Contraloría General de la República · Organización y Procedimiento Administrativo
Órganos, Atribuciones y Delegación
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Órganos, Atribuciones y Delegación, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, que incluye Órganos, Atribuciones y Delegación, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoPronunciamientos
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La Contraloría concluye que la DIRECTEMAR tiene facultades exclusivas como policía marítima para fijar medidas técnicas de seguridad portuaria y de practicaje, sin que ella pueda revisar su mérito; y que la EPV, aunque administra el puerto, no es "autoridad portuaria", debiendo coordinarse con la DIRECTEMAR.
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La Contraloría concluye que la Subpesca debe resolver, mediante un acto formal y fundado, las solicitudes de modificación de proyectos técnicos de concesiones de acuicultura, sin postergarlas indefinidamente por trámites internos ni por la espera de una prórroga de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
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La Contraloría concluye que la SUSESO puede usar todos los elementos interpretativos del derecho, incluidos el espíritu del legislador y los principios generales, para aplicar la normativa de seguridad social a casos no previstos expresamente, analizando cada situación particular.
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La Contraloría concluye que no le corresponde interpretar el artículo 25 A de la Ley N° 19.496 sobre indemnización automática por cortes de servicios sanitarios, pues esa tarea y las denuncias corresponden a los tribunales y al SERNAC, cuyas interpretaciones solo obligan a sus funcionarios; por ello se abstiene de emitir el dictamen solicitado.
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La Contraloría concluye que no le corresponde evaluar ni implementar medidas de apoyo a consultoras afectadas por quiebras de contratistas, pues ello es competencia de la Administración activa, la que ya respondió al interesado.
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La Contraloría concluye que el Consejo para la Transparencia se ajustó a derecho al declarar de exclusiva confianza sus cargos directivos, pues no integran el Sistema de Alta Dirección Pública y el Código del Trabajo permite esa calidad.
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La Contraloría concluye que el Director General de la DICREP no puede condonar los intereses y derechos anexos devengados durante la retención cautelar, pues la ley no le atribuye expresamente esa facultad; solo puede aplicar la condonación excepcional del artículo 3° transitorio del DFL N° 16, de 1986.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del SERVEL y confirma que este organismo es el competente para fiscalizar y sancionar las infracciones al artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, aplicando la multa residual del artículo 155.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Valdivia puede celebrar un convenio con el PNUD para asistencia técnica en la elaboración de su plan comunal de desarrollo, pues se enmarca en el artículo 35 de la ley N° 21.080, a diferencia del dictamen N° E267186 de 2022, siempre que informe previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La Contraloría concluye que los delegados presidenciales pueden exigir administrativamente la restitución de bienes fiscales y del SERVIU ocupados irregularmente, incluso sin identificar a los ocupantes, notificando por Diario Oficial; si hay título aparente, deben remitir antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
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La Contraloría concluye que el Gobierno sí informó a la ciudadanía sobre la obligatoriedad del voto en las elecciones del 7 de mayo de 2023, mediante diversas campañas comunicacionales, por lo que no se advierte la falta de información denunciada por los diputados.
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La Contraloría concluye que la SISS puede fiscalizar a Aguas Pirque S.A., aunque sea una sociedad con fines de lucro, aplicando la excepción del artículo 85 inciso segundo de la ley 20.998, limitada a calidad y continuidad del servicio. Rechaza la reclamación.
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La Contraloría aclara que, aunque se pidió instruir un procedimiento sancionatorio por no responder informes, los organismos finalmente respondieron, por lo que la intervención fiscalizadora quedó sin objeto y no corresponde sancionar.
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La Contraloría concluye que la exigencia de matrícula de buzo comercial para operar cámaras hiperbáricas en faenas sobre 40 metros, impuesta por la Circular N° A-42/002 de DIRECTEMAR, excede la ley y el reglamento, por lo que ordena ajustarla.
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La Contraloría concluye que las autoridades pueden difundir proyectos de ley del Gobierno en actividades propias y redes sociales, pues no se advierte irregularidad, y remite la jurisprudencia vigente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para su coordinación y acatamiento.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente y por las circunstancias de seguridad en la Macrozona Sur, CONAF puede autorizar el pago de bonificaciones de la ley N° 20.283 sin verificar en terreno, si se agotaron los medios disponibles y el interesado cumplió cabalmente la ley y su reglamento.
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La Contraloría concluye que el INDH debe fundamentar sus solicitudes de información a otros organismos, los que pueden denegarla mediante acto administrativo motivado; y rechaza la reconsideración, pues el secreto del artículo 182 del Código Procesal Penal sigue rigiendo para el INDH.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la legalidad de los indultos particulares ya que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el mismo asunto, y no corresponde interferir en sus atribuciones.
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Las funcionarias deben entregar al INDH la identidad de las personas entrevistadas, pues es información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el Instituto debe mantenerla reservada, ya que divulgarla afectaría la seguridad de los declarantes.
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La fecha de pago del inciso segundo del artículo 46 del decreto N° 32 es una opción que las partes pueden pactar, no una obligación impuesta a los productores. COCHILCO actuó correctamente al fiscalizar e iniciar los procedimientos sancionatorios.
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El tema principal es si quienes inscribieron armas antes de la ley N° 20.014 deben acreditar cada cinco años los conocimientos y aptitud exigidos por el artículo 5°A de la ley N° 17.798. Concluye que, por regla general, no procede dicha acreditación periódica, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora pueda exigirla fundadamente.
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La Contraloría concluye que el CFT de Los Ríos solo puede crear nuevas direcciones del mismo nivel que las ya existentes si no alteran la estructura básica fijada en sus estatutos ni las funciones de las direcciones Académica y Económica y Administrativa.
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La Contraloría concluye que el decreto N° 24, de 2017, es legal porque ya fue sometido a toma de razón y no puede dejarlo sin efecto; además, se abstiene de pronunciarse sobre la licitación de 2015 porque fue declarada desierta y la reclamante no acreditó un interés específico.
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La Contraloría concluye que el IND debe impedir que organizaciones deportivas se inscriban usando el nombre de la Universidad de Chile sin autorización, y exigir la subsanación o eliminación del registro de las ya inscritas, por ser contrario a derecho.
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La Contraloría concluye que el convenio a honorarios de Raphael Bergoeing debió modificarse desde su designación como presidente de la CNEP, pues no es conciliable que perciba honorarios por revisar informes del mismo organismo que integra y preside, por conflicto de imparcialidad.
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El dictamen concluye que, como los directores de los SERVIU no tienen superior jerárquico, no corresponde enviar copia de la representación y reiteración de una orden ilegal conforme al artículo 62 de la ley N° 18.834.
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El tema principal es si los convenios de cooperación con ACNUR implicaron gasto de recursos públicos. Contraloría concluye que no se advirtieron desembolsos ni acuerdos complementarios que los dispusieran, manteniendo lo resuelto en el dictamen N° E267186 de 2022.
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La Contraloría concluye que el artículo 3° de la Ordenanza de consulta indígena de Valparaíso es legal: no obliga el resultado de la consulta, sino solo el acuerdo que el municipio voluntariamente suscriba con las organizaciones indígenas, dentro de sus competencias y la ley.
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La Contraloría concluye que los procesos de invalidación de resoluciones que concedieron beneficios de las leyes N°s. 18.392 y 19.149 fueron tramitados correctamente, sin irregularidades, pues se oyó a los interesados y se fundamentaron las decisiones conforme a la ley N° 19.880.
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La Contraloría concluye que las declaraciones y publicaciones del Presidente sobre el plebiscito constituyeron opiniones políticas personales, sin llamados concretos a votar, y no vulneraron la prescindencia política; tampoco le compete fiscalizar a parlamentarios ni ponderar efectos políticos.
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La Contraloría aclara que solo los organismos con funciones de comunicación (como los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, y Desarrollo Social) pueden hacer campañas informativas del plebiscito, con imparcialidad; otros órganos no, salvo requerimiento concreto.
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La Contraloría concluye que las resoluciones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que crearon secciones en el Departamento de Asuntos Marítimos y designaron encargados a contrata son legales, pues se enmarcan en sus facultades de administración interna y no alteran la estructura orgánica fijada por ley y reglamento.
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La Contraloría instruye que, ante la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo de 2023, las autoridades y funcionarios públicos no pueden usar recursos ni la jornada laboral para fines político-electorales, debiendo garantizar igualdad de trato entre candidatos. Concluye que infringir gravemente estos deberes de probidad puede sancionarse incluso con destitución.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que la SCJ no se ajustó a derecho al suspender la verificación del casino invocando la falta de pronunciamiento de la Contraloría, pues debió actuar con antelación; solo aclara la interpretación del plazo y la revocación del permiso.
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El INDH puede comunicar su opinión a los Tribunales de Justicia sobre derechos humanos, incluido vía amicus curiae, si su Consejo lo aprueba con el quórum legal; corresponde a los tribunales decidir su admisibilidad.
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El CNTV puede archivar denuncias sobre el contenido de las franjas electorales, pues los canales no son sancionables por esa propaganda y el SERVEL carece de atribuciones sobre su contenido. No obstante, el CNTV mantiene su rol de velar por el correcto funcionamiento televisivo.
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La Contraloría concluye que los Gobiernos Regionales no tienen atribuciones legales para construir infraestructura de telecomunicaciones y entregarla a concesionarios; además, la consulta de SUBTEL carece de un caso concreto y antecedentes suficientes.
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El Servicio Mejor Niñez atiende a niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados derivados por tribunales u órganos de protección administrativa, y a sus familias o cuidadores. Excepcionalmente, mientras no se implementen las Oficinas Locales de la Niñez, también atiende a quienes estaban en las Oficinas de Protección de Derechos del Sename.
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La resolución del SENAME modificó su estructura orgánica, lo que excede las atribuciones de su director y invade la potestad reglamentaria del Presidente. Concluye que debe regularse mediante el reglamento pertinente, considerando la ley N° 21.527.
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La Contraloría concluye que el CNED no puede conocer apelaciones contra decisiones de la CNA sobre el plazo de acreditación, pues otorgarle esa facultad exige una ley y no una interpretación administrativa.
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La Contraloría concluye que el Registro Civil puede entregar al Hospital Clínico de Magallanes, mediante un convenio de colaboración, la información sobre posesiones efectivas que necesita para cobrar deudas de pacientes fallecidos, pues el Registro Nacional de Posesiones Efectivas es público.
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El SAG puede exigir a productores y exportadores cumplir las medidas fitosanitarias para exportar cerezas a China, pues son obligatorias y de su cargo, sin que ello le traspase la fiscalización que a él le compete.
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La Contraloría concluye que, antes de dictar una resolución de calificación ambiental que se relacione con los límites territoriales o zonas fronterizas o los afecte, el SEA debe obtener siempre el pronunciamiento favorable de la DIFROL, y no solo en los casos que el SEA defina; en cambio, no se requiere ese pronunciamiento en las consultas de pertinencia.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede denegar fundadamente la inscripción de armas considerando antecedentes penales adicionales al certificado exigido, pues ejerce facultades discrecionales para resguardar la seguridad pública.
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La Contraloría concluye que la resolución que creó la Unidad de Educación Militar en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no se ajustó a derecho, pues esa materia debe regularse por reglamento presidencial y no por resolución del subsecretario.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la legalidad de los indultos particulares cuestionados porque la misma materia está sometida al Tribunal Constitucional, aplicando la excepción legal que le impide intervenir en asuntos litigiosos o judicializados.
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La Contraloría concluye que la ordenanza de Zapallar excede las atribuciones municipales al restringir la libertad de circulación de menores, materia reservada a la ley, por lo que el municipio debe revisarla y ajustarla al ordenamiento jurídico.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, con alcances: los recursos dependerán de los presupuestos anuales y la participación de organismos autónomos requiere acuerdo previo.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de Educación Superior puede exigir a los candidatos a representantes del Presidente en universidades estatales condiciones adicionales a las legales, como no estar vinculados a acoso y compartir las líneas programáticas del Gobierno, por tratarse de cargos de libre designación.
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La Contraloría reinterpreta la normativa y concluye que el Instituto Geográfico Militar sí puede modificar los nombres de accidentes geográficos en su cartografía, salvo que una ley o las Comisiones Mixtas de Límites los hayan fijado, previa autorización de DIFROL cuando corresponda.