Contraloría General de la República · Urbanismo y Vivienda
Vivienda y Subsidios Habitacionales
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Vivienda y Subsidios Habitacionales, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Urbanismo y Vivienda, que incluye Vivienda y Subsidios Habitacionales, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Urbanismo y ViviendaPronunciamientos
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para un terreno en Puente Alto, con alcances sobre la terminología de estacionamientos y la obligación de comunicar ajustes no sustanciales al Ministerio del Medio Ambiente.
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La Contraloría concluye que el proyecto "Los Cipreses VI" no asignó una cantidad equitativa de estacionamientos a las familias vulnerables, incumpliendo la regulación del llamado. Ordena instruir un procedimiento disciplinario y adoptar medidas para asegurar el cumplimiento futuro.
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La Contraloría confirma que el SERVIU no puede exigir un proyecto de accesibilidad universal para revisar pavimentaciones derivadas de un IMIV, aunque debe verificar el cumplimiento de la OGUC; además, la DOM fiscaliza la accesibilidad desde el inicio de las obras.
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La Contraloría concluye que el oficio N° 326 de la SECON es jurídicamente válido, pues las exigencias de información y vinculación de condominios se sustentan en la ley N° 21.442 y el reglamento del RNAC, por lo que rechaza las reclamaciones.
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La Contraloría concluye que la exclusión de los funcionarios fue correcta, pues el llamado especial exigía un convenio entre el empleador y la asociación gremial, requisito que no se cumplió. No procede acoger la reclamación.
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La Contraloría concluye que la selección de familias del proyecto La Platina se ajustó al procedimiento del SERVIU Metropolitano, sin intervención decisoria del municipio, y no advierte irregularidades en la actuación municipal denunciada.
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El municipio no tiene atribución permanente para ejecutar proyectos habitacionales como el planteado; solo puede hacerlo temporalmente mediante asociación con el SERVIU conforme a la Glosa 07 de la ley N° 21.796, mientras esta esté vigente.
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La Contraloría concluye que el artículo 68 de la ley N° 21.442 permite a las municipalidades destinar recursos y ejecutar programas de mantenimiento en áreas verdes de condominios sociales, pero solo como apoyo complementario y temporal, no permanente ni indefinido, pues la mantención corresponde por regla general a los copropietarios.
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La Contraloría concluye que el SERVIU y la Municipalidad deben determinar fundadamente si las obras reclamadas son adicionales y si procede pedir subsidios adicionales al MINVU; rechaza el pago por baja de rendimiento y gastos Covid-19.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para terrenos en Arica, mediante el mecanismo de habilitación normativa de la ley N° 21.450, precisando que la remisión del resuelvo N° 5 debe entenderse al visto N° 34.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances: corrige la ubicación del predio y ordena verificar la garantía de urbanización antes de firmar la escritura.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances sobre la ubicación del predio, el nombre completo de la calle y la zona urbana señalada.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances: debe corregirse la individualización de la calle, el número de viviendas proyectadas y el certificado citado.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la transferencia gratuita de dos inmuebles fiscales urbanos al Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, con alcances: las menciones del título y varios numerales deben entenderse referidas a ambos inmuebles, y el proyecto debe vincularse al llamado de la resolución exenta N° 1.259, de 2024.
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La Contraloría concluye que el SERVIU del Biobío debe pagar el certificado de subsidio habitacional para construcción en sitio propio, pues la causal de no pago invocada no está prevista para esa modalidad y es de interpretación restrictiva.
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El dictamen concluye que los arrendatarios y allegados afectados por los incendios de 2024 son damnificados para efectos habitacionales, y que el MINVU ya dispuso medidas especiales para atenderlos, ejerciendo fundadamente sus facultades.
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La Contraloría concluye que el SERVIU de Ñuble se equivocó al exigir a la Municipalidad de Bulnes licitar la contratación de la constructora conforme a la ley N° 19.886, pues el municipio no es parte del contrato de construcción ni debe condicionar la admisibilidad de los proyectos a esa ley.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba los formatos tipo de convenios de transferencia de recursos del Programa Asentamientos Precarios, por ajustarse a derecho, con alcances: adecuar el numeral 8° de la cláusula séptima del formato de asistencia técnica y social y corregir una cita.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica el decreto N° 112, de 2014, porque su artículo único N° 1 se aparta de la Política Nacional de Parques Urbanos, y ordena al Ministerio aclarar y justificar esa divergencia y ajustar los artículos 6 y 10.
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La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba el Reglamento del Programa de Financiamiento de Estudios Preliminares y Adquisición de Terrenos de los Servicios Regionales de Vivienda, por dos observaciones: precisar si los terrenos deben cumplir el requisito de deslinde con vías del Reglamento del Fondo Solidario, y porque el artículo 6° letra b) carece de sustento normativo para excepcionar la regla de localización de la LGS.
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La Contraloría concluye que, para autorizar la regularización de un inmueble municipal conforme al artículo 8° del decreto ley N° 2.695, el alcalde debe evaluar la vulnerabilidad socioeconómica de los solicitantes y el cumplimiento de la normativa urbanística, y requerir el acuerdo previo del concejo municipal, por tratarse del traspaso de la mera tenencia del bien.
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La Contraloría concluye que no procede inscribir en el registro de la ley N° 19.862 al Condominio Social Zenteno por carecer de personalidad jurídica, existiendo un vacío legal que se informa al Ejecutivo y al Congreso; no obstante, como excepción, el artículo 68 de la Ley de Copropiedad permite asignarle recursos sin esa inscripción previa.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para un terreno en Monte Patria, condicionado a que el proyecto pavimente la media calzada frente a él y cumpla normas de estacionamientos; además precisa que la exención ambiental aplica a las normas, no al proyecto.
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La Contraloría concluye que el MINVU debe resolver fundadamente, partida por partida, la solicitud de incremento adicional de subsidio de Lo Blanco SpA, pues la negativa previa carecía de competencia y fundamentación suficiente.
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La Contraloría confirma que se configuró el impedimento del artículo 29 inciso cuarto del decreto N° 19 de 2016, pues la beneficiaria adquirió otro inmueble tras postular y antes de la escritura de compraventa, por lo que se ajustó a derecho no pagar el subsidio.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases del concurso de Habitabilidad Chile Solidario 2025 en comunas de Antofagasta, con el alcance de que la declaración jurada del punto 4.5 debe presentarse al postular.
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La Contraloría concluye que no procede extraer ni transferir recursos del Programa Asentamientos Precarios para financiar proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda mediante aportes adicionales, pues el principio de legalidad del gasto lo impide; cualquier aumento requiere modificación presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría no da curso al instrumento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica cuatro decretos sobre subsidios habitacionales, por no ajustarse a derecho: no cumple el artículo 18 de la Ley de Migración y Extranjería, exige a extranjeros acreditar un hecho negativo que a los chilenos se les pide por declaración jurada, y omite adecuar otras normas del decreto N° 1, de 2011, al nuevo plazo de diez años.
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El bono de acogida por los incendios de febrero de 2024 es transitorio y cesa cuando se dispone de una vivienda de emergencia; no se puede rechazar esta para seguir cobrándolo tras recibir al menos tres bonos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que una Entidad Patrocinante no puede ser a la vez empresa constructora del mismo proyecto habitacional, pues ello afecta su imparcialidad y contraviene la normativa.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen y concluye que las municipalidades no están legalmente facultadas para donar inmuebles en beneficio directo de sus propios funcionarios, pues deben priorizar el interés general de la comunidad local.
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La Contraloría concluye que el artículo 166 de la LGUC permite que ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles suscriban permisos y recepciones de ampliaciones de viviendas sociales, por lo que el oficio N° 456 es incorrecto y la Subsecretaría debe ajustar los formularios.
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La Contraloría concluye que la Circular N° 6 de la Secretaría Ejecutiva de Condominios excede sus atribuciones al extender el registro del artículo 71 de la Ley N° 21.442 al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, por lo que debe corregirse.
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La Contraloría concluye que el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal no es requisito para que la DOM otorgue un permiso de edificación ni para la recepción definitiva de las obras, aunque sí debe fiscalizarlo y denunciar su incumplimiento ante el juzgado de policía local.
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Las solicitudes de regularización de dominio en trámite conforme al decreto ley N° 2.695 al publicarse la ley N° 21.477 no se rigen por sus modificaciones, pues su artículo primero transitorio solo alcanza a asentamientos irregulares de la ley N° 20.234. El Ministerio debe tramitarlas según las normas vigentes al 10 de agosto de 2022.
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La Contraloría concluye que se ajustó a derecho el no pago del certificado de subsidio habitacional, pues el beneficiario contrajo matrimonio con una persona propietaria de una vivienda antes de firmar la escritura de compraventa, configurando el impedimento legal vigente.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que no procede otorgar subsidios habitacionales adicionales para mayores gastos generales por aumentos de plazo COVID-19, pues las normas invocadas regulan anticipos y no esta materia, y la resolución exenta N° 1.558 exige paralización dispuesta por autoridad sanitaria o MINVU, lo que no ocurrió.
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La Contraloría concluye que no existe impedimento jurídico para que la Municipalidad de Puerto Montt, actuando como Entidad Patrocinante, utilice la modalidad de "Concurso Oferta", siempre que se ajuste a la normativa aplicable y al convenio marco con la SEREMI.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, procede pagar el subsidio aunque falte la recepción municipal definitiva, si el SERVIU acredita que la vivienda estaba terminada y el incendio forestal constituyó caso fortuito.
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La Contraloría concluye que el municipio puede vender departamentos bajo el avalúo fiscal porque el concejo lo autorizó y se cumplió la normativa, pero debe evitar perjuicios patrimoniales; sobre la lesión enorme, se abstiene por ser materia de tribunales.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica los reglamentos del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y del Programa de Integración Social y Territorial, con alcances: la referencia al "Párrafo VII" debe entenderse al párrafo VI, y los requisitos de ingreso aluden a la incorporación al sistema informático.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de La Serena no puede transferir gratuitamente un inmueble municipal al SERVIU para un proyecto habitacional destinado a los integrantes de su Asociación de Funcionarios Municipales, pues no existe ley que la faculte para beneficiar a sus propios funcionarios.
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La Contraloría concluye que la negativa de la Subsecretaría de Vivienda a otorgar subsidios adicionales por mayores gastos generales del proyecto "CNT Entre Sueños" se ajusta a derecho, pues la resolución exenta N° 1.558 y la circular N° 22 exigen que la paralización de faenas haya sido dispuesta por la autoridad sanitaria o el Minvu, lo que no ocurrió.
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La Contraloría no puede pronunciarse aún sobre la exigencia de urbanizar para el permiso de edificación, porque persiste la situación irregular del sector sin regularizar. Ordena al municipio y a la SEREMI de Coquimbo cumplir el dictamen E316716 de 2023 e informar en 10 días hábiles.
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La Contraloría concluye que, ante la diversidad de títulos de ingeniería, corresponde a los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda definir fundadamente qué títulos habilitan para inscribirse en las especialidades de Ingeniería Civil, analizando mallas curriculares y proyectos, sin reparos a lo informado.
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La Contraloría mantiene lo concluido en el dictamen E371869 de 2023, al no aportarse antecedentes que lo desvirtúen, y remite copia de las presentaciones a la II Contraloría Regional Metropolitana para verificar que el uso de los recursos en los Condominios San Saturnino se ajuste a la normativa.
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La Contraloría toma razón de la resolución que transfiere recursos al SERVIU de Valparaíso para el proyecto Manuel Bustos, con alcances: los actos del SERVIU deben someterse a toma de razón si corresponde, los recursos solo financian gastos directos y deben restituirse los saldos no ejecutados, y el ministerio debe detallar en la parte resolutiva las acciones, plazos y gastos financiables.
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La Contraloría concluye que las municipalidades sí pueden actuar como Entidades Desarrolladoras en el Programa de Integración Social y Territorial, por enmarcarse en la construcción de viviendas sociales, pero solo si los proyectos reciben subsidio estatal.
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La Contraloría concluye que no procede otorgar subsidios adicionales para mayores gastos generales por COVID-19, pues los proyectos no fueron paralizados por orden de la autoridad sanitaria o del MINVU, condición exigida por la normativa. Además, el SERVIU debe responder oportunamente las peticiones.
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La Contraloría concluye que, tratándose de lotes de equipamiento y áreas verdes en loteos declarados irregulares, el SERVIU puede solicitar directamente al delegado presidencial provincial el auxilio de la fuerza pública para restituciones administrativas, aplicando como norma especial el artículo 4º de la ley Nº 16.741.