Contraloría General de la República
Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, del más reciente al más antiguo. Página 17.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoTemas de Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba modificaciones al contrato de subsidio de transporte marítimo Niebla–Corral, precisando que las notas al pie 1.2 y 1.3 de su cláusula segunda se refieren al caso en que la nave Mailén no esté operativa.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos de gratuidad 2024 a las instituciones de educación superior indicadas, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe mencionarse que solo comprende el monto del literal a) del artículo trigésimo octavo transitorio.
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El dictamen concluye que la instalación de máquinas expendedoras en inmuebles públicos no se rige necesariamente por la ley de compras públicas, por lo que no corresponde fiscalizar la contratación denunciada al no acreditarse un pago por uso del espacio ni una prestación de servicios.
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La Contraloría concluye que la SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta no es competente para declarar el término y archivo de solicitudes de concesión gratuita de largo plazo, y que en las de corto plazo faltó la opinión del Gobierno Regional, por lo que ordena al Ministerio regularizar la tramitación para que esas peticiones sean resueltas por la autoridad ministerial competente mediante un acto decisorio.
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La Contraloría concluye que los ingresos del Duty Free son ingresos propios de la DGAC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar los registros contables.
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La Contraloría concluye que la SEREMI puede denegar discrecionalmente una concesión gratuita de corto plazo por superposiciones y falta de factibilidad, pero debe regularizar la omisión de pedir opinión al Gobierno Regional, que no es vinculante.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble fiscal al Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén, con alcances: debe corregirse la referencia a un oficio rectificado y precisarse la aplicación del artículo 80 del decreto ley N° 1.939.
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La Contraloría no dio curso al documento que autorizaba al extranjero indicado conforme al artículo 7° del decreto ley N° 1.939, porque no se explicitan las razones de interés nacional que exige esa norma para la decisión excepcional.
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La Contraloría rechaza autorizar que los municipios manejen extrapresupuestariamente los recursos del Fondo para el Reciclaje, pues constituyen ingresos propios que deben incorporarse a sus presupuestos, ordenando regularizar la situación.
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La Contraloría concluye que, como el Día de la Atención Primaria de Salud no ha sido declarado por decreto supremo del Presidente, la Municipalidad de Molina no puede financiar su celebración con fondos públicos, incluido el ítem de gastos de representación.
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La Contraloría toma razón del documento que pone en ejecución el acuerdo del Comité de Asignación de Fondos de Corfo, por ajustarse a derecho, con el alcance de que al título "Programa de Apoyo a Planes de Intervención para la Reactivación Productiva" le corresponde el numeral "VI.", omitido.
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La Contraloría concluye que la campaña del Gobierno sobre la reforma de pensiones se ajustó a derecho: el MINTRA actuó dentro de sus facultades, la contratación vía licitación no presenta observaciones y el spot indica que el proyecto está sujeto a aprobación del Congreso.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto del programa de inversión regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los montos deben entenderse en miles de pesos y así consignarse expresamente en lo sucesivo.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia actuó dentro de sus atribuciones al excluir las pensiones de reparación de los ingresos considerados en la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, por lo que la medida anunciada es legal.
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La resolución que obliga a usar el SISREC sí se aplica a las transferencias de SERCOTEC, aunque sea corporación de derecho privado, porque integra el sector público y ejecuta fondos fiscales. Mientras su sistema propio no sea autorizado por la Contraloría, los receptores deben rendir mediante el SISREC.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a seis cuentas del sistema de transporte público de Santiago, aunque instruye que en futuras transferencias se consigne la obligación de rendir cuentas vía SISREC.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el adendum al contrato con la Fundación Pro Dignitate Hominis, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo se transcriban íntegramente los anexos del convenio.
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La Contraloría toma razón del documento que deja sin efecto el alza de tarifas del transporte público de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, por omitir la glosa presupuestaria 2024, e instruye al ministerio remitir oportunamente sus actos a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación y prórroga del convenio entre el MINVU y FUNASUPO, por ajustarse a derecho, con alcances sobre rendición de cuentas, restitución de fondos, subcontratación, garantía y publicaciones.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba un convenio de transferencia de recursos entre dos subsecretarías, entendiendo que solo traspasa caudales entre entidades públicas. Advierte que un acto posterior que entregue fondos a la Fundación para la Innovación Agraria deberá precisar actividades y gastos conforme a la ley de presupuestos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Fundación de las Familias, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la remisión al numeral 3.4 debe entenderse al 3.2.1, N° 3).
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere recursos para vacunas adquiridas vía Fondo Rotatorio de la OPS, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo el certificado de disponibilidad presupuestaria debe indicar monto asignado, total comprometido y saldo restante.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el trato directo entre MSLI LATAM INC. y la Dirección de Compras, con el alcance de que el pago en dólares se hará en su equivalente en pesos chilenos, al no constar autorización previa del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría toma razón del decreto del Ministerio de Educación que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de la Región Metropolitana y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que ese ministerio deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba una transferencia de recursos al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las conexiones de agua potable y alcantarillado en Quilpué son 150 cada una y no las que indica el cuadro del acto.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, pues se ajusta a derecho, con alcances sobre el reintegro de excedentes según la Ley de Presupuestos 2024 y sobre la emisión oportuna de futuros instrumentos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que determina los grupos de municipalidades y los recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, por ajustarse a derecho, con el alcance de corregir la referencia a la resolución N° 14, de 2023, que debe entenderse hecha a las resoluciones N°s. 7, de 2019, y 14, de 2022.
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La Contraloría instruye cómo clasificar los gastos por transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33), precisando que la naturaleza del gasto define el subtítulo, salvo excepciones expresamente autorizadas por glosas presupuestarias, que deben interpretarse restrictivamente.
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La Contraloría instruye que, por regla general, el receptor intermediario —público o privado— rinda mediante SISREC los recursos transferidos por gobiernos regionales, salvo la excepción de proyectos bajo el monto del artículo 4° de la resolución N° 1.858.
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El dictamen concluye que el Hospital de Carabineros no tiene facultades para celebrar el contrato de recaudación con COOPEUCH, por lo que debe dejarlo sin efecto, y que los ingresos obtenidos deben registrarse en el presupuesto como venta de servicios, no como fondos internos.
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La Contraloría concluye que la CNE actuó dentro de sus facultades al eliminar la "compensación B" mediante la resolución exenta N° 149, de 2023, decisión suficientemente fundada y sin efectos retroactivos ni vulneración de derechos adquiridos, por lo que rechaza la reclamación de las empresas eléctricas.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación al convenio de transferencia con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, ajustado a derecho, con alcances sobre el deber de reintegro y la emisión oportuna de futuros instrumentos.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de administración y subsidio de infraestructura costera en Los Lagos, aunque con alcances: emite los actos con retraso y no contó con la visación previa de Hacienda exigida por ley.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de administración de infraestructura costera y otorga subsidio en Aysén, aunque observa que se emitió con evidente retraso y sin la visación previa del Ministerio de Hacienda, ordenando corregirlo en lo sucesivo.
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El límite del gasto anual en personal municipal debe calcularse solo con los ingresos propios permanentes del año anterior, sin incluir los ingresos por percibir de la cuenta 115-12-10, pues son variables y eventuales. Así, no corresponde considerarlos para ese cálculo.
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La Contraloría toma razón del documento que ordena devolver a SARLAT S.A. un pago en exceso de impuesto a la renta (AT 2022), por ajustarse a derecho, con el alcance de que la restitución debe regirse por el artículo 57 del Código Tributario y no como indica el acto.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte público de Santiago, aunque instruye que en lo sucesivo se especifique la oportunidad de los pagos conforme a los contratos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia con la FIA, pues se ajusta a derecho, aunque con alcances: no se autorizó la subcontratación de actividades ajenas al objeto principal y deberán efectuarse las publicaciones legales.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la dotación máxima de personal de servicios de salud, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo tales instrumentos se remitan oportunamente a toma de razón.
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La Contraloría concluye que, aunque las transferencias se hicieron antes de la total tramitación de los actos que las aprobaban, corresponde pagar a los ejecutores si las actividades se ejecutaron íntegra y correctamente, por el principio retributivo, sin perjuicio de perseguir responsabilidades administrativas.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la dotación máxima de personal de los servicios de salud y establecimientos que indica, del presupuesto vigente del Ministerio de Salud, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo dichos instrumentos se remitan oportunamente a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de Aysén y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el Ministerio de Educación deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de esos recursos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con Importadora y Exportadora Realtone Limitada para ayudas técnicas auditivas, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón del decreto que individualiza servidumbres y ordena practicar inscripciones, precisando que el oficio de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño es el N° 202101776, de 9 de junio de 2021, y no el señalado.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de La Serena no puede transferir gratuitamente un inmueble municipal al SERVIU para un proyecto habitacional destinado a los integrantes de su Asociación de Funcionarios Municipales, pues no existe ley que la faculte para beneficiar a sus propios funcionarios.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el presupuesto del Sector Público para 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo esa entidad remita oportunamente estos instrumentos a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la transferencia de recursos al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el reintegro también comprende los recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
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El SENCE consulta si extrabajadores de Bancoestado Contacto 24 Horas S.A. podían recibir el IFE Laboral. Contraloría concluye que, por ser una sociedad de apoyo al giro con participación estatal mayoritaria, sus trabajadores prestan servicios en el Estado y no podían percibirlo.
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El gasto por el sistema Transbank para pagos con tarjetas en las oficinas de Seguridad Privada de Carabineros debe imputarse al subtítulo 22, ítem 10, asignación 999, del Clasificador Presupuestario, según lo concluido en armonía con DIPRES.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte de Santiago, aunque hace presente que se omitió consignar $302.227.849 por ajustes de servicios prestados hasta abril de 2023, lo que debe evitarse y detallarse en la instrucción de pago.