Contraloría General de la República · Urbanismo y Vivienda
Permisos de Edificación y Urbanización
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Permisos de Edificación y Urbanización, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Urbanismo y Vivienda, que incluye Permisos de Edificación y Urbanización, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Urbanismo y ViviendaPronunciamientos
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La Contraloría determina qué órgano aprueba los estudios fundados exigidos para edificar en el área de riesgo "Sector A.R." de Viña del Mar, contaminada por hidrocarburos. Concluye que, por tratarse de un riesgo para la salud, corresponde a la Seremi de Salud aprobarlos y verificar las medidas de mitigación.
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La Contraloría confirma que el SERVIU no puede exigir un proyecto de accesibilidad universal para revisar pavimentaciones derivadas de un IMIV, aunque debe verificar el cumplimiento de la OGUC; además, la DOM fiscaliza la accesibilidad desde el inicio de las obras.
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La Contraloría revisa un recurso extraordinario de revisión contra oficios que no objetaron la recepción definitiva de un edificio en San Joaquín. Concluye que no se configura ninguna causal legal y desestima el recurso, al reiterar el recurrente antecedentes ya considerados.
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La Contraloría concluye que, por seguridad y certeza jurídica y aplicando una excepción a la regla general, procede permitir construir la vivienda del propietario en predios emplazados en el Área de Preservación Ecológica, debido a los certificados favorables emitidos al inicio del proyecto.
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El artículo 140 permite a la DOM autorizar subdivisiones sin urbanización como régimen de excepción reglado, no discrecional: cumplidos los requisitos, debe aplicarlo. Concluye que la DOM y la SEREMI deben ajustarse a ese criterio.
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La Contraloría aclara que corresponde a la División de Desarrollo Urbano definir las profesiones idóneas para suscribir estudios de riesgo por fallas geológicas, y que el criterio del dictamen anterior solo rige para ese riesgo, no para otros. Debe informar en 20 días.
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La Contraloría concluye que la modificación del PREMVAL se aplica a solicitudes de permiso y subdivisión ingresadas después de su vigencia, aunque los informes favorables del SAG y SEREMI sean anteriores, por lo que rechaza las reclamaciones.
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La Contraloría concluye que la recepción parcial de un loteo exige ceder proporcionalmente el terreno para equipamiento libre de gravámenes, por lo que no procede postergar esa cesión a etapas posteriores.
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La Contraloría concluye que la estación de servicio es equipamiento de comercio y que el Plan Regulador Metropolitano no lo permite en el Área de Interés Agropecuario Exclusivo, por lo que rechaza la reclamación y valida el informe desfavorable de la SEREMI.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances: corrige la ubicación del predio y ordena verificar la garantía de urbanización antes de firmar la escritura.
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La Contraloría concluye que la DOM de Peñaflor actuó correctamente al rechazar la subdivisión, pues el predio no accede a un espacio de uso público sino a un camino privado, incumpliendo el artículo 68 de la LGUC y la Ordenanza.
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El permiso de obra menor para ampliar viviendas de hasta 520 UF se rige por el artículo 166 de la LGUC, aunque la OGUC no lo mencione expresamente. Contraloría rechaza el reclamo, pero ordena a la DOM certificar el valor de la construcción.
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La Contraloría concluye que la ampliación del Edificio de Control de la Plaza de Peaje Nueva Angostura, por ser obra de infraestructura de transporte ejecutada por el Estado vía concesión, no requiere permiso de edificación ni recepción definitiva municipal, sin perjuicio de cumplir la normativa aplicable.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los sitios de un condominio tipo B son predios independientes, por lo que un apart hotel puede emplazarse en un sitio distinto al de las viviendas económicas, sin que se apliquen las limitaciones del artículo 165 de la LGUC.
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El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, por su carácter penitenciario, está exceptuado de permisos, inspecciones y recepción de obras municipales según el artículo 116 de la LGUC. Contraloría concluye que no requiere recepción definitiva de obras.
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La Contraloría concluye que no se acoge el reclamo: la subdivisión afecta a utilidad pública no está perfeccionada mientras la DOM no recepcione las obras de urbanización, lo que impide dividir los lotes. La garantía del artículo 136 solo permite ventas y adjudicaciones, no extenderla a otros casos.
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La Contraloría concluye que en las comunidades agrícolas los permisos de edificación deben solicitarlos su Directorio —y también el comunero con goce singular—, que la cesión de terrenos se calcula sobre la superficie total del predio y que el artículo 55 de la LGUC permite autorizar viviendas de los comuneros bajo ciertas condiciones.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen que exige rasantes y distanciamientos a edificaciones aisladas en condominios tipo B, pero limita sus efectos en el tiempo para no afectar permisos previos de buena fe.
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La Contraloría concluye que los revisores independientes no pueden reclamar ante la SEREMI, pero sí pueden intervenir en los reclamos iniciados por los legitimados para aportar antecedentes sobre sus informes, sin que ello configure un conflicto de interés.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica la OGUC en materia de técnicas habilitantes alternativas al permiso de obras, con alcance: esas declaraciones juradas regirán desde la publicación del decreto en zonas declaradas afectadas por catástrofe, y el Ministerio deberá publicar junto a él los formularios respectivos.
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La Contraloría reconsidera su dictamen anterior y concluye que los complejos fronterizos pueden considerarse equipamiento de seguridad de carácter policial, aplicándoles la excepción del artículo 116 de la LGUC: no requieren permiso de edificación ni inspecciones municipales.
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La Contraloría concluye que la "Casa de la Viña Manquehue" fue correctamente incluida como Inmueble de Conservación Histórica y que dicha calidad afecta a todo el predio, por lo que rechaza la reclamación de los propietarios.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre la juridicidad del permiso de edificación ya otorgado, por estar sometido a un tribunal, y precisa que las actas de observaciones de la DOM no son impugnables ante la SEREMI.
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La Contraloría concluye que el MINVU no debe fiscalizar la fabricación de tubos y perfiles de acero, pues excede la LGUC y la OGUC, y que oficializar normas técnicas es una decisión de mérito de los ministerios, sin obligación al respecto.
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La Contraloría concluye que la DOM de Providencia actuó correctamente al exigir el cumplimiento de la normativa urbanística vigente al momento de solicitar la copropiedad, rechazando reconsiderar su dictamen de 2009 y desestimando la solicitud de inaplicar el artículo 4.1.06 del PRC.
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La Contraloría concluye que la experiencia como arquitecto y exfuncionario suyo no sirve para acreditar la experiencia exigida para inscribirse en el Registro Nacional de Revisores Independientes, pues las labores de fiscalizador no equivalen a las de revisor o inspector de obras.
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La Contraloría concluye que la circular DDU 374 es jurídica: en los grupos de viviendas económicas solo pueden emplazarse los destinos expresamente previstos en el artículo 165 de la LGUC, sin incluir hoteles ni apart hoteles, y rechaza las reclamaciones del recurrente.
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La Contraloría concluye que, como excepción, el SERNAGEOMIN debe aprobar los estudios fundados de riesgo por fallas geológicas exigidos por la OGUC, y que los suscriba un profesional especialista afín a ese riesgo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que las edificaciones en sitios de condominios tipo B deben cumplir las rasantes y distanciamientos de la Ordenanza General, pues el artículo 56 de la Ley 21.442 exige todas las normas urbanísticas.
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La Contraloría rechaza reabrir el caso sobre la invalidación del certificado de recepción definitiva de 2016, pues no hay antecedentes nuevos y ya transcurrió el plazo legal de dos años para invalidar. Las acciones judiciales quedan a decisión de los interesados.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del municipio de Pudahuel y mantiene que a este le corresponde administrar el Camino Rinconada según su origen y naturaleza, al no existir nuevos antecedentes. Además, ordena instruir un proceso disciplinario por el vencimiento y no renovación de las garantías de urbanización.
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La Contraloría concluye que la DOM no puede rechazar una modificación de deslindes exigiendo declaraciones juradas de los propietarios vecinos, pues la DDU 271 solo las sugiere y no son requisito del artículo 67 de la LGUC. Ordena ajustar la actuación de la DOM y la SEREMI.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Macul no puede exigir un "certificado de no deuda" ni cobrar directamente multas por derechos de ocupación de bienes nacionales de uso público, debiendo denunciar ante el Juzgado de Policía Local y modificar su ordenanza; además, debe respetar los plazos legales de tramitación de permisos, por lo que instruirá un proceso disciplinario.
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La Contraloría concluye que la SEREMI acertó al no invalidar el certificado de recepción definitiva, pues había transcurrido el plazo legal de dos años, pero erró al declarar inadmisible el recurso por falta de competencia, ya que sí tiene facultades de supervigilancia sobre la Dirección de Obras Municipal.
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La Contraloría concluye que, aunque los permisos de edificación otorgados bajo el sistema de agrupamiento continuo en Estación Central son contrarios a la normativa vigente, al estar aún vigentes pueden modificarse si ello reduce las especificaciones máximas o aumenta las mínimas.
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La Contraloría concluye que el aporte al espacio público por densificación se calcula sobre la superficie bruta del terreno completo del condominio, no según la cuota del propietario, por lo que rechaza la reclamación de Inmobiliaria Teatinos.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre las solicitudes de reconsideración del dictamen N° E281581, porque el asunto está en tribunales, y pide al MMA y al Servicio de Biodiversidad informar sobre las Áreas de Protección Ecológica bajo la nueva ley N° 21.600.
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La Contraloría ratifica que las solicitudes de permisos y recepciones ante las Direcciones de Obras Municipales deben ser suscritas por un solo arquitecto, conforme a la DDU 457, y rechaza la solicitud de reconsideración por no aportar nuevos antecedentes.
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La Contraloría concluye que la circular DDU 447 es jurídicamente correcta: para calcular el aporte al espacio público de una obra nueva, se descuenta la carga de ocupación de edificaciones demolidas solo si el permiso incluye los antecedentes de demolición.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E417334 de 2023, ratificando que el oficio circular N° 474 de 2007 del MINVU excedió sus facultades interpretativas al añadir una condición no prevista para los conjuntos armónicos.
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La Contraloría concluye que no procede instruir un sumario contra el Director de Obras de Antofagasta, pues la subdivisión objetada fue dejada sin efecto, aunque debe ajustarse al dictamen N° E123808 de 2021.
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La Contraloría concluye que la regularización al amparo del decreto ley N° 2.695 no exime a los propietarios del loteo Paidahue Oriente de regularizar el conjunto conforme a la normativa urbanística vigente, por lo que rechaza la reconsideración del dictamen N° 29.987 de 2005.
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La Contraloría concluye que el artículo 166 de la LGUC permite que ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles suscriban permisos y recepciones de ampliaciones de viviendas sociales, por lo que el oficio N° 456 es incorrecto y la Subsecretaría debe ajustar los formularios.
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La Contraloría concluye que la demolición y retiro de escombros de un “memorial narco” en Lo Espejo se ajustó a derecho, sin irregularidades ni exceso de atribuciones, aplicando la regla excepcional de emergencia del artículo 20 del DFL N° 22 de 1959.
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Los complejos fronterizos no son obras policiales ni equipamiento de seguridad, sino infraestructura de transporte, por albergar varios organismos y funciones de control. Concluye que, al ejecutarlos el Estado, se aplica la excepción de permiso de edificación del inciso cuarto del artículo 116 de la LGUC.
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La Contraloría concluye que, aunque la altura máxima se fije solo en pisos, las mansardas deben respetar el equivalente en metros (3,50 m por piso), por lo que en la Zona Z-9E de Pucón no pueden superarse los 7 metros totales.
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La Contraloría concluye que el Camino Rinconada, originado en un loteo aprobado y hoy de uso público, debe ser regularizado por la Municipalidad de Pudahuel mediante su recepción, asumiendo su administración según su origen y naturaleza.
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El aporte al espacio público por densificación se calcula sobre el avalúo fiscal total del terreno, sin prorrateo por unidades en copropiedad. La Contraloría concluye que el oficio de la SEREMI que ordenó recalcularlo por unidad no se ajustó a derecho.
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El artículo 59 de la nueva Ley de Copropiedad exige acceso directo a bien nacional público y distancia máxima de 400 metros, y rige desde abril de 2022, sin que un anteproyecto aprobado exima de cumplirlo. La Contraloría concluye que la DOM actuó conforme a derecho y que la SEREMI debe ajustar su actuación.
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La Contraloría concluye que el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal no es requisito para que la DOM otorgue un permiso de edificación ni para la recepción definitiva de las obras, aunque sí debe fiscalizarlo y denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local.