Contraloría General de la República · Control de la Contraloría
Dictámenes y Cambio de Criterio
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Dictámenes y Cambio de Criterio, del más reciente al más antiguo. Página 3.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Control de la Contraloría, que incluye Dictámenes y Cambio de Criterio, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Control de la ContraloríaPronunciamientos
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La Contraloría instruye que, como regla general, los funcionarios deben reintegrar los beneficios pecuniarios percibidos indebidamente mediante descuentos en sus remuneraciones o pensiones, y solo excepcionalmente condona la deuda, de forma parcial (máximo 50%), por buena fe o justa causa de error acreditadas, especialmente por razones de salud o humanitarias.
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La Contraloría concluye que la legalidad de la Circular N° 11 de 2024 del SII, sobre el impuesto adicional a néctares y bebidas isotónicas, es materia de competencia exclusiva del SII, por lo que se abstiene de pronunciarse y remite los antecedentes a ese servicio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de DIPRECA y confirma que el tiempo cotizado en AFP solo puede reconocerse hasta el saldo efectivamente traspasado tras el retiro del 10%, pues no cabe obtener dos beneficios por el mismo período.
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La Contraloría aclara que el tiempo de estudios como Aspirante en la Escuela de Investigaciones Policiales no cuenta para los 38 años de servicios exigidos para el retiro absoluto en la PDI, pues no es desempeño efectivo. Rechaza reconsiderar el dictamen N° 30.318, de 2019, por referirse a una situación distinta y no aplicable a la PDI.
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La Contraloría aclara que el bono de reconocimiento del recurrente debe reajustarse según el artículo 4° de la ley N° 18.458, aplicando una excepción: el cálculo va desde su retiro de DIPRECA hasta que volvió a cotizar en una AFP en 2014.
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La Contraloría concluye que el INDH sí puede promover el voto informado en plebiscitos, pero debe hacerlo con imparcialidad, sin favorecer a una sola opción; por eso acoge parcialmente la reconsideración y mantiene el reproche por el conversatorio denunciado.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Dirección de Arquitectura y mantiene que debe actualizarse la oferta con el IPP entre el vencimiento del plazo legal y la total tramitación de la resolución adjudicatoria; la elección de la categoría del IPP corresponde a la Administración.
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La Contraloría aclara el cálculo del impuesto específico del artículo 43 ter de la LGPA: el precio pactado rige aunque esté sujeto a condición, y el crédito por aportes al Fondo de Investigación Pesquera puede imputarse a patentes e impuesto. Concluye acogiendo parcialmente la reconsideración de Subpesca, pero mantiene que aplicar el coeficiente sobre la unidad de pesquería del jurel se ajustó a derecho.
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La Contraloría aclara que la prohibición de la Ley N° 21.100 abarca entregar bolsas plásticas de comercio para transportar mercadería, a cualquier título, no su comercialización; y se abstiene de interpretar "componente fundamental" por falta de interés específico.
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Las contrataciones a honorarios para proyectos FIC pueden rendirse como gasto de esos fondos si están directamente vinculadas al proyecto y previstas en el convenio, pese a la prohibición general de financiar gastos en personal. Así se concluye, aplicando una excepción a la regla general, para 2022 y 2023.
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El dictamen concluye que el escalafón de peritos tasadores fue suprimido tácitamente y que la Escuela de Tasadores solo puede formar a funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario, no a personas ajenas, pues ello requiere ley expresa.
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La Contraloría concluye que un exonerado político puede recibir a la vez su pensión no contributiva y una pensión del régimen antiguo por cotizaciones posteriores a marzo de 1990, elevando ambas al mínimo legal, y cambia su criterio anterior solo hacia el futuro.
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La Contraloría concluye que el dictamen N° 16.855, de 2019, reconsideró tácitamente el dictamen N° 3.268, de 2004, por lo que el Servicio de Salud no puede celebrar con la Universidad del Desarrollo un contrato que constituya un derecho real de uso para que esta edifique y administre un módulo docente asistencial.
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La Contraloría concluye que los planos de detalle no pueden fijar anchos de calzadas, aceras y veredas inferiores a los mínimos de la OGUC, pues están subordinados a los instrumentos de planificación territorial. Rechaza la reconsideración solicitada.
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La Contraloría rechaza extender el procedimiento simplificado de rendición de cuentas solicitado por la ANID, pues la alerta sanitaria que lo justificaba expiró el 31 de agosto de 2023, sin que proceda mantenerlo más allá de ese plazo.
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La Contraloría concluye que para los sueldos superiores del artículo 182 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas se deben considerar solo los años de servicio válidos para el retiro no utilizados, y no el tiempo desde el último ascenso, sin afectar situaciones consolidadas bajo la doctrina anterior.
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La Contraloría concluye que quien subroga un cargo directivo solo tiene derecho al sueldo del subrogado, no a la asignación de responsabilidad superior, y aclara que los profesionales del artículo 7° del DL 1.770 no requieren estar asimilados a la planta directiva para recibirla.
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El dictamen confirma que el bono de reconocimiento de quienes se retiraron sin pensión y luego se reincorporaron al sistema de AFP se reajusta por IPC entre el retiro y la reincorporación, no desde la primera afiliación. Concluye que los cálculos de DIPRECA son correctos y ordena a DIPRECA y CAPREDENA pagar en 60 días.
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La Contraloría concluye que el tiempo trabajado en SERCOTEC, entidad de derecho privado, no cuenta para cumplir el año de servicio exigido por el artículo 107 de la ley N° 18.834 para usar feriado en un órgano público, por lo que se confirma el dictamen N° 9.490 de 1996 y se rechaza la reconsideración.
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La Contraloría extiende, por caso fortuito (alerta sanitaria vigente), el procedimiento simplificado de rendición de cuentas digitales de la ANID entre abril de 2022 y agosto de 2023, pero rechaza que los originales queden en poder de los privados por no acreditar medidas de resguardo.
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La Contraloría mantiene que en los parques urbanos solo las edificaciones requieren permiso municipal, no las demás faenas, y rechaza la reconsideración del SERVIU de Antofagasta, confirmando el dictamen anterior.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° E272988 de 2022, confirmando que el ISP puede exigir acreditar eficacia y seguridad de productos farmacéuticos destinados exclusivamente a exportación, al no haberse dictado el reglamento especial del artículo 97 del Código Sanitario.
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La Contraloría aclara que la gratuidad por uso de bienes nacionales de uso público de las concesionarias sanitarias incluye mantención y reparación de infraestructura, pero no la rotura y reposición de pavimentos, que sí paga derechos municipales; ordena ajustar ordenanzas de Independencia y Recoleta.
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La prórroga de contratos de enero y febrero del artículo 75 del Código del Trabajo no se aplica a todos los asistentes de la educación de los SLEP, sino solo, como excepción, a los de nivel parvulario financiados por transferencia de la JUNJI; se rechaza la solicitud.
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La Contraloría reconsidera su criterio anterior y concluye que, ante la falta de instrucciones ministeriales, todos los establecimientos de menor complejidad deben considerarse como cumplidores de los requisitos para calcular la asignación directiva, excluyendo de ese total a la Dirección del Servicio y a los CESFAM y COSAM.
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La Contraloría rechaza reconsiderar sus dictámenes y confirma que la asignación de mejoramiento de la gestión municipal debe pagarse junto con las remuneraciones de mayo, julio, octubre y diciembre, por lo que el municipio debe ajustar su reglamento a ese criterio.
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La Contraloría precisa cuándo puede pagarse la indemnización por mayores gastos generales en obras con varios aumentos de plazo: como excepción a la regla general, permite dictar el acto al terminar la ampliación indemnizable y ejecutada la obra, si hay certeza de que la ruta crítica no varió.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del SERVEL y confirma que este organismo es el competente para fiscalizar y sancionar las infracciones al artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, aplicando la multa residual del artículo 155.
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La Contraloría rechaza el nuevo requerimiento sobre las pensiones de gracia de extrabajadores de ENACAR S.A., pues el dictamen N° 15.806 de 2016 ya se encuentra cumplido y no le compete evaluar el mérito de esas decisiones presidenciales.
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La Contraloría aclara que no existe contradicción entre sus dictámenes: solo objetaron el plano interpretativo de un tramo específico del Parque Canal El Bollo, no toda su extensión. Concluye que la SEREMI debe interpretar el instrumento según cada situación concreta y ajustar dicho plano al PRMS.
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La ley N° 21.280 solo extendió el procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos, no todo el Código del Trabajo. Por eso se rechaza la reconsideración y se mantiene que las normas sobre prácticas antisindicales no les son aplicables, rigiendo en su lugar las leyes N°s. 18.575, 18.834 y 19.296.
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El dictamen aclara que el CIP no está entre los certificados del artículo 130 de la LGUC, por lo que su cobro debe fijarse en la ordenanza municipal conforme al artículo 42 del DL 3.063. Concluye reconsiderando el oficio regional y validando el monto de la ordenanza de Rengo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que los consejeros regionales deben usar el concepto de conglomerado urbano del decreto exento N° 90 para sus estipendios y que su viático equivale al del gobernador regional con los límites del artículo 8° del DFL N° 262.
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La Contraloría aclara que el oficio del SEA no limita las áreas de preservación ecológica al PRMS, sino que instruye considerar las áreas de protección de recursos de valor natural definidas en los IPT conforme a la OGUC. Concluye que no hay irregularidad, pero ordena al SEA adecuar sus instrucciones sobre el objeto de protección de las APE en 30 días.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del GORE de Magallanes y confirma que los recursos del Fondo de Contribución Regional 2021-2022 se distribuyeron conforme al artículo 9° de la ley N° 21.210, aplicando la regla general y no la excepción pretendida.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de los dictámenes sobre el tercer sueldo superior y el reintegro de pagos indebidos, y concluye que la resolución que fija la deuda se notificó tácitamente, al haber tomado conocimiento el afectado sin reclamar previamente su nulidad.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de los dictámenes que exigían devolver el tercer sueldo superior pagado indebidamente a empleados civiles de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, al no aportar nuevos antecedentes.
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El dictamen aclara que la prórroga de patentes provisorias del artículo 3° de la ley N° 21.353 beneficia solo a las micro, pequeñas y medianas empresas, no a todas las que solicitaron patente provisoria. Concluye confirmando ese ámbito restringido, sin aplicar excepción a la regla general.
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La Contraloría rechaza la solicitud de invalidar la notificación del dictamen E202558, de 2022, y de notificarlo nuevamente por correo electrónico y carta certificada, pues estima que fue válidamente notificado en el domicilio registrado y que la interesada fue informada del mecanismo para consultar su estado en la web institucional.
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La Contraloría rechaza el recurso de reposición de cuatro municipalidades, confirmando que deben respetar la prescindencia política y usar sus recursos solo en funciones propias. Como excepción, permite informar sobre materias municipales del plebiscito sin promover posturas.
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La Contraloría concluye que no modifica sus instrucciones sobre legitimación para dictámenes, conservación documental ni denuncia penal, pues ya existen canales y normativa aplicables; solo pondera caso a caso las denuncias según interés público y recursos.
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La Contraloría cambia su criterio: un funcionario que ya usó parte de su feriado puede completar los días adicionales cuando alcanza la antigüedad que da derecho al feriado progresivo. Reconsidera la jurisprudencia anterior y reconoce, de forma extraordinaria, el beneficio a la recurrente.
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La Contraloría elimina la exigencia de certificación del Ministerio de Educación para pagar directamente a la funcionaria el beneficio de sala cuna cuando su hijo menor de dos años con enfermedad grave no puede asistir y no existe sala cuna con atención domiciliaria, pues tales establecimientos no pueden prestar ese servicio.
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El dictamen concluye que el personal de Carabineros puede reclamar ante la Contraloría por vicios de legalidad, aplicando supletoriamente el artículo 160 de la ley N° 18.834, con plazo de 10 días hábiles, y rechaza la reconsideración de Carabineros.
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La Contraloría reconsidera su jurisprudencia y concluye que la compensación del feriado proporcional debe incluir, además de los días hábiles, domingos, festivos y sábados, aplicando la excepción al criterio anterior.
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La Contraloría reconsidera su jurisprudencia anterior y concluye que la devolución de los aportes descontados por error al fondo de desahucio del DFL N° 338, de 1960, debe hacerse reajustada según el IPC entre la fecha de su integro y la de restitución, y no en su valor nominal.
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La Contraloría confirma que la COMPIN puede pedir a la comisión médica del DL 3.500 declarar la irrecuperabilidad de un funcionario, con efectos estatutarios y previsionales, y que los exámenes los financia el funcionario interesado.
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La Contraloría concluye que el CNED no puede conocer apelaciones contra decisiones de la CNA sobre el plazo de acreditación, pues otorgarle esa facultad exige una ley y no una interpretación administrativa.
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El MBN ya dejó sin efecto el término unilateral de la concesión y está constituyendo el tribunal arbitral para resolver la controversia, por lo que el cumplimiento del dictamen está en curso y no se advierten reproches.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Chillán Viejo porque no hay error de hecho: solo discrepa de la interpretación del órgano de control, y el caso citado difiere en los hechos acreditados.