Contraloría General de la República · Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Carabineros de Chile
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Carabineros de Chile, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, que incluye Carabineros de Chile, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y GendarmeríaPronunciamientos
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Carabineros y confirma que la entrega de terreno no podía condicionarse a autorizaciones de la contratista, por lo que esta tiene derecho a aumento de plazo y mayores gastos generales si ello impactó el programa de trabajo.
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La Contraloría concluye que, antes de rematar vehículos sin propietario aparente, la municipalidad debe solicitar el informe de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros para tener certeza de esa condición, sin poder prescindir de él; concesionaria y municipio deben hacer las averiguaciones.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza el pago del sobresueldo de unidades de orden y seguridad especializada de Carabineros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se aplica solo a funcionarios que cumplen los requisitos normativos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de motores y upgrade de un avión de Carabineros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que la empresa adjudicada no esté inhabilitada por la ley de delitos económicos.
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La Contraloría concluye que el artículo 5° de la ley N° 17.798 solo permite —no obliga— que las solicitudes de transporte y libre tránsito de armas se presenten por medios electrónicos, por lo que Carabineros cumple la norma al atender presencialmente, sin perjuicio de la ley N° 21.180.
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La Contraloría concluye que Carabineros, como autoridad fiscalizadora, puede suspender fundadamente las autorizaciones de comercio de armas y municiones, y que las resoluciones que suspendieron a Comercial Mario R. Ludwig S.A. se ajustaron a derecho.
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La Contraloría concluye que la suspensión del procedimiento disciplinario por causa penal paraliza el sumario, pero no extingue la suspensión de funciones del inculpado, y que el término de la causa penal comprende no solo sentencias ejecutoriadas, sino también el sobreseimiento, archivo provisional, principio de oportunidad y no perseverar.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó conforme a derecho al rechazar la renovación y ampliación de la autorización como capacitadora, pues debía acreditar los requisitos del manual vigente al momento de solicitar, sin que su autorización anterior constituya un derecho adquirido.
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El dictamen concluye que la cláusula de las bases que calculaba la garantía de seriedad como un porcentaje de cada oferta infringe el artículo 31 del decreto N° 250, que exige igual monto para todos los oferentes, por lo que Carabineros deberá ajustar sus futuras bases.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede exigir el examen de VIH en sus procesos de selección, amparado en la excepción que la ley N° 19.779 contempla para el personal regido por su Estatuto, por las especiales exigencias de la función policial, sin que se aprecie ilegalidad.
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La DIBICAR debe financiar los consumos básicos de sus comisiones administrativas con su patrimonio de afectación fiscal, no con los recursos que la Ley de Presupuestos asigna a Carabineros, pues este patrimonio se administra separada e independientemente del presupuesto institucional.
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La Contraloría concluye que el plazo de entrega debía contarse desde la entrega personal del certificado de último destino, no desde su envío por correo, por lo que no hubo atraso; ordena dejar sin efecto la multa y devolver lo cobrado por la garantía.
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La DIBICAR no puede construir colegios o establecimientos escolares institucionales con fondos de su Patrimonio de Afectación Fiscal, pues la ley N° 18.713 solo le otorga facultades expresas en materia habitacional y educativa preescolar, no escolar, y la normativa educacional limita la calidad de sostenedor.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia de recursos a Carabineros de Chile, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los recursos están consignados en la asignación 05-31-01-13-02-131 y no como indica el considerando 7° del acto.
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La autorización para capacitar en seguridad privada es temporal y no da derecho adquirido a su renovación; Carabineros actuó dentro de sus atribuciones al denegar dos cátedras por falta de los requisitos académicos exigidos. Además, el Manual Operativo está vigente desde su publicación en 2020 y el Ministerio debe corregir su cláusula de vigencia.
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La Contraloría concluye que el INDH debe fundamentar sus solicitudes de información a otros organismos, los que pueden denegarla mediante acto administrativo motivado; y rechaza la reconsideración, pues el secreto del artículo 182 del Código Procesal Penal sigue rigiendo para el INDH.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza la autorización de la gratificación especial de riesgo al personal de Carabineros indicado, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la resolución aplicable es la N° 6, de 2019, y no la citada en el Visto.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la Gratificación Especial de Protección de Autoridades al personal de Carabineros que indica, por ajustarse a derecho, con alcances: debe corregirse la referencia al inciso del artículo 3° de la ley N° 18.961 y consignarse el decreto N° 10, de 2022.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del convenio de transferencia con Carabineros, por ajustarse a derecho, aunque hace presente un error en la fecha de suscripción del convenio original citada en el acto.
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La Contraloría tenía por cumplido el dictamen anterior sobre el costo eléctrico, pero advierte que la resolución de liquidación del contrato fue representada en 2019 y nunca reingresó. Concluye que Carabineros debe remitir el acto administrativo de liquidación con sus antecedentes para el control de juridicidad.
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La Contraloría concluye que, aunque el contrato es a suma alzada sin reajuste, la demora en la entrega del terreno da derecho a aumento de plazo y pago de mayores gastos generales si afectó el programa; rechaza pagos por la pandemia y el alza de materiales.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases tipo, modelo de contrato y anexos para licitaciones de adquisición de aeronaves para Carabineros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la referencia al anexo N°1 en las bases debe entenderse hecha al anexo N°4.
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El dictamen concluye que, para el reajuste de la ley N° 21.526, debe atenderse al grado económico efectivamente pagado: quienes perciben un sueldo superior al grado 9 reciben $264.000 mensuales, no el 12%. Ordena a las instituciones ajustar sus pagos.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó dentro de sus atribuciones al denegar la renovación como asesor en seguridad privada por no cumplir el requisito de título profesional exigido, aplicando la normativa vigente sin excepciones.
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El dictamen concluye que el personal de Carabineros puede reclamar ante la Contraloría por vicios de legalidad, aplicando supletoriamente el artículo 160 de la ley N° 18.834, con plazo de 10 días hábiles, y rechaza la reconsideración de Carabineros.
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La Contraloría confirma que el diploma de Oficial de Orden y Seguridad obtenido en 1984 no es título profesional, pues la norma que lo otorgó rige solo desde 1988. Rechaza la reconsideración, sin aplicar excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que la suspensión del sumario administrativo por existir causa penal (artículo 84 ter) no se aplica a procedimientos iniciados antes de la vigencia de la ley N° 21.427, pues rige la ley vigente al momento de su iniciación.
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La Contraloría confirma que el Comisario fue competente para sancionar al Cabo 1° López Muñoz, pues la falta afectó a un oficial superior y el retén dependía de esa Comisaría, y que no era obligatorio instruir sumario previo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración, pues el sistema de horas y correos ya permitía impugnar actos administrativos; sin embargo, ordena a Carabineros asegurar la recepción presencial de documentos sin cita previa, como excepción, mientras se implementa plenamente la digitalización.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede denegar fundadamente la inscripción de armas considerando antecedentes penales adicionales al certificado exigido, pues ejerce facultades discrecionales para resguardar la seguridad pública.
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La Contraloría concluye que es procedente el cobro de gastos administrativos (1% o 3% del sueldo base) que la DIBICAR descuenta a funcionarios que subarriendan viviendas de MUTUCAR, pues se basa en cláusulas contractuales y en la normativa institucional sobre descuentos a favor de organismos internos.
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La Contraloría concluye que, al no constar la instalación del remarcador eléctrico, Carabineros debe calcular el consumo eléctrico según el mecanismo de la inspección técnica y liquidar el contrato, informando en 10 días.
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El tema principal es el reclamo de exfuncionarios de Carabineros por demoras en sus bonos de reconocimiento y porque no se les permitió retirar esos fondos. Contraloría concluye que no hubo demora injustificada y que el bono solo puede liquidarse al cumplir los requisitos legales, no para retiros.
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La Contraloría concluye que corresponde devolver los aportes al Fondo de Ahorro Habitacional a tres exfuncionarios, previa solicitud y restitución de la vivienda fiscal; respecto de un cuarto no hay montos a reintegrar por deudas. Sobre las demandas de restitución, se abstiene por ser materia judicial, pero confirma que el CDE y Carabineros están facultados para actuar, pues las viviendas de MUTUCAR se entienden proporcionadas por el Fisco.
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La Contraloría concluye que la construcción de estacionamientos y otras obras en la Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito se ajustó a la normativa, al usar la modalidad de administración directa y materiales adquiridos con presupuesto fiscal, sin irregularidades.
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El caso excepcional de un funcionario contratado bajo el Código del Trabajo y pensionado en DIPRECA debe regirse por las causales de retiro de los funcionarios civiles de Carabineros. Concluye que corresponde al General Director de Carabineros resolver en definitiva su clasificación de invalidez.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó conforme a las bases al terminar anticipadamente el contrato, porque los conos entregados no coincidían con la muestra aceptada, aunque el proveedor alegue mejor calidad.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó dentro de sus atribuciones al rechazar la renovación como capacitador en cinco áreas, pues el recurrente no acreditó los requisitos educacionales exigidos por el Manual Operativo vigente.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede descontar el valor del armamento perdido o dañado, previo sumario, y que su Dirección General puede fijar cuotas, reajustables según el IPC, mediante instrucciones.
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La Contraloría concluye que Carabineros debe dejar sin efecto la resolución que negó el uniforme alternativo solicitado por Seguridad del Norte S.A., por no estar debidamente fundada, y emitir un nuevo acto administrativo que resuelva fundadamente esa solicitud.
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La Contraloría concluye que Carabineros debe revisar el rechazo de la solicitud del recurrente para ser asesor de seguridad privada y, si lo mantiene, fundamentar por qué su título de Cientista Criminalístico y diplomado no cumplen los requisitos, informando en 30 días hábiles.
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El dictamen aclara que el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada y la resolución exenta N° 149, de 2009, estaban derogados al momento de la solicitud de renovación, por lo que debía aplicarse el Manual Operativo del decreto exento N° 261, de 2020. Concluye que Carabineros debe revisar la solicitud y explicitar los motivos del rechazo de las materias de conocimiento de arma y tiro y defensa personal.
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La Contraloría concluye que Carabineros debe revisar el rechazo de renovación como asesor en seguridad privada, pues la resolución no fundamentó por qué los estudios del recurrente no cumplen los requisitos; si mantiene el rechazo, debe explicitar sus motivos.
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La Contraloría concluye que la renovación de autorizaciones para asesor y capacitador en seguridad privada exige acreditar los requisitos vigentes al momento de solicitarla, sin que una autorización anterior constituya derecho adquirido. Se desestima el reclamo porque el recurrente no acompañó el certificado de no haber sido sancionado conforme a la ley N° 19.327.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó dentro de sus facultades al renovar solo tres de nueve cátedras, pues aplicó la normativa vigente a la fecha de la solicitud y no el manual aún no vigente.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó dentro de sus atribuciones al rechazar la renovación como asesor en seguridad privada, porque el solicitante no acreditó el título profesional exigido por el manual vigente al momento de su solicitud.
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El descanso reparatorio de la ley N° 21.409 exige desempeño efectivo en el Hospital de Carabineros o su red asistencial, no en dependencias administrativas como la Dirección o Subdirección de Salud de Carabineros. Para honorarios sin jornada pactada, se promedian las horas mensuales trabajadas para verificar las once horas semanales.
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La Contraloría concluye que en la invalidación solicitada por el propio afectado se cumple la audiencia previa del artículo 53 de la ley N° 19.880, por lo que no corresponde exigir su comparecencia personal y debe permitirse la asistencia de abogado.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó correctamente al rechazar la ampliación de plazo por no acreditarse el caso fortuito, pero, aplicando una excepción a la regla general, ordena ajustar la multa a un tope máximo, pues las bases no lo fijaban.
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La Contraloría concluye que el tiempo de conscripción militar sí cuenta como servicio efectivo para calcular el bono de permanencia de Carabineros, siempre que se cumplan los demás requisitos, y ordena revisar los casos de los recurrentes.