Contraloría General de la República
Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, del más reciente al más antiguo. Página 25.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoTemas de Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón de la resolución que distribuye el presupuesto del Fondo de Desarrollo de Magallanes y la Antártica Chilena, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que el Gobierno Regional debe cumplir el artículo 2° de la ley N° 19.275 al ejecutar esos recursos.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere fondos a la cuenta bancaria seis del sistema de transporte público de Santiago, aunque hace presente que la instrucción del Ministerio de Transportes al administrador financiero debe considerar los descuentos del artículo 3° de la ley N° 20.378.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la asignación presupuestaria es el "Aporte Institucional Universidades Estatales Ley 21.094".
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el convenio con la Universidad Católica del Maule, pero con el alcance de que la Subsecretaría debe exigir la renovación de la garantía de fiel cumplimiento conforme al nuevo plazo pactado.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación de un convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Agricultura y la Dirección General de Promoción de Exportaciones, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la aprobación del programa de caja consta en el oficio Nº 3.277, de 2022, y no como se indica en los vistos.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad de las instrucciones del SII, porque la interpretación de normas tributarias es competencia exclusiva de ese servicio; remite la presentación al SII.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba las normas sobre modificaciones presupuestarias para 2023, con alcances: los ingresos o saldos iniciales incorporados deben destinarse a gastos de capital transitorios o proyectos de inversión, salvo destino legal especial.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el presupuesto de inversión 2022 de los Gobiernos Regionales indicados, entendiendo que la disminución de M$82.371 se efectúa en el Programa de Inversión del Gobierno Regional de La Araucanía, lo que se omitió consignar en el acto.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, con alcances: los recursos dependerán de los presupuestos anuales y la participación de organismos autónomos requiere acuerdo previo.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Bienes Nacionales debe entregar en comodato a la Universidad de Chile el inmueble del Liceo Experimental Manuel de Salas, pues la ley N° 19.820 establece una excepción al régimen general del decreto ley N° 1.939.
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La Contraloría reinterpreta la normativa y concluye que el Instituto Geográfico Militar sí puede modificar los nombres de accidentes geográficos en su cartografía, salvo que una ley o las Comisiones Mixtas de Límites los hayan fijado, previa autorización de DIFROL cuando corresponda.
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La Contraloría se abstiene de dar curso al documento porque la transferencia de recursos no supera las 20.000 UTM y, por tanto, no está afecta a toma de razón; debe aprobarse mediante acto administrativo exento.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional del Biobío para financiar proyectos del programa inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la transferencia en cuotas debe sujetarse al programa de caja previo de la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el convenio "Mi Abogado" con la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, por ajustarse a derecho, con el alcance de que solo puede entrar en vigencia una vez totalmente tramitado el decreto aprobatorio.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el convenio de transferencia del programa "Mi Abogado", por ajustarse a derecho, con el alcance de que solo puede entrar en vigencia una vez totalmente tramitado el decreto aprobatorio.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio del Interior, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que dicha policía se relacionará con las secretarías de Estado por intermedio de la Subsecretaría del Interior.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el convenio de transferencia de recursos con la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, al estar ajustado a derecho, con el alcance de que solo puede entrar en vigencia una vez totalmente tramitado.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el convenio de transferencia de recursos del programa "Mi Abogado", por ajustarse a derecho, con el alcance de que solo puede entrar en vigencia una vez totalmente tramitado el decreto que lo aprueba.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de administración de infraestructura costera y otorga subsidio en Los Lagos, aunque observa que se emitió con evidente retraso y sin la visación previa de Hacienda exigida por ley.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, el IND puede alzar la prohibición de enajenar y autorizar la transferencia del inmueble a SNA EDUCA, para cumplir la ley N° 20.845 y mantener la subvención educacional.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia con el Servicio de Gobierno Interior, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que la transferencia debe sujetarse al programa de caja previo de la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría se abstiene de dar curso al instrumento que aprueba un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Arica, porque no se acompañaron los antecedentes necesarios para su estudio de legalidad, pese a haber sido requeridos.
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La Contraloría confirma que Hacienda y Dipres asignaron y reasignaron los recursos del FIC Regional 2020-2021 conforme a la ley de presupuestos y las normas de flexibilidad presupuestaria, sin irregularidad. Rechaza la reconsideración del GORE de Magallanes.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del presupuesto vigente de los Gobiernos Regionales que indica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se omitió consignar la letra b) de la glosa 01 del programa 05-05-06 de la ley N° 21.395.
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La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba la segunda modificación del convenio de transferencia de recursos para el proyecto "Televigilancia Móvil", porque dicho acto no está afecto a toma de razón al no superar las 20.000 UTM, por lo que debe aprobarse mediante un acto administrativo exento.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos, con alcances: el traspaso debe sujetarse al programa de caja autorizado por la Dirección de Presupuestos, y las referencias a la Ley de Presupuestos 2019 y a la Intendencia deben entenderse por las de 2022 y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere fondos a seis cuentas bancarias del Sistema de Transporte Público de Santiago, con alcance: las resoluciones de 2015 citadas fueron renovadas por las N° 41 y 40 de 2022, no como indica el documento.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el aumento de recursos para la obra en Tomé, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la subsecretaría debe extender el plazo de ejecución y sancionar ese aumento mediante un acto administrativo sujeto a toma de razón.
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La Contraloría concluye que son situaciones consolidadas los traspasos de excedentes de convenios suscritos antes del 1 de octubre de 2021, por lo que instruye dejar sin efecto el memorándum N° 001, de 2022, que fijaba como límite el 3 de diciembre de 2021.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Vialidad carece de fundamento para negar la reapertura del camino interior "Acceso a cancha" solicitada por un propietario de parcelas de reforma agraria, pues tener otro acceso no elimina su interés real y actual. Ordena regularizar su actuación.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para financiar proyectos del programa inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las cuotas deben sujetarse al programa de caja autorizado por la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que transfiere recursos a la Intendencia Regional de La Araucanía para gastos de emergencia, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los excedentes deben restituirse a rentas generales de la Nación.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Constructora Río Maule sobre el traspaso a "otros ingresos" de retenciones sin canjear, confirmando que no procede el pago por haber prescrito la obligación, sin perjuicio del derecho de la empresa a recurrir a tribunales.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del convenio de transferencia entre la Subsecretaría de Agricultura y Corfo, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el monto total de la transferencia se reduce a $3.270.300.000, aspecto omitido en el documento.
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La Contraloría toma razón del decreto que establece la distribución de recursos del financiamiento institucional para la gratuidad 2022, por ajustarse a derecho, con el alcance de haber tenido a la vista la resolución exenta N° 5.802, de 2022, sobre descuentos.
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La Contraloría concluye que el decreto que destinó un inmueble fiscal al Ejército es legal, que su reglamento ambiental se ajusta a la ley y que las actividades de entrenamiento no requieren evaluación ambiental, pero ordena al Ejército informar en 60 días sobre las medidas de protección del huemul.
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La PDI puede vender el inmueble "El Mirador del Francés" si lo declara prescindible y cuenta con autorización del Director General, aplicando el régimen especial de la ley N° 18.714; su producto debe ingresar al Patrimonio de Afectación Fiscal.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza el pago del aporte anual 2022 a la Corte Penal Internacional, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el certificado presupuestario es del 14 de julio de 2022 y no como indica el decreto.
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El artículo segundo transitorio del decreto N° 19, de 2021, solo convierte de USS a UF los aportes de convenios vigentes, sin aumentar su monto, y no se advierte ilegalidad, por lo que se desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que no hay objeción legal para que la Universidad de Tarapacá y la Municipalidad de Arica celebren un convenio de colaboración, y que los académicos supervisores pueden acceder a las fichas clínicas, siempre que el convenio restrinja su uso a los fines del artículo 10 de la ley N° 19.628.
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El dictamen concluye que, tratándose de convenios mandato del artículo 180 de la LGUC, los recursos pueden transferirse a las entidades competentes para ejecutar las obras, correspondiéndoles a ellas la atención financiera, por ser un régimen especial que exceptúa la regla general del artículo 16 de la ley N° 18.091.
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La compensación del artículo 23 de la ley de presupuestos es una facultad de los organismos públicos para recuperar recursos transferidos no rendidos, observados o no ejecutados, sin requerir sentencia judicial. No procede si el receptor privado no ha subsanado el incumplimiento, tiene rendiciones exigibles pendientes o la deuda fue castigada; respecto de entes públicos, compensar deudas prescritas es inoficioso.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por ajustarse a derecho, con el alcance de que esa secretaría debe aplicar ciertas resoluciones sobre rendición de cuentas en armonía con la resolución N° 30, de 2015, de Contraloría.
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El artículo 28 del decreto ley N° 1.263 permite exceder el presupuesto solo para cumplir sentencias ejecutoriadas, no para transacciones, conciliaciones o avenimientos, pues estos dependen de la voluntad del servicio. Concluye que esos pagos requieren disponibilidad presupuestaria previa.
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La Contraloría rechaza la solicitud del Servicio de Salud Metropolitano Norte de financiar con presupuesto institucional la alimentación de los hijos del personal en el club escolar, pues es materia de ley. No obstante, permite entregarla mediante descuento en remuneraciones o a través del servicio de bienestar.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, procede aprobar la rendición de fondos del Programa Mejoramiento de Barrios de las Municipalidades de Máfil y Cabildo, aunque los terrenos se adquirieron directamente a nombre de los comités beneficiarios y no de los municipios, como exige la regulación.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo para financiar proyectos del Programa Inversión a la Comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que las cuotas deben seguir el programa de caja autorizado por la Dirección de Presupuestos.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, procede ajustar los montos que la Universidad Pedro de Valdivia debió pagar al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, considerando solo los cupos de campos clínicos que efectivamente pudo usar durante la pandemia, para evitar un enriquecimiento sin causa del Estado.
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La Contraloría concluye que, pese a que los municipios no presentaron la información requerida dentro de plazo, el SENCE debe transferir los saldos positivos pendientes por cursos ya ejecutados, para evitar un enriquecimiento sin causa, destinándolos a los fines del programa.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del GORE de Antofagasta, pues no existe habilitación expresa para financiar alojamiento, alimentación y traslados de los integrantes del consejo comunal de la sociedad civil, al no ser gastos imprescindibles para su funcionamiento.