Contraloría General de la República
Educación
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre educación, del más reciente al más antiguo. Página 5.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónTemas de educación
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Coihueco no pudo desvincular al recurrente, pues gozaba de fuero gremial al momento del despido; por excepción, debe reincorporarlo y reubicarlo en otras funciones, reintegrando la indemnización percibida.
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La Contraloría toma razón del documento que reajusta las remuneraciones del personal de la Universidad de Santiago de Chile, con alcances: precisa que la asignación de dirección ya está contenida en la resolución N° 16, de 2023, y corrige la imputación del gasto.
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La Contraloría concluye que Claudia Mora Rojas estaba inhabilitada para ser comisionada experta porque sus funciones como directora de sede del Instituto Profesional AIEP implicaban decisiones estratégicas y patrimoniales, aunque fueran transitorias. Por eso, el Ministerio de Educación debe invalidar su nombramiento.
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La Contraloría concluye que la DNSC no acreditó los fundamentos del trato directo para contratar la asesoría externa, debiendo evitar su repetición; no obstante, como la consultoría ya se ejecutó, la Municipalidad de Santa Juana debe pagarla para evitar un enriquecimiento sin causa.
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La Contraloría concluye que el decreto que fija un nuevo orden de subrogación del Director de Educación Pública es legal, pues solo rige para ausencias o impedimentos temporales, no para vacancias, y que el nombramiento de la señora Sáez se ajustó a derecho.
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La Contraloría concluye que las tres docentes cumplen los requisitos del inciso tercero del artículo vigésimo transitorio de la ley N° 20.903 —excepción a la regla general— para recibir la asignación de responsabilidad técnico-pedagógica, incluidos los cargos técnico-pedagógicos y no solo los de exclusiva confianza del director, por lo que la Municipalidad de Temuco debe pagarles dicho beneficio.
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El dictamen concluye que el bono del permiso sin goce de remuneración de la ley N° 21.247 debió pagarse con cargo a la transferencia de la JUNJI a los SLEP para jardines infantiles VTF en 2021, por lo que esos gastos deben incluirse en la rendición de cuentas del SLEP Costa Araucanía.
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La Contraloría concluye que el sostenedor puede reubicar al inspector general cesado en otro establecimiento municipal, incluso de adultos y nocturno, sin aplicar el PADEM ni el artículo 42, y desestima el reclamo.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica las Bases Curriculares de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con el alcance de precisar que "oficios" y "técnico profesional" aluden a la Educación Media Técnico-Profesional con Formación en Oficios y en Especialidades, respectivamente.
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La gratuidad se mantiene si el cambio de carrera o institución ocurre en el segundo semestre, pues la ley no exige que sea al final del año académico. La Subsecretaría debe instruir los procedimientos y el Mineduc coordinar el reembolso a la estudiante afectada.
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Las universidades estatales están obligadas a entregar a los parlamentarios la información solicitada sobre las actividades de conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, pues su autonomía no las exime de ese deber legal.
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La Contraloría concluye que el SLEP Maule Costa se apartó de la ley al convocar concursos públicos separados para 26 cargos a contrata, en vez de un único concurso cerrado para el personal DAEM. No obstante, aplicando la buena fe, permite que los designados conserven sus cargos.
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La Contraloría concluye que es conforme a derecho que JUNJI e INTEGRA entreguen alimentación a su personal con cargo al programa de alimentación escolar, pues así lo prevén las bases de licitación, sin advertirse modificaciones ni incumplimientos.
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La Contraloría concluye que no hubo irregularidades en el proceso de la SUBESUP para fijar los valores regulados 2025: hubo participación efectiva de las IES y el criterio de complejidad institucional está fundamentado.
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La Contraloría toma razón del documento que ordena transferir fondos a la administradora provisional de los establecimientos educacionales antes administrados por la Corporación Municipal de Tiltil, pues se ajusta a derecho, con el alcance de que modifica el decreto exento N° 324, de 2024, del Ministerio de Educación.
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El dictamen determina que el tiempo trabajado en PRODEMU no puede considerarse para acceder a los beneficios por retiro de las leyes N°s. 21.003, 19.882 y 20.948, porque esa entidad es una persona jurídica de derecho privado que no forma parte de la Administración del Estado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases y anexos para el servicio BAES 2025-2026, con alcances: el servicio debe precisar en el sistema la terminación anticipada del contrato por inhabilitación para contratar y aclarar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
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La Contraloría concluye que la Universidad Católica del Norte es una entidad privada para efectos presupuestarios, por lo que las transferencias que le haga el Gobierno Regional de Antofagasta deben cumplir la normativa sobre transferencias a instituciones privadas de la Ley de Presupuestos 2024.
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La Contraloría concluye que renovar con menos horas a un docente con fuero gremial es improcedente, pues el fuero exige mantener la misma jornada; si acredita su fuero, el municipio debe restituir la carga horaria y renovar en iguales condiciones.
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La Contraloría concluye que la ANID debe admitir las solicitudes de extensión COVID-19 de becarias de doctorado, computando el plazo de la beca sin la extensión por pre y post natal, pues lo contrario sería discriminatorio.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio de Educación que aprueba el convenio que entrega la administración del Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue a la Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril, por ajustarse a derecho, haciendo presente una posible discrepancia en el deslinde poniente del inmueble.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con fondos de la transferencia la indemnización por años de servicio si se recontrata inmediatamente al mismo personal, pues ello desnaturaliza el gasto público. Instruye a JUNJI prohibir expresamente esa práctica y recuperar los fondos.
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La Contraloría concluye que el rector de la Universidad de La Frontera no puede ser reelegido para un nuevo período (2026-2030), porque ya completó el límite de una reelección permitido por el artículo 21 de la ley N° 21.094.
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La Contraloría concluye que las deudas previsionales y de salud y sus recargos pueden pagarse con ingresos propios de la corporación o con subvenciones municipales solo si estas financian las funciones del personal respectivo; la subvención educacional no puede cubrir a trabajadores ajenos a la educación.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Lota, pues no hubo error de hecho: la titularidad de la docente deriva directamente de la ley N° 21.399, sin requerir solicitud previa.
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La Contraloría concluye que el SLEP no incumplió sus obligaciones: la cena del día del profesor es un beneficio colectivo no exigible individualmente, y se acreditaron las jornadas de autocuidado y capacitaciones. La denuncia sobre desigualdad salarial se desestima por falta de antecedentes.
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La Contraloría concluye que, de forma extraordinaria, el MINEDUC debe reconocer a la recurrente su derecho a la bonificación por retiro de la ley N° 20.964, aplicando una excepción, y ordena el pago íntegro de dicho beneficio.
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La Contraloría toma razón del documento que distribuye recursos de gratuidad 2024 a las instituciones de educación superior indicadas, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe mencionarse que solo comprende el monto del literal a) del artículo trigésimo octavo transitorio.
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El dictamen concluye que los inmuebles de establecimientos que perdieron su reconocimiento oficial al 31 de diciembre de 2014 permanecen afectos al servicio educacional y deben traspasarse al SLEP, salvo que la municipalidad haya suscrito y cumplido un Plan de Transición. Respecto de los establecimientos en receso que no comunicaron su reinicio, se aplica el artículo 25 del decreto N° 315 en su versión vigente a 2014, operando la renuncia tácita al reconocimiento oficial.
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La Contraloría concluye que el CFT no puede pagar viáticos ni reembolsar gastos a los miembros de su directorio por actividades distintas de la asistencia a las sesiones de ese órgano, pues solo ciertos directores tienen derecho a reembolso y únicamente por asistir a dichas sesiones.
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El MINEDUC puede revisar la legalidad de los actos de los procesos extraordinarios 2016-2021 sobre el bono del artículo 59 de la ley N° 20.883 e iniciar su invalidación o regularización. Respecto de la prescripción, se aplica la regla de dos años del Código del Trabajo, pero esta se interrumpe si el beneficio se impetró oportunamente y la omisión fue de la Administración, lo que no se acredita para todos los excluidos.
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El dictamen concluye que un integrante no funcionario del Comité Directivo Local de un SLEP no puede renunciar anticipadamente a la dieta, pues es una compensación de orden público; solo puede renunciar una vez devengado el derecho.
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La Contraloría toma razón del decreto con fuerza de ley que aprueba el mecanismo de participación del Estado en el Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto de la Universidad de Chile, con el alcance de que las enmendaduras deben ser visadas por la autoridad o ministro de fe.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2023, de Educación, porque la regulación de los académicos por horas de clases atenta contra la carrera funcionaria y no se ajusta a la ley N° 21.094, y porque falta un régimen transitorio para los actuales profesores por horas.
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El beneficio educacional de la ley N° 19.992 puede traspasarse una sola vez a un descendiente hasta segundo grado de consanguinidad, pero la normativa no permite volver a cederlo si ese cesionario no lo usó. Concluye que no procede un nuevo traspaso.
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La asignación de antigüedad puede absorber la planilla suplementaria de una funcionaria traspasada al SLEP, pues esta solo evita la merma al traspaso y se reduce con mejoramientos futuros. Concluye que el actuar del SLEPH se ajustó a derecho.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el Estatuto de la Universidad de La Serena, por estar ajustado a derecho tras subsanarse las observaciones. Precisa que los directivos son funcionarios no académicos y que la referencia a labores de servicio alude al estamento auxiliar.
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La Contraloría toma razón del decreto del Ministerio de Educación que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de la Región Metropolitana y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que ese ministerio deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 27, de 2023, de Educación, que aprueba el Estatuto de la Universidad de Magallanes, porque su artículo 14, letra h), restringe garantías constitucionales de igualdad y libertad sindical, excediendo la ley delegatoria.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 26, de 2023, de Educación, que aprueba el Estatuto de la Universidad de La Serena, porque su artículo 16 restringe la garantía constitucional de admisión a funciones públicas. Además, formula alcances sobre comisiones de servicio y personal no académico.
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La Contraloría toma razón del decreto con fuerza de ley que aprueba el Estatuto de la Universidad de Antofagasta, por ajustarse a derecho, con alcances sobre el artículo 75: los directivos son funcionarios no académicos y las labores de servicio corresponden al estamento auxiliar.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica la distribución de recursos al CFT Estatal de Aysén y regulariza actividades, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el Ministerio de Educación deberá supervisar la correcta y oportuna ejecución de esos recursos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el formato tipo de convenio para proyectos de universidades estatales, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el ministerio debe usar el SISREC desde el 2 de enero de 2024.
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La Contraloría confirma que la indemnización de la exjefa del DAEM de Putre debe pagarla la Municipalidad de Putre, con recursos fiscales que le transferirá el Ministerio de Educación, y que luego puede pedir reembolso a la Dirección de Educación Pública conforme a la glosa presupuestaria 2024.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el presupuesto 2024 de la Universidad de Chile por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo se cumpla el plazo de los artículos 50 de la ley N° 18.591 y 4° del decreto N° 180, de 1987.
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La Contraloría concluye que fue ilegal el despido de una asistente de la educación de la Municipalidad de Santiago, pues el decreto no acreditó la causal invocada y contradijo el PADEM 2024. Ordena reincorporarla y pagarle las remuneraciones por el tiempo indebidamente alejada.
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La Contraloría concluye que los asistentes de la educación de categoría profesional sí pueden desempeñarse como coordinadores del PIE, acogiendo la reposición y dejando sin efecto la exigencia de que sean exclusivamente profesionales de la educación.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación del convenio entre la Subsecretaría de Educación Superior y la Universidad de Playa Ancha, por ajustarse a derecho, aunque instruye enviar oportunamente estos instrumentos a toma de razón.
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La Contraloría concluye que, tras el traspaso educacional, el SLEP puede celebrar convenios para facilitar transitoria y parcialmente espacios de sus establecimientos a fines comunitarios o deportivos, siempre que se resguarde preferentemente el derecho a la educación y la adecuada mantención de la infraestructura.
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La Contraloría concluye que el personal no académico de la Universidad de La Serena no tiene derecho a la asignación de antigüedad del decreto ley N° 249, porque prevalece el régimen remuneratorio propio de la universidad, que no la contempla.