Contraloría General de la República · Responsabilidad Funcionaria y Probidad
Sumarios e Investigaciones Sumarias
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Sumarios e Investigaciones Sumarias, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Responsabilidad Funcionaria y Probidad, que incluye Sumarios e Investigaciones Sumarias, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Responsabilidad Funcionaria y ProbidadPronunciamientos
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general de publicidad, los expedientes afinados por acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo están reservados y no pueden entregarse a terceros, ni siquiera disociados, salvo autorización de los titulares de los datos.
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que, aunque no puede intervenir en asuntos litigiosos, sí puede pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa ya conocida por tribunales; corresponde al Servicio de Salud Concepción evaluar los antecedentes y disponer, si procede, los sumarios pertinentes.
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La Contraloría instruye usar el Módulo de Suspensiones Preventivas del SIAD para registrar y monitorear las suspensiones preventivas de funcionarios sumariados, con alertas de plazos. Concluye que supervisores y fiscales instructores son responsables de su correcto uso y actualización oportuna.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su criterio: el reclamo del artículo 160 de la ley N° 18.834 solo procede una vez afinado el procedimiento disciplinario, sin excepción por la gravedad de los vicios alegados, y la incompetencia de quien ordenó el sumario no lo invalida si lo afina la autoridad competente.
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La Contraloría concluye que las redes sociales institucionales solo pueden usarse para fines propios del servicio, con información veraz y trato respetuoso, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública deberá adoptar medidas para ajustar sus publicaciones, sin perjuicio del sumario instruido.
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La Contraloría rechaza la denuncia por irregularidades en la designación del director de control de la Municipalidad de Coronel, pues el subrogante sí tenía título profesional habilitante y la acción disciplinaria por los hechos de 2020 está prescrita.
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La COMPIN solo informa técnicamente sobre la salud mental del funcionario sumariado cuando hay indicios claros de inimputabilidad ligados a los hechos investigados; no le corresponde resolver su imputabilidad administrativa, que proponen el fiscal y decide la autoridad disciplinaria.
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La Contraloría concluye que no hubo infracción sanitaria ni reproche de juridicidad en la breve colaboración de la primera dama en el casino de La Moneda, pues la autoridad sanitaria no constató riesgo concreto; no corresponde instruir procedimientos disciplinarios.
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La Contraloría concluye que, por la sucesión legal del SLEP Los Libertadores como sostenedor desde el traspaso, a este le corresponde continuar los procedimientos disciplinarios por hechos ocurridos bajo la CORESAM, la que debe remitirle todos los antecedentes.
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La Contraloría concluye que no puede descartarse que el despido por necesidades de la empresa de una funcionaria de CONAF tuviera solo por objeto pagarle una indemnización, pues ya había sido designada en el SBAP. Ordena instruir un sumario administrativo para indagar responsabilidades.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación del contrato de obras de emergencia en el canal fiscal, pero ordena al servicio instruir un procedimiento disciplinario, pues el pago N° 1 se solucionó antes de la total tramitación de la resolución que aprobó la contratación.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Independencia debe seguir tramitando el sumario por acoso, pues la persona denunciada no tenía la calidad de jefatura directa del alcalde al momento de los hechos ni al iniciarse el procedimiento, por lo que no se aplica la excepción del artículo 126.
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La Contraloría precisa que el informe de la COMPIN sobre salud mental del inculpado solo se exige cuando existan indicios de inimputabilidad relacionados con la infracción investigada. Concluye que, en los casos de viajes al extranjero durante licencia médica, generalmente no procede requerirlo, sin perjuicio de lo que resuelva el fiscal.
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El administrador provisional reemplaza al municipio en la potestad disciplinaria sobre docentes y asistentes de la educación, por lo que puede continuar e iniciar los procesos disciplinarios desde su designación. Las sanciones expulsivas solo surten efecto tras los 60 días del artículo 156 de la ley N° 10.336.
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La Contraloría concluye que el reclamo del artículo 160 del Estatuto Administrativo no procede contra la resolución que rechaza un recurso extraordinario de revisión, pues este tiene regulación propia en la ley N° 19.880 y no contempla ese reclamo como instancia.
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La destitución de un dirigente gremial solo produce efectos una vez que la Contraloría la ratifica expresamente, trámite adicional que no reemplaza el simple registro del acto ni basta con notificar al afectado.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Recoleta debe dictar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pues tiene diez o más trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y que no hubo irregularidad en el sobreseimiento del sumario.
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La Contraloría reconsidera su oficio previo y ordena instruir un sumario para investigar la eventual responsabilidad administrativa del alcalde y directivos de Collipulli por acoso laboral, al no existir otra vía para hacerla efectiva.
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La Contraloría rechaza el recurso de la Municipalidad de Juan Fernández y confirma que las renuncias voluntarias de dos funcionarios debían aceptarse, pues la retención solo puede durar 30 días según el artículo 48 de la ley N° 19.378, sin excepción por sumarios ordenados por la Contraloría.
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La Contraloría concluye que las declaraciones generales de los alcaldes sobre licencias médicas no configuran opiniones anticipadas ni conflicto de intereses que los obligue a abstenerse de resolver los procedimientos disciplinarios, sin perjuicio de reclamos posteriores ante la Contraloría o la Dirección del Trabajo.
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Durante el periodo eleccionario, las medidas expulsivas solo pueden decretarse previo sumario instruido por la Contraloría, pero ello no impide continuar tramitando el procedimiento disciplinario, pudiendo notificarse la sanción tras los 60 días posteriores a la elección.
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La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato, porque faltan antecedentes sobre los oficios que piden un sumario para aclarar una imputación presupuestaria y verificar que no haya saldos pendientes ni corresponda devolver garantías.
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La Contraloría precisa qué organismo instruye los procedimientos disciplinarios tras el traspaso educacional: el Servicio Local continúa los iniciados y puede iniciar nuevos por hechos previos, mientras el municipio mantiene los del personal DAEM no traspasado.
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La Contraloría da curso al documento que aprueba la liquidación del contrato de obras, pero ordena a la Dirección de Vialidad instruir un procedimiento disciplinario por la demora en liquidar (recepción en 2018, liquidación en 2024) y remitir copia en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los municipios deben seguir tramitando los procedimientos disciplinarios de empleados del DAEM no traspasados al Servicio Local, pues mantienen la potestad disciplinaria sobre ellos.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la liquidación del contrato de obras, entendiendo que fue suscrito por el Ministro de Obras Públicas subrogante, y ordena al Ministerio subsanar el mayor consumo energético detectado e informar sobre el sumario en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que no hubo ilegalidad en aceptar las renuncias de las personas señaladas sin abrirles un procedimiento disciplinario, porque eran servidores a honorarios y no funcionarios públicos, por lo que no les cabe responsabilidad administrativa ni se les aplican los artículos 147 y 156 del Estatuto Administrativo.
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La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto una resolución, regulariza servicios y aprueba un convenio de modificación de la asesoría a la inspección fiscal de la Ruta 5 Talca-Chillán, con alcances: ordena remitir copia del acto que instruya el proceso disciplinario anunciado y observa errores formales de numeración y una referencia impropia a un nuevo plazo.
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La Contraloría instruye cómo investigar y sancionar el uso indebido de licencias médicas, fijando reglas de imparcialidad, debido proceso y valoración de la prueba. Concluye que el fiscal no debe depender del inculpado y que las faltas graves a la probidad deben sancionarse con la medida legal específica.
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La Contraloría instruye el uso obligatorio de la plataforma SIAD para que los organismos fiscalizados informen el estado de los procedimientos disciplinarios y carguen los actos administrativos respectivos. Concluye que las entidades deben designar contrapartes y usar el módulo externo para asegurar el seguimiento oportuno.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de conservación del Aeropuerto Chacalluta, pero instruye un procedimiento disciplinario por la falta de certificados de calidad de pavimentos y ordena agilizar futuras liquidaciones.
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La DGAC tramitó la reapertura de la investigación de un accidente aéreo ordenada por la Comandancia en Jefe de la FACh, remitiendo su nuevo informe técnico en abril de 2025. Contraloría desestima el reclamo por dilación, pues la complejidad técnica y el reemplazo de parte del equipo justifican los plazos empleados.
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La Contraloría concluye que el despido del ex supervisor de seguridad del DAEM de Recoleta fue procedente, pues la breve investigación respetó el debido proceso y se acreditó el incumplimiento grave de sus obligaciones. Rechaza el reclamo.
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La Contraloría concluye que la venta de contenido para adultos por funcionarios debe evaluarse caso a caso según el cargo y organismo, para decidir si amerita investigación disciplinaria, sin prohibirla de forma general.
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La Ley Karin considera el acoso y la violencia laboral como faltas a la probidad, pero en las Fuerzas Armadas se aplica la normativa especial de la ley N° 21.480: su procedimiento y protección, no los artículos 90 A y 90 B del Estatuto Administrativo.
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La Contraloría concluye que no procede instruir un sumario contra el Director de Obras de Antofagasta, pues la subdivisión objetada fue dejada sin efecto, aunque debe ajustarse al dictamen N° E123808 de 2021.
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La Contraloría concluye que el Comité de Evaluación de Denuncias de Acoso de Curacaví es válido, pues solo asesora y complementa —sin decidir ni interferir— los sumarios administrativos y las funciones del Comité Paritario, aunque debe adecuar sus protocolos a la Ley Karin.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos para pagar a SONDA S.A., pero advierte que los informes de niveles de servicio 2023-2024 no fueron aprobados por el administrador del contrato, por lo que ordena instruir un procedimiento disciplinario e informar su inicio en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que, si la apelación en un sumario de la ley N° 18.834 agrava la sanción al recurrente (reformatio in peius), este puede impugnar esa nueva decisión con reposición y apelación, por afectar su derecho a defensa.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Coinco debe seguir el sumario contra la funcionaria Bustos Cantillán, pues no es jefatura directa del alcalde, y remite los antecedentes sobre la jueza de policía local a la Corte de Apelaciones de Rancagua.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión del SLEP, pero reconsidera de oficio sus oficios y concluye que no se vulneró el debido proceso del docente, pues conoció los hechos y ejerció su defensa, validando además el uso de mensajes de WhatsApp como prueba.
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El tema principal es la solicitud de sanción al Contralor Regional de Valparaíso por supuestamente incumplir deberes al emitir un oficio que desestimó un reclamo sobre notificación de una destitución. Concluye que no hubo infracción y desestima la solicitud.
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La Contraloría concluye que el ascenso de un funcionario suspendido preventivamente debe regir retroactivamente desde la fecha que le habría correspondido, pues el "alzamiento" de la suspensión equivale a dejarla sin efecto, aplicando la excepción del artículo 30 inciso segundo del DFL N° 1.791.
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El tema principal es el reclamo por la notificación de la destitución al abogado del sumario, alegando que su mandato no lo autorizaba a recibirla. Contraloría concluye que el mandato era amplio y habilitaba al abogado para recibirla, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que, como el permiso administrativo del funcionario fue autorizado retroactivamente cuatro días después del accidente, la jefatura debe instruir una investigación sumaria para determinar si este ocurrió en acto del servicio, dejando sin efecto la resolución que lo negó.
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La suspensión preventiva en un sumario es una facultad exclusiva y excepcional del fiscal instructor, y el sumario es secreto hasta la formulación de cargos. Por ello, Contraloría concluye que no corresponde informar sobre la no suspensión del funcionario.
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La Contraloría concluye que mantiene competencia para conocer los reclamos del artículo 160 de la ley N° 18.834 presentados por funcionarios y contratados a honorarios del SERVEL, pese a su autonomía constitucional, rechazando la reconsideración del SERVEL.
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La Contraloría cambia su jurisprudencia: en procesos disciplinarios de asistentes de la educación de un Servicio Local se puede designar fiscal o investigador regido por las leyes N°s. 18.834, 19.070 o 21.109, siempre que no dependa del inculpado y tenga igual o mayor jerarquía, comparada por nivel remuneratorio.
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La Contraloría concluye que, al pagarse fuera de plazo la factura, el Bienestar del Ejército debe pagar los intereses y la comisión de la ley N° 19.983, sin perjuicio de responsabilidades administrativas; rechaza restituir mayores costos de factorización por ser relación entre particulares.