Contraloría General de la República
Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, del más reciente al más antiguo. Página 3.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Fuerzas Armadas, de Orden y GendarmeríaTemas de Fuerzas Armadas, de Orden y Gendarmería
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que no procede pagar remuneraciones por el período de prisión preventiva, pues la decisión del Ministerio Público de no perseverar no equivale a absolución ni sobreseimiento definitivo, por lo que Carabineros debe adoptar medidas para revertir esos pagos.
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La Contraloría concluye que los recursos del Fondo para Obras de las Fuerzas Armadas deben contabilizarse de forma separada conforme al decreto ley N° 1.263 y la resolución N° 16, de 2015, aprobando la propuesta de la Armada con precisiones sobre conciliación bancaria y reportes vía SIREF.
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La Contraloría concluye que, al prepagar un crédito del Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros, solo pueden cobrarse el capital adeudado, intereses hasta la fecha de pago efectivo y una comisión máxima de mes y medio de intereses, ordenando a la DIBICAR remitir una liquidación actualizada.
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El dictamen concluye que las contrataciones a honorarios de las consultantes, pagadas con recursos transferidos por SENDA mediante una cuenta complementaria, no se rigen por el dictamen N° E173171 de 2022, por lo que se desestiman sus requerimientos.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del teletrabajo regulado en la ley N° 21.526, la DGAC puede disponer que el funcionario con discapacidad trabaje íntegramente en forma remota, como ajuste razonable mientras concluye su rehabilitación, revisando periódicamente que se mantengan las condiciones.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato de compra de kits forenses para la PDI, con el alcance de que su pago debe imputarse a la cuenta contable N° 214-05 conforme al decreto N° 154 de 2024, y no como indica su resuelvo 2°.
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El dictamen concluye que no procede incorporar el mecanismo excepcional de reajustabilidad del decreto N° 304/2023 ni el del artículo 14 transitorio del Reglamento de Obras Públicas, pues el contrato no ingresó al Sistema Nacional de Inversiones y se rige por el reglamento de las Fuerzas Armadas, a suma alzada y sin reajustes.
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La Contraloría concluye que procede pagar los trabajos adicionales ejecutados por errores del proyecto, aunque no fueron autorizados formalmente, para evitar un enriquecimiento sin causa, ordenando aclarar su valor; en cambio, rechaza los mayores gastos generales por la pandemia y los reajustes e intereses.
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La Contraloría concluye que el cambio de criterio del dictamen N° 24.526, de 2018, solo rige para destinaciones a unidades penales posteriores a su emisión; por excepción, quienes fueron adscritos a DIPRECA antes de esa fecha conservan el derecho a que se reconozcan y traspasen todos sus desempeños previos en Gendarmería, por lo que DIPRECA debe aplicar ese criterio a los casos pendientes y revisar los ya devueltos.
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La Contraloría concluye que, por excepción a la regla general, el funcionario mantiene el derecho a la asignación de zona durante una comisión de servicio inferior a seis meses, pues conserva su residencia. Ordena al Ejército regularizar su situación y dejar sin efecto la resolución que exigía restituir esas sumas.
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El dictamen concluye que la compra del Ejército para la Misión Militar en EE.UU. no se rige por la ley N° 19.886, sino por el reglamento especial de la ley N° 18.948 (excepción), y que el procedimiento se ajustó a la normativa aplicable.
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La Contraloría mantiene que los funcionarios que no son dirigentes gremiales y asisten a asambleas sindicales dentro de la jornada deben devolver ese tiempo para recibir remuneraciones, pues no existe norma legal que autorice pagarlas. Rechaza la reconsideración solicitada.
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La Contraloría concluye que el sobresueldo por "especialidades peligrosas" del artículo 9° del decreto N° 669 no se extiende a las labores de remoción y destrucción de municiones en racimo de la Convención de Oslo, pues la norma solo comprende "minas explosivas" y no otros artefactos.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del artículo 33, quienes buscan ascender sobrepasando a funcionarios de mayor antigüedad no pueden usar abonos de tiempo y deben cumplir la permanencia efectiva en el grado.
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La Contraloría reconsidera el dictamen de 1975 y concluye que el personal de Carabineros declarado con salud irrecuperable puede sumar los seis meses de licencia médica y los cuatro meses de sueldo en actividad antes de percibir su pensión, por no aplicarles el Estatuto Administrativo; en cambio, mantiene el dictamen de 1983 para Gendarmería.
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La asignación familiar mal pagada a funcionarios de Carabineros es un beneficio pecuniario sujeto a la facultad del artículo 67 de la ley N° 10.336, por lo que Contraloría puede condonar o dar facilidades para su reintegro, reconsiderando la jurisprudencia anterior.
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La Contraloría concluye que el Ejército actuó correctamente al invalidar la adjudicación y reevaluar la experiencia según las bases, bastando una factura por contrato para acreditarla, por lo que desestima el reclamo de la empresa recurrente.
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La Contraloría concluye que el término anticipado del contrato dispuesto por la Dirección de Bienestar de Carabineros se ajustó a la normativa y al convenio, al constatar incumplimiento grave e incapacidad técnica del contratista. Ordena formalizar la resolución de término y la liquidación del contrato en 20 días.
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La Contraloría toma razón del documento que establece las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en la fiscalización de la ley N° 17.798, con alcances: su colaboración no puede implicar funciones privativas de las Fuerzas de Orden ni actuar autónomamente, quedando sometidas a la autoridad civil.
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La Contraloría exige a la Dirección de Logística de Carabineros remitir, a la brevedad, la resolución que liquida el contrato de la Escuela de Caballería, representada en 2019 y 2023 y no reingresada, para su control de juridicidad, informando en 10 días.
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La Contraloría toma razón del documento que revoca el decreto N° 59 de 2007 y fija el valor hora docente para Carabineros, por ajustarse a derecho, con alcances sobre errores en las fechas citadas y la norma referida.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de programa académico entre el Fisco-FACH y la Universidad Adolfo Ibáñez, con alcances: el plazo de pago es de 30 días desde la factura, no el del acto, y la remisión debe ser a la cláusula sexta.
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La Contraloría concluye que la exigencia de título profesional para ascender en la Reserva Militar rige solo desde el dictamen N° 86.469, de 2013, y no afecta a quienes ya eran oficiales de reserva antes de esa fecha, por lo que estos pueden ascender cumpliendo los demás requisitos.
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La Contraloría rechaza el reclamo sobre la garantía de seriedad en la licitación de Carabineros, pues la interpretación del "valor total de la oferta" fue razonable y no arbitraria, sin perjuicio para la Administración. Ordena a Carabineros evitar que situaciones así se repitan.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza el pago del sobresueldo de unidades de orden y seguridad especializada de Carabineros, con el alcance de que se aplique solo a funcionarios que cumplan los requisitos normativos.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza el pago del sobresueldo de unidades especializadas de Carabineros, con el alcance de que solo comprende a funcionarios que cumplen los requisitos normativos.
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La Contraloría concluye que es inoficioso pronunciarse sobre el financiamiento solicitado por Carabineros, pues SENAPRED ya contrató y presupuestó el arriendo de equipos P25 y firmó un convenio de uso de la red, instando a las entidades a coordinarse y evitar reiterar esta situación.
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La Contraloría concluye que el costo de obtener y renovar las licencias aeronáuticas de mantenimiento (ayudante de mecánico, mecánico, supervisor e ingeniero) que Carabineros necesita para sus funciones debe ser asumido por la institución policial, aplicando el mismo criterio del dictamen N° 98.070 de 2014.
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La entrega en comodato del equipo de cirugía robótica “Da Vinci” al Hospital DIPRECA es pertinente porque cumple los fines del Fondo para Hospitales de Carabineros, beneficiando a su personal y cargas familiares (aplica criterio del dictamen N° 12.145, de 2019).
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La ley N° 21.409 exige haberse desempeñado en las instituciones que indica, entre ellas hospitales institucionales, y la Central Odontológica del Ejército no es un hospital institucional. Contraloría concluye que no procede reconocer el descanso reparatorio a la recurrente.
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La Contraloría concluye que la demora de la Dirección de Bienestar de Carabineros en entregar el terreno afectó la programación de las obras, por lo que debe reconocer un aumento de plazo y pagar los mayores gastos generales correspondientes.
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La Contraloría concluye que el ascenso de un funcionario suspendido preventivamente debe regir retroactivamente desde la fecha que le habría correspondido, pues el "alzamiento" de la suspensión equivale a dejarla sin efecto, aplicando la excepción del artículo 30 inciso segundo del DFL N° 1.791.
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La Contraloría concluye que los ingresos del Duty Free son ingresos propios de la DGAC y deben incorporarse al presupuesto público, rechazando su manejo extrapresupuestario y ordenando regularizar los registros contables.
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La Contraloría concluye que la normativa del Ejército sobre tatuajes no es discriminatoria ni irregular, pues no prohíbe tenerlos: solo exige que el personal activo los mantenga ocultos al usar uniforme, con sanciones eventuales si se incumple.
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La Contraloría concluye que los oficiales que sirvieron como conscriptos menos de un año solo pueden computar ese tiempo y sus dos últimos años de estudio, sin completar los tres años, por lo que no procede acceder a lo solicitado.
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El dictamen concluye que el reintegro de remuneraciones por el periodo de arresto domiciliario es legal y no está prescrito, pero ordena al Ejército fundamentar el monto y remitir antecedentes a la Contraloría en 10 días hábiles.
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza la Gratificación Especial de Fuerzas Especiales al personal de Carabineros que indica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la "Comisaría FF.EE. Magallanes" es la "5°" Comisaría, dato omitido.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza la salida de tropas del Ejército y la Armada del territorio nacional, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe mencionarse en sus Vistos el fundamento constitucional del artículo 32, números 15 y 17.
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El dictamen concluye que el Hospital de Carabineros no tiene facultades para celebrar el contrato de recaudación con COOPEUCH, por lo que debe dejarlo sin efecto, y que los ingresos obtenidos deben registrarse en el presupuesto como venta de servicios, no como fondos internos.
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La Contraloría toma razón del decreto que cambia la denominación de una unidad penal a "Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad", por ajustarse a derecho, con alcances por errores en la fecha de promulgación y en un entrecomillado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que fija niveles de sueldos base para el personal auxiliar de la DGAC, pues se ajusta a derecho, con alcances: esos niveles deben aplicarse desde el 1 de julio de 2024 y se corrige el año de la ley N°21.578 (2023).
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El gasto por el sistema Transbank para pagos con tarjetas en las oficinas de Seguridad Privada de Carabineros debe imputarse al subtítulo 22, ítem 10, asignación 999, del Clasificador Presupuestario, según lo concluido en armonía con DIPRES.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia de recursos a la PDI, por ajustarse a derecho, aunque con alcances por errores en la transcripción del convenio que el servicio deberá considerar.
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El tema principal es el reclamo por la notificación de la destitución al abogado del sumario, alegando que su mandato no lo autorizaba a recibirla. Contraloría concluye que el mandato era amplio y habilitaba al abogado para recibirla, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que no procede pagar las remuneraciones en dólares de funcionarios de Carabineros en comisión en el extranjero mediante depósito parcializado en dos cuentas corrientes, pues la asignación de costo de vida ya cubre esos mayores gastos y ello elevaría los costos operacionales del servicio.
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La Contraloría concluye que la PDI puede ponderar los antecedentes y sanciones de un funcionario en retiro para otorgar o denegar el porte de armas, dado su carácter excepcional, y que en este caso el rechazo de la renovación solicitada no presenta irregularidades.
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La Contraloría concluye que la reliquidación de pensiones de estos exfuncionarios debe calcularse sobre los 5 años completos desde su llamado al servicio, aunque asumieran después, computando ese lapso para efectos previsionales.
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La Contraloría concluye que, como el permiso administrativo del funcionario fue autorizado retroactivamente cuatro días después del accidente, la jefatura debe instruir una investigación sumaria para determinar si este ocurrió en acto del servicio, dejando sin efecto la resolución que lo negó.
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La Contraloría rechaza la solicitud de excluir al exfuncionario del listado de deudores del tercer sueldo superior, pues no hay antecedentes nuevos que permitan reconsiderar lo ya resuelto. Ordena a la Subsecretaría informar si ha solicitado el descuento de las sumas adeudadas conforme al artículo 67 de la ley N° 10.336.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación para el canje de vestuario de la PDI, con alcances: la entidad debe precisar el tope de multas y el formulario de integridad, y verificar inhabilidades.