Contraloría General de la República
Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, del más reciente al más antiguo. Página 9.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoTemas de Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de colaboración y transferencia de recursos con CINCEL, por estar ajustado a derecho, con el alcance de que el Anexo N° 5 no forma parte del acto como allí se indica.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "MIS MUERTOS TRISTES", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "LA VIDA PADRE", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el convenio de transferencia entre CORFO y Software y Servicios Chile GECHS SPA para el proyecto "DORA SEASON 3", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría concluye que la Directora de Presupuestos no incurrió en faltas a la probidad al proyectar los ingresos fiscales 2025, pues se basó en la información disponible a esa fecha; solo recomienda implementar las mejoras metodológicas sugeridas por el FMI.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio que dispone una transferencia de recursos, con el alcance de que en lo sucesivo deberá considerar el uso obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: la rendición de cuentas no puede exceder seis meses y la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "SR. y SRA. PINOCHET", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría concluye que la exención del artículo 10 de la ley orgánica de FAMAE sigue vigente y se aplica a las tasas o derechos que cobran la DGMN y el IDIC conforme a la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio que dispone una transferencia de recursos, con el alcance de que en lo sucesivo deberá considerar el uso obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la contratación directa y aprueba el contrato de subsidio al transporte marítimo Niebla-Corral, con alcances: el servicio debe preparar con antelación sus concursos y evitar retrasos en la dictación y tramitación de sus actos.
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La Contraloría concluye que no le corresponde evaluar los aspectos técnicos y de mérito del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales, cuyos fines y beneficiarios definió el SERPAT conforme a sus atribuciones, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 473 de 2023 de Hacienda, por ajustarse a derecho, con alcances: se omitió señalar que el Contrato de Préstamo N° 5758/0C-CH fue aprobado por el decreto N° 1.041 de 2023 y la sigla SGD está mal indicada.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: el plazo de rendición no puede exceder seis meses, la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados, y el informe de avance debe cubrir enero a junio de 2025.
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La Contraloría toma razón del documento que dispone la transferencia de recursos, con el alcance de que el Ministerio debe usar, en lo sucesivo, el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC).
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "SUPERMAN EN CHILE", por ajustarse a derecho, con el alcance de que sus modificaciones deben sancionarse mediante acto administrativo afecto a toma de razón.
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La Contraloría concluye que las bases del concurso Becas Chile 2025 de la ANID cumplen la glosa 14 al fijar áreas prioritarias y una fórmula explícita para la proporción máxima de beneficiarios por área, sin advertir actuar irregular.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, aunque con el alcance de que en lo sucesivo ese acto debe señalar la situación de emergencia hídrica y sus antecedentes.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre CORFO y CODESSER para el proyecto "Rojo Corazón", por ajustarse a derecho, con alcances: se omitió el código del proyecto y las modificaciones al convenio deben sancionarse mediante acto administrativo sometido a toma de razón.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo deberá señalar en el propio acto los antecedentes que fundan la emergencia hídrica.
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La Contraloría concluye que recibir efectivo como colateral en préstamos de valores de los Fondos Soberanos constituye un empréstito que genera deuda pública, por lo que debe cumplir las normas de la ley de presupuestos y del decreto ley N° 1.263, sin aplicarse las reglas de aportes o retiros de los Fondos Soberanos.
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La Contraloría concluye que fue correcto que la Subsecretaría de Bienes Nacionales acogiera el recurso extraordinario de revisión y dejara sin efecto la regularización que había reconocido derechos a un tercero no indígena sobre un predio indígena, ordenando retrotraer el procedimiento y cancelar los títulos, sin advertir irregularidades en ese actuar.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato con Servicios Profesionales UP SpA para plataformas de análisis de datos, con alcances sobre el financiamiento, citas normativas y el monto de la garantía.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Corporación Opción y confirma que debe reintegrar los recursos no ejecutados del PRJ Iquique, pues no se configuró la situación consolidada que permitía redistribuirlos conforme a la excepción del artículo 70.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de colaboración entre la Dirección de Obras Portuarias y la Armada, entendiendo que el traslado del personal de la contratista corre por cuenta de esa empresa, y ordena cumplir las normas de rendición de cuentas.
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La Contraloría concluye que la Defensoría Penal Pública debe reintegrar a la Tesorería General de la República los pagos duplicados o en exceso del sistema centralizado, incluyendo reajustes e intereses, pero no aquellos pagos directos ajenos a ese sistema.
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La Contraloría rechaza la solicitud de DIPRECA para rendir cuentas mediante un procedimiento simplificado de las transferencias de las asignaciones 24-03-284, 287, 289 y 290, pues no acreditó condiciones excepcionales que justifiquen aplicar esa excepción a la regla general.
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La Contraloría toma razón de la resolución que ordena devolver $802.097.069 a Noa Participacoes Ltda. por Impuesto Adicional, con el alcance de que no se pronuncia sobre la devolución de enero de 2020, exenta por ser inferior a 5.000 UTM.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Educación Pública actuó correctamente al no transferir la segunda cuota del FAEP a la Municipalidad de Ránquil, porque esta ingresó el informe de avance fuera del plazo convenido (21 de octubre de 2024). No es una sanción, sino aplicación estricta del convenio.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el Reglamento del Consejo de Defensoría del Contribuyente, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la referencia al artículo 8° del reglamento debe entenderse hecha al artículo 7°.
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La Contraloría toma razón del documento que transfiere los fondos a la cuenta bancaria seis, pero advierte que no consta el cumplimiento oportuno de la cláusula 5.4 del contrato, lo que deberá tenerse presente para lo dispuesto en el oficio N°E125048.
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La Contraloría concluye que los recursos para los incentivos al retiro de las universidades estatales deben registrarse como ingreso y gasto, no como cuentas por cobrar y pagar, reconociendo la obligación y el derecho simultáneamente al emitirse el acto administrativo y producirse el cese.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de arriendo de plataforma de comunicaciones y seguridad tecnológica para la Presidencia, con el alcance de que en lo sucesivo se indique el monto imputado al presupuesto del año en curso.
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La Contraloría rechaza eximir de toma de razón las resoluciones del IPS que aprueban transferencias de recursos a la FACM, pues deben someterse a control de legalidad si superan el monto fijado en la resolución N° 36, de 2024, y el IPS debe ajustar el convenio de 2019 a la normativa vigente.
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La Contraloría concluye que las diferencias entre ingresos devengados y percibidos en Maipú infringieron la normativa contable, por lo que el municipio debe informar en 30 días las medidas adoptadas y devengar obligatoriamente todas sus transacciones, aplicando la regla general sin excepción.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del municipio de Pudahuel y mantiene que a este le corresponde administrar el Camino Rinconada según su origen y naturaleza, al no existir nuevos antecedentes. Además, ordena instruir un proceso disciplinario por el vencimiento y no renovación de las garantías de urbanización.
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La Contraloría aclara el tratamiento contable de existencias vencidas u obsoletas y de gastos en bienes de uso: las existencias deterioradas se reconocen como gasto patrimonial, y los gastos de diseño no asociados a un proyecto específico y las mantenciones menores también se registran como gasto.
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El dictamen concluye que el Fondo de Desahucio de DIPRECA debe registrarse contablemente dentro de la contabilidad institucional, pues sus recursos integran su patrimonio y se rigen por el decreto ley N° 1.263; no procede una contabilidad separada.
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La Contraloría concluye que no procede extraer ni transferir recursos del Programa Asentamientos Precarios para financiar proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda mediante aportes adicionales, pues el principio de legalidad del gasto lo impide; cualquier aumento requiere modificación presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
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La Contraloría concluye que "instituciones privadas" en la ley de presupuestos comprende, por regla general, solo a las sin fines de lucro, salvo excepciones legales, y que no procede exigir garantías superiores al 5% en concursos públicos, aunque sí en asignaciones directas excepcionales.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del contrato de producción de viajes de prensa, con alcances: debe indicarse el monto imputado al presupuesto 2025, condicionar pagos futuros a disponibilidad presupuestaria, precisar causales de término anticipado y corregir la identificación de la garantía.
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La Contraloría concluye que no le corresponde autorizar a la ANID para declarar incobrables los créditos por licencias médicas impagas, pues esa facultad recae en los Ministerios del ramo y de Hacienda, sin perjuicio de las responsabilidades por el cobro tardío.
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La Contraloría rechaza la solicitud de CONADI de rendir mediante procedimiento simplificado los recursos transferidos a INDAP, pues las dificultades operativas invocadas no constituyen una condición excepcional que lo justifique.
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La Contraloría concluye que el Servicio actuó ajustado a derecho al no exigir garantías en los concursos de 2024, pues los colaboradores eran beneficiarios y no ejecutores según el oficio circular N° 11; tampoco se requería autorización de la DIPRES porque la ley N° 20.032 permite convenios de hasta tres años.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general sobre intereses municipales, la Municipalidad de La Serena debe traspasar al Servicio de Bienestar los intereses generados por los saldos en su cuenta corriente separada, pues esos fondos están afectos a los fines de la ley N° 19.754.
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La Contraloría concluye que, como regla general, no procede pagar horas extraordinarias al personal del Servicio de Gobierno Interior con cargo a los recursos de la glosa 07 para emergencias, salvo la excepción de personal a honorarios contratado para la emergencia, si tales beneficios se pactaron en sus contratos en las mismas condiciones y requisitos que los funcionarios públicos.
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La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba los convenios ad referéndum N°s 3 y 4, entendiendo que la etapa 2.2.16 "Implementación Consulta Indígena" inicia el día 570, y ordena adoptar medidas para aprobar oportunamente los convenios, dado el evidente retraso.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad entre julio y diciembre de 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos para financiar proyectos del Programa Inversión en la comunidad entre julio y diciembre de 2025, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la rendición de cuentas no puede exceder seis meses desde el término de las actividades.