Contraloría General de la República
Urbanismo y Vivienda
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Urbanismo y Vivienda, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Urbanismo y Vivienda, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Urbanismo y ViviendaTemas de Urbanismo y Vivienda
Pronunciamientos
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La Contraloría no da curso a la resolución que promulga la modificación MPRMS N° 104 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por observaciones de fondo y forma, como la falta de fundamento en declaraciones de utilidad pública y respuestas municipales inconsistentes.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para un terreno en Puente Alto, con alcances sobre la terminología de estacionamientos y la obligación de comunicar ajustes no sustanciales al Ministerio del Medio Ambiente.
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La Contraloría tomó razón del decreto que moderniza la OGUC para agilizar la reconstrucción, tras subsanarse las observaciones formuladas, precisando que las Direcciones de Obras solo verifican la suscripción del estudio de riesgos por profesionales especialistas, sin evaluar su mérito técnico.
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La Contraloría determina qué órgano aprueba los estudios fundados exigidos para edificar en el área de riesgo "Sector A.R." de Viña del Mar, contaminada por hidrocarburos. Concluye que, por tratarse de un riesgo para la salud, corresponde a la Seremi de Salud aprobarlos y verificar las medidas de mitigación.
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La Contraloría concluye que el proyecto "Los Cipreses VI" no asignó una cantidad equitativa de estacionamientos a las familias vulnerables, incumpliendo la regulación del llamado. Ordena instruir un procedimiento disciplinario y adoptar medidas para asegurar el cumplimiento futuro.
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Las solicitudes de saneamiento del decreto ley N° 2.695 pendientes al publicarse la ley N° 21.477 no se rigen por las nuevas exigencias urbanísticas de esta, salvo que los predios estén en asentamientos irregulares de la ley N° 20.234, caso en que sí se aplican.
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La Contraloría confirma que el SERVIU no puede exigir un proyecto de accesibilidad universal para revisar pavimentaciones derivadas de un IMIV, aunque debe verificar el cumplimiento de la OGUC; además, la DOM fiscaliza la accesibilidad desde el inicio de las obras.
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La Contraloría revisa un recurso extraordinario de revisión contra oficios que no objetaron la recepción definitiva de un edificio en San Joaquín. Concluye que no se configura ninguna causal legal y desestima el recurso, al reiterar el recurrente antecedentes ya considerados.
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La Contraloría concluye que el oficio N° 326 de la SECON es jurídicamente válido, pues las exigencias de información y vinculación de condominios se sustentan en la ley N° 21.442 y el reglamento del RNAC, por lo que rechaza las reclamaciones.
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La Contraloría concluye que, por seguridad y certeza jurídica y aplicando una excepción a la regla general, procede permitir construir la vivienda del propietario en predios emplazados en el Área de Preservación Ecológica, debido a los certificados favorables emitidos al inicio del proyecto.
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La Contraloría concluye que la exclusión de los funcionarios fue correcta, pues el llamado especial exigía un convenio entre el empleador y la asociación gremial, requisito que no se cumplió. No procede acoger la reclamación.
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La Contraloría concluye que la selección de familias del proyecto La Platina se ajustó al procedimiento del SERVIU Metropolitano, sin intervención decisoria del municipio, y no advierte irregularidades en la actuación municipal denunciada.
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El municipio no tiene atribución permanente para ejecutar proyectos habitacionales como el planteado; solo puede hacerlo temporalmente mediante asociación con el SERVIU conforme a la Glosa 07 de la ley N° 21.796, mientras esta esté vigente.
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El artículo 140 permite a la DOM autorizar subdivisiones sin urbanización como régimen de excepción reglado, no discrecional: cumplidos los requisitos, debe aplicarlo. Concluye que la DOM y la SEREMI deben ajustarse a ese criterio.
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La Contraloría concluye que las modificaciones al Plan Regulador Comunal deben seguir el procedimiento de participación ciudadana de la LGUC, sin perjuicio de la facultad municipal de plebiscito del artículo 99, que no puede vulnerar dicha normativa.
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La Contraloría concluye que el artículo 68 de la ley N° 21.442 permite a las municipalidades destinar recursos y ejecutar programas de mantenimiento en áreas verdes de condominios sociales, pero solo como apoyo complementario y temporal, no permanente ni indefinido, pues la mantención corresponde por regla general a los copropietarios.
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La Contraloría aclara que corresponde a la División de Desarrollo Urbano definir las profesiones idóneas para suscribir estudios de riesgo por fallas geológicas, y que el criterio del dictamen anterior solo rige para ese riesgo, no para otros. Debe informar en 20 días.
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La Contraloría concluye que el SERVIU y la Municipalidad deben determinar fundadamente si las obras reclamadas son adicionales y si procede pedir subsidios adicionales al MINVU; rechaza el pago por baja de rendimiento y gastos Covid-19.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba normas urbanísticas especiales para terrenos en Arica, mediante el mecanismo de habilitación normativa de la ley N° 21.450, precisando que la remisión del resuelvo N° 5 debe entenderse al visto N° 34.
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El Plan Seccional Topater solo permite en las zonas ZM1, ZE2 y ZE3 ciertas actividades de salud, por lo que los cementerios no están admitidos. No procede usar el artículo 46 de la LGUC, sino la habilitación normativa excepcional de los artículos 92 a 99.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica los planes reguladores de Santiago por la Ley N° 21.636, por observaciones sobre el predio, coeficientes, plano, publicidad e inscripciones faltantes.
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La Contraloría concluye que la modificación del PREMVAL se aplica a solicitudes de permiso y subdivisión ingresadas después de su vigencia, aunque los informes favorables del SAG y SEREMI sean anteriores, por lo que rechaza las reclamaciones.
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La Contraloría concluye que la actualización del Plan Regulador de Pedro Aguirre Cerda es válida pese a omitir el envío de cartas certificadas, pues la información se difundió por otros medios sin perjuicio para los interesados. No obstante, ordena al municipio ajustar la zona ZR8 que se superpone al área de alto riesgo.
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La Contraloría concluye que la recepción parcial de un loteo exige ceder proporcionalmente el terreno para equipamiento libre de gravámenes, por lo que no procede postergar esa cesión a etapas posteriores.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la SEREMI y mantiene que su plano interpretativo modificó indebidamente el PRMS al exceder el área industrial y desplazar la vía Los Acacios. Ordena corregir la actuación en 20 días y que Conchalí adecúe su PRC al PRMS.
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La Contraloría concluye que la estación de servicio es equipamiento de comercio y que el Plan Regulador Metropolitano no lo permite en el Área de Interés Agropecuario Exclusivo, por lo que rechaza la reclamación y valida el informe desfavorable de la SEREMI.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materia de urbanizaciones voluntarias, con el alcance de que la referencia al numeral 3 del artículo 7.2.3 debe entenderse hecha a su antepenúltimo párrafo.
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La Contraloría concluye que no procede autorizar el cierre de la calle Virginia Opazo, declarada Zona Típica, pues la ley prohíbe cerrar calles con carácter patrimonial y la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales no puede modificar esa norma legal.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances: corrige la ubicación del predio y ordena verificar la garantía de urbanización antes de firmar la escritura.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances sobre la ubicación del predio, el nombre completo de la calle y la zona urbana señalada.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble en Magallanes al Serviu, con alcances: debe corregirse la individualización de la calle, el número de viviendas proyectadas y el certificado citado.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la transferencia gratuita de dos inmuebles fiscales urbanos al Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, con alcances: las menciones del título y varios numerales deben entenderse referidas a ambos inmuebles, y el proyecto debe vincularse al llamado de la resolución exenta N° 1.259, de 2024.
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La Contraloría concluye que la DOM de Peñaflor actuó correctamente al rechazar la subdivisión, pues el predio no accede a un espacio de uso público sino a un camino privado, incumpliendo el artículo 68 de la LGUC y la Ordenanza.
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La Contraloría concluye que el SERVIU del Biobío debe pagar el certificado de subsidio habitacional para construcción en sitio propio, pues la causal de no pago invocada no está prevista para esa modalidad y es de interpretación restrictiva.
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El uso del Palacio de La Moneda como residencia presidencial y para oficios religiosos se ajusta a su destinación y uso histórico, sin reproches. Contraloría pide a la Dirección Administrativa de la Presidencia actualizar la regulación interna de ambos palacios para ordenar sus diversos usos.
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El permiso de obra menor para ampliar viviendas de hasta 520 UF se rige por el artículo 166 de la LGUC, aunque la OGUC no lo mencione expresamente. Contraloría rechaza el reclamo, pero ordena a la DOM certificar el valor de la construcción.
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La Contraloría concluye que la ampliación del Edificio de Control de la Plaza de Peaje Nueva Angostura, por ser obra de infraestructura de transporte ejecutada por el Estado vía concesión, no requiere permiso de edificación ni recepción definitiva municipal, sin perjuicio de cumplir la normativa aplicable.
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La Contraloría concluye que la SEREMI no puede exigir que las asignaturas de mecánica estén enfocadas a maquinaria ni directamente a ascensores, pues ese requisito no está en el reglamento; debe reevaluar la solicitud de Certificación CVS SpA conforme a la norma.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los sitios de un condominio tipo B son predios independientes, por lo que un apart hotel puede emplazarse en un sitio distinto al de las viviendas económicas, sin que se apliquen las limitaciones del artículo 165 de la LGUC.
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El dictamen concluye que los arrendatarios y allegados afectados por los incendios de 2024 son damnificados para efectos habitacionales, y que el MINVU ya dispuso medidas especiales para atenderlos, ejerciendo fundadamente sus facultades.
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La Contraloría concluye que el SERVIU de Ñuble se equivocó al exigir a la Municipalidad de Bulnes licitar la contratación de la constructora conforme a la ley N° 19.886, pues el municipio no es parte del contrato de construcción ni debe condicionar la admisibilidad de los proyectos a esa ley.
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El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, por su carácter penitenciario, está exceptuado de permisos, inspecciones y recepción de obras municipales según el artículo 116 de la LGUC. Contraloría concluye que no requiere recepción definitiva de obras.
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La Contraloría concluye que no se acoge el reclamo: la subdivisión afecta a utilidad pública no está perfeccionada mientras la DOM no recepcione las obras de urbanización, lo que impide dividir los lotes. La garantía del artículo 136 solo permite ventas y adjudicaciones, no extenderla a otros casos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba los formatos tipo de convenios de transferencia de recursos del Programa Asentamientos Precarios, por ajustarse a derecho, con alcances: adecuar el numeral 8° de la cláusula séptima del formato de asistencia técnica y social y corregir una cita.
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La Contraloría concluye que en las comunidades agrícolas los permisos de edificación deben solicitarlos su Directorio —y también el comunero con goce singular—, que la cesión de terrenos se calcula sobre la superficie total del predio y que el artículo 55 de la LGUC permite autorizar viviendas de los comuneros bajo ciertas condiciones.
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La Contraloría no da curso al instrumento que modifica el decreto N° 112, de 2014, porque su artículo único N° 1 se aparta de la Política Nacional de Parques Urbanos, y ordena al Ministerio aclarar y justificar esa divergencia y ajustar los artículos 6 y 10.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen que exige rasantes y distanciamientos a edificaciones aisladas en condominios tipo B, pero limita sus efectos en el tiempo para no afectar permisos previos de buena fe.
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La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba el Reglamento del Programa de Financiamiento de Estudios Preliminares y Adquisición de Terrenos de los Servicios Regionales de Vivienda, por dos observaciones: precisar si los terrenos deben cumplir el requisito de deslinde con vías del Reglamento del Fondo Solidario, y porque el artículo 6° letra b) carece de sustento normativo para excepcionar la regla de localización de la LGS.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, por ajustarse a derecho, aunque recuerda que las enmendaduras del texto deben ser visadas por el ministro de fe, lo que no ocurrió.
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La Contraloría concluye que la SEREMI debe reevaluar la solicitud del recurrente, pues su malla curricular podría cumplir el requisito alternativo de "otros profesionales" del artículo 10, y que la exigencia de asignaturas enfocadas en maquinaria carece de sustento normativo.