Contraloría General de la República · Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Presupuesto, Gasto e Inversión Pública
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, que incluye Presupuesto, Gasto e Inversión Pública, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoPronunciamientos
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La Contraloría toma razón del instrumento de CORFO que modifica la resolución N° 140, de 2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la cuota cuya imputación se modifica es la N° 3 del proyecto y no la indicada en su considerando noveno.
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La Contraloría toma razón del instrumento que modifica resoluciones de 2025, por ajustarse a derecho, entendiendo que se funda en la facultad del artículo 41 de la ley de Presupuestos para eximir la asignación de emergencia de ciertas normas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de servicios de datacenter, enlace de datos, internet y telefonía con Livister Chile SpA, con alcances: las auditorías externas solo podrán contratarse si existen atribuciones legales y recursos, y se corrige la imputación presupuestaria.
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La Contraloría concluye que el certificado de disponibilidad presupuestaria solo se exige antes de la adjudicación cuando esta compromete gasto en el año; si no, se emite al dictarse el acto que irrogue el gasto, y no puede comprometerse el proyecto de ley de presupuestos.
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La Contraloría concluye que los contratos de suministro del hospital sí requieren certificado de disponibilidad presupuestaria, salvo exención legal inexistente aquí, y que este solo debe registrar compromisos ciertos pagaderos con el presupuesto vigente, no los de años futuros.
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La Contraloría aclara que el requisito de hitos diferidos y cuotas solo rige para transferencias a ejecutores privados de políticas públicas, no para beneficiarios, y que la proporcionalidad no se exige a esos ejecutores.
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La Contraloría concluye que los municipios pueden usar formatos propios de certificados de disponibilidad presupuestaria si contienen la información mínima del instructivo N° IN4, con un único correlativo anual, y ordena regularizar el anexo N° 1.
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La Contraloría concluye que el oficio circular N° 26 de Hacienda, que ordenó a DIRECTEMAR reintegrar sus excedentes de caja al Tesoro Público, es legal, pues prevalece el artículo 29 bis del DL N° 1.263 sobre el artículo 115 del decreto N° 427.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el adendum al contrato de mudanza, con el alcance de que la imputación presupuestaria debe entenderse también al presupuesto de 2027, si se consultan recursos y se cumplen las condiciones de desembolso.
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La Contraloría no da curso al decreto que modifica el presupuesto del Ministerio Público para crear un programa especial para la Fiscalía Supraterritorial, pues esa separación de recursos afectaría la autonomía constitucional del órgano al exigir autorización externa del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría no da curso al documento que aprueba la modificación del convenio entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, por faltar el certificado de disponibilidad presupuestaria actualizado, y formula observaciones sobre las transferencias y cláusulas del convenio.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de mantención de sistemas electrónicos, con el alcance de que en lo sucesivo la entidad debe indicar el monto imputado al presupuesto del año en curso.
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La Contraloría instruye que las transferencias consolidables entre organismos públicos pueden aprobarse solo mediante resolución exenta, sin convenio, salvo que la glosa o el jefe de servicio exijan lo contrario; dichos actos quedan exentos de toma de razón, pero deben mantenerse disponibles para su fiscalización posterior.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato con MSLI LATAM INC. para licencias Microsoft, con alcances: el precio en dólares se pagará en pesos chilenos y los pagos futuros requerirán disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría precisa que los recursos comprometidos que exceden el ejercicio presupuestario pueden consignarse en el apartado "Información adicional (opcional)" del certificado, y que el número correlativo se asigna por servicio y año calendario. Además, el monto total del presupuesto puede extraerse del SIGFE.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato entre FONASA y Clínica Portal Oriente, con alcances: el plazo de pago corre desde la recepción de la factura, no desde su aceptación, y los pagos con cargo a presupuestos futuros requieren disponibilidad presupuestaria.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un contrato de prestación de servicios de salud, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de un estudio, con alcances: en futuras imputaciones presupuestarias deberá indicarse el monto cargado al presupuesto vigente y transcribirse la fecha de suscripción del contrato.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un contrato de prestación de servicios de salud, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de servicios de salud con Clínica Ensenada SpA, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si hay disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría concluye que debe primar la ley N° 19.175 sobre la de presupuestos, por lo que DIPRES debe ajustar el monto provisionado para emergencias al 5% del FNDR, y además informar sobre la mesa técnica con SUBDERE.
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El instructivo que estandariza los certificados de disponibilidad presupuestaria rige obligatoriamente solo para los subtítulos 22, 24, 31 y 33, no para el subtítulo 21. La Contraloría concluye que aplicar el instructivo al subtítulo 21 es facultativo de la CMF, pues no le corresponde pronunciarse sobre el mérito de esa decisión.
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La Contraloría concluye que la falta de disponibilidad presupuestaria no exime al Ministerio de Bienes Nacionales de restituir el saldo pendiente por UF 7.923,25, por lo que debe arbitrar las medidas para habilitar los recursos y pagar a la brevedad.
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El Presidente tiene disponibilidad permanente y protección integral, lo que justifica usar bienes fiscales, incluido el avión institucional, incluso en viajes por sufragio. Concluye que no hubo irregularidades en los traslados del ex Presidente a Magallanes.
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La Contraloría concluye que los ingresos por traducciones oficiales de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores son ingresos propios y deben incorporarse al presupuesto público, por lo que rechaza autorizar su manejo extrapresupuestario bajo "Administración de Fondos".
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Hospital Regional de Talca y mantiene el criterio del dictamen N° 7.168/2019: es la institución empleadora la que debe financiar la autorización especial de la CCHEN, sin que ello vulnere la legalidad del gasto.
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El tope del 5% para contratar personal a honorarios con cargo a transferencias corrientes de los GORES aplica a todas las entidades públicas, incluido el Gobierno Central, pero no a las instituciones privadas sin fines de lucro. Además, las excepciones de las letras a) y c) pueden invocarse sin instrucciones previas.
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La Contraloría concluye que el decreto N° 331, de 2026, del Ministerio de Hacienda, que rebaja el presupuesto del INJUV, se ajusta a las normas de flexibilidad presupuestaria, tomando razón de él, sin que ello implique una reestructuración orgánica del servicio.
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La Contraloría precisa que los montos del certificado de disponibilidad presupuestaria deben desagregarse hasta subtítulo, ítem y asignación, incluyendo las modificaciones presupuestarias aprobadas a la fecha de emisión. Concluye que el "monto comprometido" comprende solo los compromisos ciertos existentes a esa data.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba un convenio de colaboración y transferencia entre la Subsecretaría del Interior, el Instituto de Previsión Social y Banco Estado, con alcances: los reintegros deben hacerse a rentas generales de la Nación y la vigencia del convenio debe extenderse hasta la aprobación del informe final o la restitución de saldos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba una transferencia de recursos para pagar obligaciones previsionales pendientes de municipalidades y corporaciones municipales, por ajustarse a derecho, con el alcance de que esos recursos deben reconocerse mediante un decreto de modificación presupuestaria.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto del Servicio Electoral, por ajustarse al ajuste fiscal propuesto por ese servicio, resguardando su autonomía constitucional, con alcances sobre ajustes futuros para obligaciones devengadas.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Nacional de Televisión, por ajustarse a derecho, considerando la propuesta de este último para el ajuste fiscal, sin perjuicio de futuros ajustes.
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Las transferencias del FOSIS a entidades privadas ejecutoras deben condicionarse al cumplimiento de hitos diferidos, conforme al artículo 25 letra c) de la ley de presupuestos 2026, pues la ley N° 18.989 no se opone a ello.
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La Contraloría concluye que CENABAST no puede usar sus ingresos propios para pagar las deudas con proveedores de la ley N° 20.850, porque esas obligaciones corresponden a FONASA y deben respetar el principio de legalidad del gasto público.
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La Contraloría concluye que las remesas de la Ley de Patentes Mineras de 2025 se entregaron según la recaudación efectiva y descontando excesos de 2023, pues el monto presupuestado es solo una estimación; remite antecedentes para fiscalizar.
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La Contraloría toma razón del instrumento que acepta la propuesta y adjudica el contrato de obra, con el alcance de que el financiamiento de los años siguientes hasta 2028 debe consignarse con cargo a los recursos disponibles de cada año, lo que se omitió en el resuelvo 9°.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato de servicios con SERCOM SpA, entendiendo que la imputación presupuestaria se hace al código BIP N° 40055285-0, y ordena que en lo sucesivo la devolución de la garantía se efectúe al suscribirse el contrato.
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Las glosas 21 y 22 de la ley de presupuestos 2025 obligaron a las instituciones de educación superior a informar remuneraciones, y Contraloría concluye que ese deber fue obligatorio y no vulneró su autonomía ni la ley de datos personales.
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El dictamen concluye que las modificaciones al Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional de 2025 se hicieron conforme a las normas de flexibilidad presupuestaria vigentes, sin alterar la finalidad legal de esos recursos.
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El Consejo Regional tiene la facultad de aprobar, modificar o sustituir las propuestas presupuestarias del gobernador, pero debe hacerlo mediante el procedimiento reglado del artículo 25. Concluye que el CORE de Magallanes se apartó de ese procedimiento y deberá ajustarse a él en lo sucesivo.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de María Elena puede financiar el Servicio de Urgencia 24/7 con recursos de la ley N° 19.143, pues constituye una obra de desarrollo local, sin perjuicio de los fondos provenientes de convenios con el Servicio de Salud.
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La letra a) del artículo 25 de la Ley de Presupuestos 2026 no se aplica a las transferencias que hacen las municipalidades, pues estas no están incluidas en esa ley; el certificado de inscripción en el registro de receptores de fondos públicos lo emite el municipio otorgante.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de DIPRES y confirma que la autorización del artículo 44 de la ley N° 21.722 solo cubre recursos de naturaleza presupuestaria, no los extrapresupuestarios, salvo excepciones legales o instruidas por la Contraloría.
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El SENAMA no puede usar los fondos que exceden el 85% aportado por residentes fallecidos para financiar el plan de intervención de los ELEAM, pues no es su asignatario; deben restituirse a los herederos conforme a las reglas sucesorias del Código Civil.
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La Contraloría concluye que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y los Cuerpos de Bomberos son, por regla general, instituciones beneficiarias de los fondos públicos que reciben, por lo que no se les puede exigir la garantía de fiel cumplimiento del artículo 25 letra b) de la ley de presupuestos 2025.
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La Contraloría no da curso a la resolución que aprueba el contrato de arriendo del software GRD, porque su imputación presupuestaria no coincide con la del certificado de disponibilidad acompañado, por lo que representa el acto.
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La Contraloría concluye que la circular N° 4 de DIPRES es válida: permite usar todos los recursos presupuestarios e ingresos propios para cualquier concepto legal de gasto, con flexibilidad de caja, pero manteniendo los fines legales y reponiendo los recursos al cierre del año.
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La Contraloría concluye que la DIPRES se apartó de la normativa contable al reabrir 2025 en SIGFE, pues los errores de años anteriores deben corregirse en los saldos iniciales de 2026, sin reabrir ejercicios cerrados.
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La Contraloría no da curso a la resolución que aprueba el contrato del servicio SIRH, porque su monto (UF 329.900,37) supera el de la adjudicación (UF 298.362,49) y hay incongruencias en el certificado presupuestario. Por ello representa el acto administrativo.