Contraloría General de la República · Compras Públicas (Ley 19.886)
Contratos de Servicios y Suministro
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Contratos de Servicios y Suministro, del más reciente al más antiguo. Página 7.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Compras Públicas (Ley 19.886), que incluye Contratos de Servicios y Suministro, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Compras Públicas (Ley 19.886)Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Importadora y Exportadora Realtone Limitada para ayudas técnicas auditivas, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo con Oxígeno Medicinal Domiciliario Ltda., pues se ajusta a derecho, pero precisa que la causal invocada es la del artículo 10 N° 7 letra f) del reglamento, no la de urgencia o emergencia.
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La Contraloría observa que el contrato de implantes oculares condiciona el cobro de multas a la inexistencia de recursos pendientes, lo que requiere petición fundada del interesado, y que faltó precisar el monto imputado a 2023 y la disponibilidad presupuestaria futura. Concluye que el hospital debe considerar estas prevenciones en lo sucesivo y durante la ejecución contractual.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba modificaciones a los formatos tipo de bases y contrato del programa de microfinanciamiento del FOSIS, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la declaración de otros convenios vigentes debe individualizarlos completamente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación privada de pistolas, al ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que la empresa adjudicada no tenga las inhabilidades del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de agencia de viajes, con el alcance de que la cláusula sobre notificaciones por carta certificada debe ajustarse al artículo 46 de la ley N° 19.880.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de arriendo de 150 vehículos para Carabineros, con alcances sobre el cómputo del plazo de pago, la multa por revisión técnica y la garantía, e instruye terminar anticipadamente el contrato en el caso previsto en la ley de Delitos Económicos.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza y autoriza el pago y la contratación directa del servicio de transporte marítimo en Isla Santa María-Lota, pero observa que se dictó con evidente retraso y ordena que, en lo sucesivo, esas contrataciones se liciten oportunamente.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Entel para continuidad de servicios de telecomunicaciones, con el alcance de que la negativa infundada del contratista a suscribir ciertos acuerdos configura incumplimiento grave que habilita la terminación anticipada del contrato.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales y CONIN, al ajustarse a derecho, con el alcance de que regulariza prestaciones iniciadas antes de su suscripción.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba una enmienda al contrato N°25/2019, por ajustarse a derecho, con el alcance de que dicho acto está afecto a toma de razón y no exento como indica su título.
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La Contraloría toma razón de la resolución que regulariza y aprueba el convenio de arriendo de maquinaria, precisando que su ejecución y pago se rigen por la ley N° 19.886 y no por el reglamento de obras públicas, y que las multas no se descuentan de las facturas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases y el contrato para licitar cinturones tácticos, con alcances: aclarar en el Sistema de Compras la vigencia de la garantía y el plazo de suscripción, y precisar el pago en entregas parciales.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos de una licitación privada, con alcances: el pago procede por especies recepcionadas aun ante fuerza mayor, y el plazo de las ofertas corre desde la apertura física de los sobres.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba el contrato con Entel por faltar la autorización previa del artículo 12 de la ley N° 21.516 y por otras omisiones y errores en sus cláusulas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la contratación de un sistema de trazabilidad fiscal, por ajustarse a derecho, con el alcance de que deberá ponerse término anticipado al contrato si se produce la situación prevista en el artículo 33 de la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Ortho-Clinical Diagnostics Chile SpA, con alcances: debe preverse el término anticipado en el caso del artículo 33 de la ley N° 21.595, la vigencia corre desde la total tramitación del acto y debe renovarse la garantía antes de su vencimiento.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación del servicio de textos escolares 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la Subsecretaría verifique que las adjudicadas no hayan sido condenadas por delitos económicos (ley N° 21.595) y ponga término anticipado al contrato si se configura la situación del artículo 33.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de alimentación del Hospital Dipreca, con alcances: deberá ponerse término anticipado al contrato si se configura la situación del artículo 33 de la ley N° 21.595, los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria, y se advierte un error en el monto numérico de la garantía.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo entre MSLI Latam Inc. y la Dirección de Presupuestos para licencias de software, con alcances: terminar anticipadamente el contrato si se configura la situación del artículo 33 de la ley N° 21.595, entender regularizados los servicios prestados desde el 1 de octubre de 2023 y precisar que no hay pago anticipado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Claro Chile SpA, por ajustarse a derecho, con alcances: los pagos futuros requieren disponibilidad presupuestaria y la fecha de la garantía debe entenderse referida a 2023.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de vehículos para Carabineros, con alcances: antes de firmar el contrato, la institución debe verificar que el contratista no tenga prohibiciones para contratar y estipular la terminación anticipada en el caso legal previsto.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de monitoreo de calidad del aire en Concón, Quintero y Puchuncaví, por ajustarse a derecho, con alcances: podrán aplicarse multas por deficiencias técnicas aunque se omitieron en el contrato, y se precisan causales de término anticipado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de suministro de combustible de aviación, con alcances: se pagará solo lo efectivamente entregado, sin superar el monto máximo, y los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría analiza si la JUNAEB puede compensar obligaciones recíprocas de distintos contratos con empresas de alimentación escolar. Concluye que no puede hacerlo, pues la compensación en derecho público requiere habilitación legal expresa, inexistente en este caso.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la modificación del contrato de guardias privados del edificio Moneda Bicentenario, por ajustarse a derecho, con el alcance de que existe un error en el correlativo de sus cláusulas (se repiten la cuarta y la quinta).
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo para adquirir 5 vehículos blindados, con alcances: la suspensión de la sanción requiere petición fundada del interesado y debe preverse el término anticipado del contrato en el caso del artículo 33 de la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de digitalización, impresión y fotocopiado con DIMACOFI S.A., por ajustarse a derecho, con el alcance de que deberá ponerse término anticipado al contrato si se produce la situación del artículo 33 de la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el contrato de consultoría para el Banco Integrado de Inversión Pública, con alcances: el ministerio debe verificar que la empresa no esté condenada por delitos económicos y el plazo de pago se cuenta desde la recepción de la factura, no desde la recepción conforme.
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La Contraloría concluye que JUNAEB pagó correctamente dentro del plazo de 30 días desde la recepción de las facturas, conforme a los contratos, y que no existe norma que obligue a reajustar los precios por el inicio anticipado de los servicios; desestima la solicitud.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo para adquirir el medio de canje de vestuario de la PDI, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la institución debe verificar que al contratista no le afecte la inhabilidad del artículo 33 de la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato por trato directo para adquirir un vehículo, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que la Dirección debe verificar que la empresa proveedora no esté inhabilitada para contratar por condena según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de telecomunicaciones, con alcances: el ministerio debe verificar que la empresa no haya sido condenada por delitos económicos y el plazo de pago se cuenta desde la recepción de la factura, no desde su aceptación.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un contrato de adquisición de vehículos, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que la empresa contratada no haya sido condenada por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de un helicóptero para Carabineros, al ajustarse a derecho, con el alcance de que Carabineros debe verificar que la empresa adjudicada no esté inhabilitada por la ley N° 21.595.
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El tema principal es si JUNAEB calculó correctamente el incumplimiento de la dotación mínima de manipuladoras de alimentos al aplicar multas. Contraloría concluye que la dotación se fija por cada establecimiento educacional o RBD, no por unidad territorial, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que solo doña Carmen Mora Mora mantenía un vínculo vigente con el ISL, por lo que este debe regularizar su situación designándola conforme a la ley N° 18.834 e informar en 60 días; respecto de los demás requirentes, no existía obligación de regularizar y es procedente contratar servicios con empresas externas mediante licitación, con las salvedades del dictamen N° E378918.
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La Contraloría concluye que el Ejército actuó conforme a las bases al terminar anticipadamente el contrato, cobrar las garantías y no pagar los avances, porque la empresa incumplió la entrega de los módulos.
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La Contraloría concluye que la Empresa Portuaria Valparaíso, aunque se rija por el derecho privado, sigue siendo parte de la Administración del Estado y no puede incluir cláusulas que limiten la responsabilidad del proveedor, salvo autorización legal expresa.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó correctamente al calcular las multas por atraso usando días corridos, pues las bases solo permiten días hábiles si se señala expresamente, lo que no ocurre. Rechaza el reclamo del proveedor.
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La Contraloría concluye que la multa por atraso debe calcularse solo sobre el valor de los productos entregados fuera de plazo, no sobre el total de la orden de compra, por lo que Carabineros debe recalcularla y devolver el exceso pagado.
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La Contraloría revisa el cumplimiento del dictamen N° E245586, de 2022, sobre fuero maternal y la contratación de prestaciones médicas del ISL. Concluye que la situación de las recurrentes está superada y que las contrataciones se están ajustando a la ley, recordando que solo excepcionalmente y por razones fundadas pueden celebrarse convenios con prestadores distintos a hospitales y clínicas.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el contrato para adquirir el sistema de identificación balística Ibis Trax, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la cláusula décimo novena no puede restringir las facultades de la Administración ni impedir el ejercicio de acciones por perjuicios imputables a la empresa contratada.
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La Contraloría toma razón de la resolución que regulariza y aprueba un contrato con ENAER, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la interpretación de cláusulas de pasajes y viáticos y una referencia errónea.
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El ISL no puede contratar mediante la ley N° 19.886 a personas naturales que prestan servicios de salud de la ley N° 16.744, pues esas labores deben cubrirse con personal de planta o a contrata. Contraloría ordena regularizar la situación de los peticionarios en 60 días.
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La Fuerza Aérea, como organismo público afecto a la ley N° 19.886, debe pagar sus facturas dentro del plazo legal o el pactado, y si no lo hace debe pagar intereses y comisiones de la ley N° 19.983 y asumir responsabilidad administrativa.
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La Contraloría concluye que, al no acreditarse que las 11 horas se contrataron bajo compra de servicios, deben entenderse a honorarios y, por excepción, reconoce el fuero maternal, ordenando reintegro y pago de honorarios adeudados.
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La Contraloría revisó los reclamos sobre la licitación de la Subsecretaría de Educación y concluyó que el adjudicatario sí cumplió los requisitos de las bases y que el acta de evaluación está fundada, por lo que desestima todos los reclamos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba las bases técnicas y administrativas de la licitación, con alcances: precisa el sentido de cláusulas sobre término de contrato, fija en 25 los buses a suministrar y corrige el período de acreditación de experiencia del fabricante.
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El ISL contrató bajo la ley N° 19.886 a personas naturales para prestar servicios de salud que debían cubrirse con personal de planta o a contrata, lo que no corresponde. Contraloría concluye que debe regularizar la situación de los peticionarios si aún mantienen el vínculo contractual.