas condiciones.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen que exige rasantes y distanciamientos a edificaciones aisladas en condominios tipo B, pero limita sus efectos en el tiempo para no afectar permisos previos de buena fe.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, por ajustarse a derecho, aunque recuerda que las enmendaduras del texto deben ser visadas por el ministro de fe, lo que no ocurrió.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Toltén no puede declarar de utilidad pública inmuebles destinados a vías locales y de servicio en la localidad de Nueva Toltén, porque no cuenta con plan regulador comunal que previamente los defina como tales.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba las bases de licitación del Establecimiento Penitenciario Santiago 1, porque el terreno está en una zona donde el Plan Regulador prohíbe las cárceles. Además, ordena aclarar aspectos ambientales y las prohibiciones para contratar del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para establecer una regla excepcional sobre predios estatales o de empresas públicas que deslindan con vías férreas, por falta de fundamentos y de coherencia con la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
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La Contraloría concluye que la SEREMI Metropolitana modificó irregularmente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago mediante planos interpretativos, excediendo su facultad interpretativa, e incumplió gravemente los principios de legalidad y probidad. Ordena determinar responsabilidades administrativas y remite los antecedentes al Ministerio Público.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica la OGUC en materia de técnicas habilitantes alternativas al permiso de obras, con alcance: esas declaraciones juradas regirán desde la publicación del decreto en zonas declaradas afectadas por catástrofe, y el Ministerio deberá publicar junto a él los formularios respectivos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica el Plan Regulador Metropolitano de Santiago en el Límite de Extensión Urbana de Batuco, Lampa, al haberse subsanado las observaciones del oficio E571130 de 2024, precisando que cierta simbología del plano es referencial.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para un terreno en Monte Patria, condicionado a que el proyecto pavimente la media calzada frente a él y cumpla normas de estacionamientos; además precisa que la exención ambiental aplica a las normas, no al proyecto.
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La Contraloría reconsidera su dictamen anterior y concluye que los complejos fronterizos pueden considerarse equipamiento de seguridad de carácter policial, aplicándoles la excepción del artículo 116 de la LGUC: no requieren permiso de edificación ni inspecciones municipales.
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El artículo 5° de la ley N° 20.283, que exige plan de manejo para intervenir bosque nativo, se aplica también en terrenos urbanos, sin que ello sea incompatible con las cesiones del artículo 70 de la LGUC.
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La Contraloría concluye que la "Casa de la Viña Manquehue" fue correctamente incluida como Inmueble de Conservación Histórica y que dicha calidad afecta a todo el predio, por lo que rechaza la reclamación de los propietarios.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre la juridicidad del permiso de edificación ya otorgado, por estar sometido a un tribunal, y precisa que las actas de observaciones de la DOM no son impugnables ante la SEREMI.
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La Contraloría concluye que el MINVU no debe fiscalizar la fabricación de tubos y perfiles de acero, pues excede la LGUC y la OGUC, y que oficializar normas técnicas es una decisión de mérito de los ministerios, sin obligación al respecto.
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El artículo 5° de la ley N° 20.283 se aplica también a predios con bosque nativo en área urbana, sin que ello impida cumplir la cesión gratuita del artículo 70 de la LGUC, pues ambas normas persiguen fines distintos y compatibles.
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La Contraloría concluye que la DOM de Providencia actuó correctamente al exigir el cumplimiento de la normativa urbanística vigente al momento de solicitar la copropiedad, rechazando reconsiderar su dictamen de 2009 y desestimando la solicitud de inaplicar el artículo 4.1.06 del PRC.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° E739, de 2025, confirmando que en la zona ZH-5 del Plan Regulador de Zapallar solo se admite el destino vivienda y no hospedaje, al interpretar armónicamente la intención del planificador.
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La Contraloría concluye que la circular DDU 374 es jurídica: en los grupos de viviendas económicas solo pueden emplazarse los destinos expresamente previstos en el artículo 165 de la LGUC, sin incluir hoteles ni apart hoteles, y rechaza las reclamaciones del recurrente.
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La Contraloría concluye que, como excepción, el SERNAGEOMIN debe aprobar los estudios fundados de riesgo por fallas geológicas exigidos por la OGUC, y que los suscriba un profesional especialista afín a ese riesgo.
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La Contraloría confirma que la subdivisión del predio rústico en Aysén cumple el decreto ley N° 3.516 y que el SAG, la SEREMI, la Municipalidad y la CONAF actuaron correctamente, por lo que rechaza la reconsideración.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que las edificaciones en sitios de condominios tipo B deben cumplir las rasantes y distanciamientos de la Ordenanza General, pues el artículo 56 de la Ley 21.442 exige todas las normas urbanísticas.
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La Contraloría concluye que el plano interpretativo de la SEREMI modificó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago al ampliar la zona industrial y desplazar una vía, excediendo su facultad de interpretar. Ordena corregirlo y que Conchalí adecúe su plan comunal al PRMS.
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La DUP de la "Vía Pie Andino" sigue vigente porque la ley N° 20.791 la mantuvo al no haberse dejado sin efecto por el procedimiento legal. La precisión del área afectada debe pedirse al Gobierno Regional Metropolitano.
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La Contraloría concluye que la DOM no puede rechazar una modificación de deslindes exigiendo declaraciones juradas de los propietarios vecinos, pues la DDU 271 solo las sugiere y no son requisito del artículo 67 de la LGUC. Ordena ajustar la actuación de la DOM y la SEREMI.
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La Contraloría concluye que el rechazo municipal al anteproyecto "Apart Hotel La Frutilla" en la zona ZH-4A de Zapallar se ajusta a derecho, pues la intención del planificador fue limitar el hospedaje a las zonas donde expresamente se permite, lo que no ocurre en ZH-4A.
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El dictamen informa que el Plan Regulador Comunal de Los Andes sigue pendiente porque no se ha ingresado una nueva versión que subsane las observaciones del oficio E321120 de 2023. Además, su tramitación depende de un pronunciamiento en estudio sobre la Reserva Forestal Río Blanco, por lo que no es posible fijar un plazo de aprobación.
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La Contraloría concluye que el artículo 28 quinquies de la LGUC solo se aplica a terrenos desafectados de áreas verdes intercomunales y vías troncales que quedaron sin regulación, no a las zonas ZI, ZBA y ZIT, que mantienen regulación comunal.
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La Contraloría concluye que, aunque los permisos de edificación otorgados bajo el sistema de agrupamiento continuo en Estación Central son contrarios a la normativa vigente, al estar aún vigentes pueden modificarse si ello reduce las especificaciones máximas o aumenta las mínimas.
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La Contraloría concluye que el aporte al espacio público por densificación se calcula sobre la superficie bruta del terreno completo del condominio, no según la cuota del propietario, por lo que rechaza la reclamación de Inmobiliaria Teatinos.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre las solicitudes de reconsideración del dictamen N° E281581, porque el asunto está en tribunales, y pide al MMA y al Servicio de Biodiversidad informar sobre las Áreas de Protección Ecológica bajo la nueva ley N° 21.600.
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La Contraloría toma razón del instrumento que enmienda el Plan Regulador Metropolitano de Santiago en el Sector Vicente Reyes, Maipú, disminuyendo los usos permitidos para actividades productivas. Lo hace con alcances sobre el plano, la publicación y el archivo de copias.
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La Contraloría toma razón del Plan Regulador Comunal de Puerto Varas, pues se subsanaron las observaciones, pero precisa que debe estarse a la Figura 33 y planos sobre el área de riesgo, y que los establecimientos deportivos barriales y servicios artesanales se entienden siempre admitidos en los usos que indica.