Contraloría General de la República · Empleo Público
Honorarios y Código del Trabajo
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Honorarios y Código del Trabajo, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Empleo Público, que incluye Honorarios y Código del Trabajo, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Empleo PúblicoPronunciamientos
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La Contraloría rechaza la reconsideración del CNED y confirma que su personal, regido por el Código del Trabajo, no tiene derecho a la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 19.882, aunque sí al bono adicional de la ley N° 20.948.
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El personal contratado bajo el Código del Trabajo con recursos SEP antes del 23 de diciembre de 2023 no integra la dotación máxima del SLEP para efectos del teletrabajo, aunque sí puede acceder a esa modalidad.
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La Contraloría concluye que el despido del ex supervisor de seguridad del DAEM de Recoleta fue procedente, pues la breve investigación respetó el debido proceso y se acreditó el incumplimiento grave de sus obligaciones. Rechaza el reclamo.
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La ley N° 20.986 solo prohíbe que los beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario se desempeñen, durante cinco años, en los servicios y establecimientos de salud que taxativamente señala. Como el Servicio Médico Legal no integra esa red asistencial, Contraloría concluye que no existe impedimento para que el señor Vukusich se contrate a honorarios en dicho servicio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la SUSESO y confirma que no procede contratar a honorarios a enfermeras, psicólogos y kinesiólogos para apoyar en reclamos médicos, pues son labores permanentes y propias de la entidad, debiendo contratarse a planta o contrata.
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La Contraloría concluye que, por excepción legal en las leyes de presupuestos 2024 y 2025, la SEC puede renovar y reemplazar contrataciones a honorarios sin las limitaciones del artículo 11 de la ley N° 18.834.
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La Contraloría concluye que a los servidores traspasados al Código del Trabajo por el artículo 74 de la ley N° 21.526 no se les pueden aplicar las medidas disciplinarias del artículo 120 de la ley N° 18.883, sino solo el despido o las sanciones del Reglamento Interno.
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La Contraloría rechaza el reclamo del señor Castillo por el término anticipado de su contrato a honorarios con el SERVEL, pues no cuestionó la motivación del cese y la eventual irregularidad en la notificación no le generó perjuicio.
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Los municipios pueden pagar la diferencia entre el subsidio de licencia médica y los honorarios de servidores a honorarios exentos de cotizar por la ley N° 21.133, siempre que coticen voluntariamente, pues solo así generan ese subsidio.
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El dictamen aclara que el beneficio de seguro de salud del dictamen N° E427466 de 2023 es una excepción aplicable solo a los trabajadores allí individualizados y a quienes estén en idéntico presupuesto, por lo que rechaza la solicitud de devolución de gastos de los recurrentes.
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La Contraloría concluye que no procede contratar mediante la ley N° 19.886 ni a honorarios, en principio, a profesionales liberados de guardia para turnos nocturnos. Excepcionalmente, sí procede a honorarios si se acredita capacidad institucional superada y falta de médicos interesados, por un plazo máximo de un año.
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La Contraloría concluye que las contrataciones a honorarios para el Censo 2024 son labores accidentales y no habituales del INE, por lo que no procede reconocerles fuero maternal, reconsiderando así los oficios regionales que lo habían concedido.
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El personal de la Secretaría Técnica del CNED, regido por el Código del Trabajo, no tiene derecho al bono por retiro voluntario de la ley N° 19.882, pero sí puede acceder al beneficio adicional del artículo 4° de la ley N° 20.948 si cumple todos sus requisitos.
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El artículo 27 del Código del Trabajo (banda horaria de dos horas) se aplica a los funcionarios municipales regidos por ese código, salvo las excepciones de su inciso segundo, pero no a los regidos por estatutos distintos, sin perjuicio de que los alcaldes fijen tolerancias horarias.
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El artículo 74 de la ley N° 21.526 solo permite mantener el honorario líquido al traspasar personal a honorarios a la contrata o al Código del Trabajo, no incrementarlo; excepcionalmente procede un aumento si, en el grado inferior, la remuneración líquida resultara menor.
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La Contraloría rechaza el reclamo de una ex funcionaria a honorarios de la Municipalidad de Renaico por el término anticipado de su contrato, concluyendo que este se ajustó a derecho al fundarse en el incumplimiento grave de una obligación esencial del convenio.
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La Contraloría concluye que ni el artículo 152 quáter O bis del Código del Trabajo ni la ley N° 21.652 permiten aplicar teletrabajo a los servidores del DAEM regidos por ese código, pues tales normas no rigen en el sector municipal.
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La Contraloría concluye que los prestadores a honorarios a suma alzada no tienen derecho al teletrabajo del artículo 67 de la ley N° 21.526, pues este solo aplica a funcionarios de planta o contrata; el artículo 102 de la ley N° 21.647 solo fija criterios de selección, no una causal autónoma.
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El dictamen concluye que la bonificación por retiro de la ley N° 20.948 y la indemnización por años de servicio del artículo 163 del Código del Trabajo son incompatibles, debiendo el trabajador elegir una de ellas. Por excepción, ordena al Hospital de DIPRECA recuperar de 12 extrabajadores el pago indebido del estipendio de menor cuantía.
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La Contraloría concluye que el traspaso de honorarios a contrata del artículo 15 de la ley N° 21.516 sí aplica a profesionales regidos por las leyes N° 15.076 y N° 19.664, asimilándolos a jornadas y/o niveles, no a grados, por lo que no procede excluirlos.
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La Contraloría revisó denuncias sobre el uso de redes sociales, contratación a honorarios y apariciones en TV del Gobernador Regional Metropolitano, concluyendo que no se advierten irregularidades en esos casos, al tratarse de cuentas personales que replican información oficial, contrataciones dentro de sus facultades y una aparición no recurrente.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Coihueco no pudo desvincular al recurrente, pues gozaba de fuero gremial al momento del despido; por excepción, debe reincorporarlo y reubicarlo en otras funciones, reintegrando la indemnización percibida.
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La Contraloría concluye que el cambio de contratación de la recurrente, desde honorarios a la ley N° 19.886, es válido porque el programa TTD se financia con un presupuesto que no busca proveer personal, por lo que no se advierte irregularidad.
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La Contraloría concluye que el tiempo trabajado a honorarios no sirve para cumplir el año de servicio que exige el feriado al ingresar a contrata, y que el feriado pendiente de un funcionario se extingue al terminar su contrata, sin poder usarse luego a honorarios.
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La Contraloría mantiene que el personal del SENADIS regido por el Código del Trabajo no puede postular a concursos de cargos del tercer nivel jerárquico, pues la ley N° 18.834 exige pertenecer a un servicio regido por ese Estatuto. Rechaza reconsiderar el dictamen N° 63.170 de 2015.
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La Contraloría concluye que, para el traspaso de personal a honorarios a la contrata en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, basta poseer el grado de licenciado, sin exigir que sea terminal, pues la norma no distingue y equipara licenciatura y título profesional.
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El dictamen concluye que las contrataciones a honorarios de las consultantes, pagadas con recursos transferidos por SENDA mediante una cuenta complementaria, no se rigen por el dictamen N° E173171 de 2022, por lo que se desestiman sus requerimientos.
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La Contraloría concluye que los funcionarios municipales y a honorarios pueden realizar actividades políticas fuera de su jornada y con recursos propios, sin usar su cargo o recursos públicos en beneficio propio; no constató infracción en el caso de Karla Rubilar.
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El dictamen concluye que el Programa de Empleo Protegido es una herramienta transitoria de rehabilitación, no una relación laboral, por lo que el Hospital de Angol no actuó irregularmente al poner término a la participación del usuario.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Obras Hidráulicas puede exigir boleta de honorarios e informe mensual durante licencia médica para pagar la diferencia no cubierta por el subsidio, y que las retenciones son correctas; remite la desafiliación de la Isapre a la Superintendencia de Salud.
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El dictamen concluye que, entre 2023 y 2026, los traspasos de trabajadores a honorarios a la contrata municipal se rigen por la ley N° 21.526 y no por el dictamen N° E173171 de 2022, aplicándose como excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que, aunque la servidora a honorarios no tuvo licencias maternales ni recibió subsidio, el municipio debe pagarle la diferencia entre el subsidio que le habría correspondido y sus honorarios, por fuerza mayor no imputable a ella.
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La Contraloría concluye que no se acoge la denuncia de conflicto de interés, pues el asesor a honorarios vendió sus acciones de la consultora el 30 de agosto de 2022, pocas semanas después de asumir, sin que se advierta vulneración al principio de probidad en ese período acotado.
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La Contraloría toma razón del decreto con fuerza de ley que fija la planta directiva de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el alcance de que quienes tienen contratos a honorarios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024 cumplen el requisito del artículo primero transitorio N° 5 de la ley N° 21.663.
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La Contraloría concluye que la Comisión Ingresa no puede aplicar el teletrabajo del Código del Trabajo, por lo que debe eliminar esas cláusulas de sus contratos; solo puede usar el teletrabajo autorizado por la ley N° 21.652, con sus límites.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con fondos de la transferencia la indemnización por años de servicio si se recontrata inmediatamente al mismo personal, pues ello desnaturaliza el gasto público. Instruye a JUNJI prohibir expresamente esa práctica y recuperar los fondos.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Copiapó debe pagar a la recurrente, trabajadora a honorarios, solo la diferencia entre el subsidio maternal que ella cobre directamente en FONASA y el total de sus honorarios, previa acreditación del monto del subsidio y de la cotización del 7%.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 991, de 2023, se ajustó solo parcialmente a la ley: excluye al personal a honorarios a suma alzada del universo de teletrabajo y debe preferir a funcionarios con cuidado de menores de 14 años o personas con dependencia severa.
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La Contraloría concluye que, al asimilar a contrata a funcionarios provenientes de honorarios, debe descontarse el impuesto a la renta para calcular la remuneración líquida, pues de lo contrario se reducirían sus ingresos. Ordena a la Subsecretaría regularizar la situación de las recurrentes.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su jurisprudencia y confirma que el tiempo trabajado a honorarios no sirve para acceder a la liberación de guardia nocturna, pues la ley N° 15.076 exige desempeño como funcionario público y no contempla esa calidad.
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La Contraloría concluye que el nuevo artículo 27 del Código del Trabajo, sobre flexibilidad horaria para padres de niños hasta 12 años, se aplica al personal de la Secretaría Administrativa de la Comisión Ingresa desde su entrada en vigor, con los requisitos y limitaciones que la norma señala.
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La Contraloría concluye que el municipio actuó conforme a derecho al delegar en el director jurídico la facultad de poner término a contratos a honorarios, por lo que acoge la reposición y deja sin efecto el oficio que había acogido el reclamo de la señora Cornejo.
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La Contraloría instruye sobre la aplicación de la Ley Karin en organismos públicos con personal regido por el Código del Trabajo, complementando el dictamen N° E516610. Concluye que las víctimas tienen derechos equivalentes al inculpado y que las investigaciones deben remitirse a la Contraloría, sin aplicarse la validación por silencio de la Inspección del Trabajo.
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La Contraloría concluye que no procede contratar a honorarios a esos profesionales de la salud, pues realizarían labores propias y permanentes de la SUSESO, lo que contraviene los artículos 2° y 11 de la ley N° 18.834.
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El teletrabajo del Código del Trabajo no se aplica a los funcionarios públicos regidos por ese código, como los de las Corporaciones de Asistencia Judicial; estos solo pueden acceder al teletrabajo del artículo 66 de la ley N° 21.526, con los criterios de selección del artículo 102 de la ley N° 21.647.
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La Contraloría concluye que el personal del SAMU no puede ejercer el derecho del artículo 66 quáter del Código del Trabajo para ausentarse a emergencias de Bomberos, pues sus funciones continuas e ininterrumpidas de atención prehospitalaria no pueden desatenderse, aplicando así una excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que la bonificación adicional del artículo 8° de la ley N° 21.135 para trabajadores de cementerios municipales regidos por el Código del Trabajo se calcula con las reglas generales: jornada máxima de 44 horas semanales y proporcional si es inferior.
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La Contraloría concluye que fue ilegal el despido de una asistente de la educación de la Municipalidad de Santiago, pues el decreto no acreditó la causal invocada y contradijo el PADEM 2024. Ordena reincorporarla y pagarle las remuneraciones por el tiempo indebidamente alejada.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con recursos de convenios transferidos (MIDESO, SENDA, SENCE, FOSIS) las remuneraciones de quienes pasaron de honorarios a contrata por el decreto alcaldicio N° 2.840, de 2023, pues esos convenios no constituyen funciones propias del municipio y el traspaso no se ajustó a la ley N° 21.526 ni al dictamen N° E296951, de 2023.
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La Contraloría concluye que la reducción gradual de jornada de la ley N° 21.561 también aplica a funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo, y que, sin acuerdo, desde abril de 2024 debe rebajarse una hora diaria en uno de los cinco días semanales.