Contraloría General de la República
Medio Ambiente y Regulación Sectorial
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Medio Ambiente y Regulación Sectorial, del más reciente al más antiguo. Página 15.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Medio Ambiente y Regulación Sectorial, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Medio Ambiente y Regulación SectorialTemas de Medio Ambiente y Regulación Sectorial
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón del documento que amplía las concesiones de agua potable y aguas servidas indicadas, pero hace presente que el acto público aludido se realizó telemáticamente por la Alerta Sanitaria, y no como señala su considerando c).
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La Contraloría toma razón del documento que amplía las concesiones de agua potable y aguas servidas, pero hace presente que el acto público se realizó de forma telemática por la alerta sanitaria, y no como indica su considerando c).
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica a la Provincia de Curicó, aunque observa que se omitió consignar que dos resoluciones citadas están exentas de toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica a Calera de Tango, con alcances: corrige las referencias erróneas a los antecedentes y a la solicitud del Director General de Aguas, y observa que dos resoluciones citadas están exentas de toma de razón.
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La Contraloría toma razón del acto que declara zona de escasez hídrica en cinco provincias de Valparaíso y deroga el decreto N° 66, de 2022, con el alcance de que se omitió consignar que dos resoluciones de la Dirección General de Aguas están exentas de toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica a la Comuna de Paine, pero observa que se omitió consignar que las resoluciones de la Dirección General de Aguas citadas están exentas de toma de razón.
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La Contraloría concluye que corresponde a la Subsecretaría de Pesca evaluar si el proyecto generó efectos adversos en la AMERB, al formar parte del informe de seguimiento del plan de manejo, y no al SERNAPESCA; por ello, reconsidera la instrucción impartida a este último.
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La Contraloría rechaza que el Subsecretario de Telecomunicaciones fije por resolución exenta la estructura orgánica de SUBTEL, pues eso invade la potestad reglamentaria del Presidente. Concluye desestimando la reconsideración y ordena regular la materia mediante reglamento en 90 días hábiles.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga la concesión de radiodifusión FM en Vicuña, precisando que las coordenadas de la etapa transmisora son 30°02'03'' latitud sur y 70°42'49'' longitud oeste, y no las del acápite sobre características técnicas del radioenlace.
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La Contraloría toma razón del decreto que amplía las concesiones de agua potable y aguas servidas a ESSBIO S.A., precisando que las resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios citadas en sus Vistos están exentas de toma de razón, lo que se omitió consignar.
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La Contraloría toma razón del documento que llama a licitación para concesionar la operación de establecimientos de revisión técnica en Atacama, por ajustarse a derecho, aunque hace presente errores en la identificación de las resoluciones y el oficio citados.
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La Contraloría aclara que la redistribución de aguas del artículo 314 del Código de Aguas se hace según la disponibilidad total de la cuenca y los derechos de todos sus usuarios, incluidos los subterráneos, sin que el seccionamiento limite esa facultad de la DGA.
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La Contraloría concluye que la Dirección General de Aguas debe resolver a la brevedad los recursos pendientes del procedimiento sancionatorio, por la excesiva demora, e informar en 10 días.
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La Contraloría autoriza al Gobierno Regional de Coquimbo a recibir y administrar, bajo el sistema de "Administración de Fondos", el aporte de Minera Los Pelambres para un proyecto sanitario en Caimanes, pues no constituyen ingresos propios y solo se pagarán por cuenta de un tercero.
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La Contraloría concluye que Sernapesca actuó ajustado a derecho al aplicar excepcionalmente la certificación remota de desembarques, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que el permiso se adjudicó conforme a la regla de desempate del artículo 18 (mejor interés público, con zona de baño y salvavidas), aunque la Capitanía omitió fundamentar el acto y debe corregir las bases futuras.
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La Contraloría concluye que, aunque el plazo de seis meses para declarar humedales urbanos no puede prorrogarse, el Ministerio del Medio Ambiente se vio excepcionalmente impedido de cumplirlo por el brote de COVID-19, actuando como caso fortuito.
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La Contraloría concluye que la CONAF tiene facultades legales para aprobar y objetar planes de manejo, incluyendo medidas de prevención de incendios, y que la pauta cuestionada no impone limitaciones indebidas al dominio, pues contempla excepciones según las particularidades de cada predio.
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La Contraloría concluye que la resolución que caducó la concesión de acuicultura fue tomada de razón por ajustarse a derecho, y que no le compete dejar sin efecto ese trámite ni pronunciarse sobre la resolución que rechazó los recursos.
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La Contraloría concluye que el nombramiento de Lilian Troncoso como Directora Zonal de Pesca y Acuicultura de Ñuble y Biobío se hizo antes de cumplirse el año de inhabilidad tras cesar en un Comité Científico Técnico, por lo que SUBPESCA debe invalidarlo.
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La Contraloría concluye que son legales la resolución que reconoció el humedal urbano y el decreto que declaró el santuario de la naturaleza, desestimando las impugnaciones de los recurrentes y remitiendo las controversias sobre derechos de aguas a la DGA.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga la concesión eléctrica definitiva, precisando que esta corresponde al proyecto "Tramo de Línea de Transmisión de 2x220 Kv SE El Almendro – SE Papelera Inforsa", y no a lo indicado en la tabla del artículo 1º y el inciso segundo del artículo 8°.
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La Contraloría concluye que fue improcedente que la Subsecretaría de Transportes descontara el subsidio al adulto mayor sin seguir el procedimiento establecido, por lo que debe regularizar los pagos retenidos; además, la rebaja tarifaria también aplica a servicios rurales que excedan los límites de una provincia.
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La Contraloría toma razón del decreto que amplía las concesiones de agua potable y aguas servidas de ECONSSA Chile S.A. en Punta Mira, La Serena, precisando que el decreto N° 153 de 2016 fue rectificado por el decreto N° 112 de 2017.
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La Contraloría no dio curso al decreto que otorga una concesión de radiodifusión sonora en FM en Colbún a Alexis Arrieta Godoy Telecomunicaciones E.I.R.L., porque el reparo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue notificado dos veces y se requiere explicar los plazos y sus consecuencias.
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La Contraloría toma razón del instrumento que rectifica el decreto que fija las empresas adjudicatarias de obras de ampliación de transmisión, aunque hace presente que esas obras corresponden a los planes de expansión de 2017, 2018 y 2019, no a los indicados en su considerando 2.
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La Contraloría concluye que la SEREMI de Vivienda se ajustó a derecho al aprobar el proyecto, pues aunque la infraestructura energética está siempre admitida en área rural, ello no exime el cumplimiento de la declaratoria de utilidad pública del Parque Estero Las Cruces-Lampa.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga a Red Eléctrica del Norte 2 S.A. la concesión definitiva para el proyecto de transmisión "Línea 1x220 Kv Encuentro - Centinela", en Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica el decreto N° 122 de 1991, sobre requisitos de vehículos de locomoción colectiva urbana, con el alcance de que el Ministerio debe mantener en su sitio electrónico, disponible al público, las normas referidas en el nuevo artículo 7 bis.
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La Contraloría no dio curso al documento que otorga a Empresa Eléctrica de Aisén S.A. la concesión definitiva de distribución eléctrica en Chile Chico, porque no consta que la empresa tenga giro exclusivo de distribución, como exige el artículo 8 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que declara zona de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas en el sector Laguna Lagunillas, con el alcance de que las vegas y bofedales ya están prohibidos por el Código de Aguas.
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La Contraloría concluye que el Ministerio del Medio Ambiente sí debe colaborar con el Consejo de Defensa del Estado en la avaluación económica de daños ambientales declarados por sentencia firme, por el deber de coordinación administrativa.
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El CNTV integra la Administración del Estado y está sujeto al control de legalidad de la Contraloría, por lo que debe entregar la información que se le solicite para planificar auditorías; su autonomía no lo exime de ese control.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga la concesión definitiva del proyecto de transmisión eléctrica Parque Solar Fotovoltaico Tamarico, en Atacama, con el alcance de que la inscripción de dominio del predio ID 28 está mal singularizada en la tabla del artículo 7°.
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La DGA no está obligada a constituir un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por el solo permiso de exploración, pues debe verificar los requisitos legales. Tampoco procede una consulta indígena en esos procedimientos reglados, salvo ante el MBN por la ocupación de predios fiscales en un ADI.
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La Contraloría concluye que la creación del "Fondo de Agua de Santiago" por el Gobierno Regional Metropolitano se ajustó a derecho, al ser una corporación privada sin fines de lucro constituida dentro de sus competencias para fines de desarrollo regional.
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La Contraloría concluye que el Registro Civil no debe incluir datos del Registro Nacional de Prófugos en los certificados de antecedentes de conductores, pues la ley no lo permite y esa información es de acceso restringido; solo debe facilitar el acceso a las unidades municipales de tránsito para que cumplan la suspensión de licencias.
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La Contraloría concluye que la DOH actuó dentro de su competencia al calificar como red primaria los colectores de 700 mm o más y los estanques del proyecto, por cuanto modifican el plan maestro; sin perjuicio de lo cual deberá actualizar dicho instrumento si existen razones técnicas.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la legalidad del oficio N° 637 y las circulares del SAG, porque esos actos están sometidos a recursos de protección pendientes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y no le corresponde intervenir en asuntos judicializados.
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La Contraloría toma razón del instrumento que otorga a Boomerangip S.A. una concesión de servicio público de transmisión de datos, precisando que la normativa citada en sus vistos es la resolución exenta N° 517, de 2001, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y no la individualizada.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga a la empresa indicada una concesión de servicio público de transmisión de datos, formulando solo un alcance formal por un error en la numeración de sus páginas.
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La Contraloría concluye que la circular que limita la postergación de permisos al plazo de seis meses del Ministerio del Medio Ambiente es incorrecta: el municipio puede postergar hasta doce meses, y la Subsecretaría debe adecuar la circular a ese criterio.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Colina no puede cobrar derechos municipales por la ocupación del espacio aéreo para tendido de líneas aéreas de telecomunicaciones, pues los artículos invocados no la habilitan para ello.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba las bases específicas del concurso “Conectividad para la Educación 2030”, con alcances: corrige referencias erróneas sobre la fecha y decreto de la modificación del convenio de transferencia, el monto único de subsidio y el número del oficio circular.
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica a Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, haciendo presente que dicha declaración se rige íntegramente por el Código de Aguas.
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica a la Región de Coquimbo, haciendo presente que dicha declaración se rige íntegramente por las disposiciones del Código de Aguas, incorporadas solo parcialmente en el documento.
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La Contraloría toma razón del decreto que declara zona de escasez hídrica en las provincias de Ranco y Valdivia, pero hace presente que dicha declaración se rige íntegramente por las disposiciones del Código de Aguas, incorporadas solo parcialmente en el documento.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Defensa no puede eximir del pago de rentas o tarifas de concesiones marítimas por la pandemia, pues requiere ley expresa; pero, excepcionalmente, puede ponderar no caducarlas por atraso si este deriva de la emergencia sanitaria, sin liberar del pago.
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La Contraloría concluye que, como excepción práctica, los municipios deben pedir a Carabineros la información de su Sistema de Automatización de Unidades Policiales para verificar si el postulante a licencia fue sorprendido consumiendo alcohol o ebrio en la vía pública en los últimos doce meses.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza la prestación del servicio de transporte marítimo en Aysén, autoriza la contratación directa y aprueba el contrato, pero observa que en lo sucesivo esas contrataciones deben licitarse oportunamente y precisa el monto de otras contraprestaciones.