Contraloría General de la República · Compras Públicas (Ley 19.886)
Licitación Pública y Bases
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Licitación Pública y Bases, del más reciente al más antiguo. Página 12.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Compras Públicas (Ley 19.886), que incluye Licitación Pública y Bases, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Compras Públicas (Ley 19.886)Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de servicios de cloud computing para el sistema Epivigila, con alcances para precisar inhabilidades, puntajes de sustentabilidad, plazos de integridad y remisiones normativas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos para el servicio de salas cuna, por ajustarse a derecho, con el alcance de precisar en el Sistema de Compras la prohibición de participar a proveedores afectos a las inhabilidades del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de un tomógrafo para el Hospital de Carabineros, con alcances: el servicio debe aclarar en el sistema de compras varios requisitos de las ofertas y corregir errores formales de las bases.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases para adquirir kits tecnológicos, por ajustarse a derecho, con alcances: en las aclaraciones deberá precisarse la inhabilidad del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 y aclarar la acreditación del programa de integridad.
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La Contraloría toma razón del documento que declara inadmisible una oferta y adjudica la licitación de subsidio de conectividad rural en Santa Juana, con el alcance de que los pagos solo podrán hacerse una vez que la adjudicataria esté inscrita en el Registro de Entidades Receptoras de Fondos Públicos.
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La Contraloría toma razón del documento que amplía los plazos de la licitación fluvial Maullín–La Pasada, entendiendo que modifica el cronograma del anexo N° 12 de las bases del decreto N° 42, de 2023, y regulariza la medida de su numeral 2.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación privada de Carabineros, con alcances: en aclaraciones deberá indicarse quiénes no pueden participar y cómo acreditar el programa de integridad.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases y contratos tipo para el servicio de textos escolares 2025-2028, por ajustarse a derecho, con alcances sobre la cantidad de pueblos originarios, la acreditación del programa de integridad, la prohibición de contratar aplicable solo a personas jurídicas y un error de correlación en el pliego.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos para el mantenimiento de vehículos Toyota, con alcances: en aclaraciones deben precisarse la inhabilitación por delitos económicos, el programa de integridad y el número de pueblos originarios, y la suspensión de sanciones requiere petición fundada.
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El INGER no puede administrar residencias colectivas para personas mayores del Programa de Viviendas Protegidas, ni directamente ni mediante el SSMO, porque sus funciones legales se limitan a prestaciones de salud y no incluyen vivienda ni integración sociocomunitaria.
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La Contraloría toma razón de la resolución que autoriza la licitación y aprueba las bases para el mantenimiento del parque vehicular Dodge de Carabineros, con alcances: deben precisarse en aclaraciones la inhabilitación por delitos económicos y el programa de integridad, y corregirse dos cláusulas del pliego.
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La Contraloría concluye que el Ejército se ajustó a las bases al adjudicar al proveedor con mayor puntaje, desestimando los reclamos sobre remuneraciones, precios y vínculo familiar, pues no hubo infracción y las bases regulaban esos aspectos.
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La Contraloría concluye que no hubo arbitrariedad en las bases de licitación que otorgan mayor puntaje a productos originales, pues ello responde a una evaluación razonable de la calidad y garantía del fabricante, desestimando el reclamo.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases para contratar servicios con organismos acreditados en programas de la ley N° 20.084, con alcances: precisar el plazo de pago de multas y el término anticipado del contrato, y aclarar el tope máximo de las multas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de transporte de enseres de la PDI, con el alcance de que debe verificarse que la empresa no esté inhabilitada por condenas por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la prórroga de contrato de subsidio al transporte marítimo en Isla Santa María–Lota, pero observa que se dictó con retraso y ordena que en lo sucesivo las contrataciones se liciten oportunamente.
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La Contraloría confirma que la PDI puede revocar la licitación antes de adjudicarla, pues la decisión de reforzar la ciberseguridad es un aspecto de mérito que le corresponde evaluar. Rechaza la reconsideración de Telefónica al no advertir irregularidad ni derechos adquiridos.
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La Contraloría concluye que la DGAC se ajustó a las bases al evaluar solo el valor FOB y adjudicar a METCOM, pero le ordena fundamentar futuras rebajas y considerar todos los costos (flete, seguro) para propender a la eficiencia.
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La Contraloría concluye que es procedente incluir el comportamiento contractual anterior como criterio de evaluación en las bases tipo de CENABAST, pues está expresamente permitido por la normativa de compras públicas y la resolución fue tomada de razón.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Vialidad actuó correctamente al invalidar las adjudicaciones de ambos concursos, pues las ofertas no cumplían las bases, por lo que rechaza la reclamación; además, ordena esclarecer en el proceso disciplinario el supuesto contacto de la comisión evaluadora con empresas.
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La Contraloría concluye que el SII evaluó correctamente la experiencia del oferente adjudicado conforme a las bases, que no exigían montos mínimos ni cantidad de actividades, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación del servicio de arriendo de plataforma de comunicaciones para la Presidencia, con alcances: la institución debe precisar la inhabilitación por delitos económicos, corregir referencias a anexos y concordar plazos de contrato.
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La Contraloría concluye que la Fuerza Aérea se apartó de las bases al rechazar las ofertas de Chesterfield por no expresar la garantía en pesos, exigencia no prevista, y deberá entregarle la información del trato directo.
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La Contraloría concluye que solo doña Carmen Mora Mora mantenía un vínculo vigente con el ISL, por lo que este debe regularizar su situación designándola conforme a la ley N° 18.834 e informar en 60 días; respecto de los demás requirentes, no existía obligación de regularizar y es procedente contratar servicios con empresas externas mediante licitación, con las salvedades del dictamen N° E378918.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases para una licitación privada, con alcances: el servicio debe precisar en las aclaraciones la inhabilidad por condenas de la ley N° 21.595 y fijar el puntaje omitido para relatores con menos de 5 años y más de 12 meses de experiencia.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de una licitación de insumos y reactivos de laboratorio, por ajustarse a derecho, aunque con alcances: en la etapa de aclaraciones deberán precisarse varios puntos (inhabilitación por delitos económicos, verificación de saldos insolutos, fecha de apertura de ofertas y ajuste de valores).
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de servicios de aseo para la Seremi de la Región Metropolitana, por ajustarse a derecho, con alcances: en la etapa de aclaraciones deberán precisarse la inhabilidad de proveedores condenados por delitos económicos, el plazo para suscribir el contrato y la hora de apertura de ofertas.
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La Contraloría concluye que la adjudicación de la licitación de sillas se ajustó a las bases, pues la oferta cumplía los requisitos y el recurrente no aportó antecedentes que probaran lo contrario, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos para licitar lanchas policiales, por ajustarse a derecho, con el alcance de precisar en el Sistema de Compras que tampoco podrán contratar los condenados por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría toma razón del documento que adjudica la licitación de subsidio al transporte marítimo en zonas aisladas de Magallanes, con el alcance de que los pagos solo procederán en 2024 si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio de Transportes que modifica las resoluciones sobre la licitación de revisión técnica en Atacama, por ajustarse a derecho, e instruye notificarlo a dos empresas.
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El dictamen concluye que la cláusula de las bases que calculaba la garantía de seriedad como un porcentaje de cada oferta infringe el artículo 31 del decreto N° 250, que exige igual monto para todos los oferentes, por lo que Carabineros deberá ajustar sus futuras bases.
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La Contraloría toma razón de la resolución que fija el nuevo texto refundido de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación del servicio de defensa penal, por ajustarse a derecho, con el alcance de precisar en el Sistema de Compras que tampoco podrán contratar los condenados por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría toma razón del documento que autoriza el llamado a licitación y aprueba las bases para el subsidio al transporte marítimo en zonas aisladas de Los Lagos, con alcances sobre la declaración jurada notarial y el cómputo del plazo de evaluación.
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La Contraloría concluye que el plazo de entrega debía contarse desde la entrega personal del certificado de último destino, no desde su envío por correo, por lo que no hubo atraso; ordena dejar sin efecto la multa y devolver lo cobrado por la garantía.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Compras se ajustó a las bases al incorporar nuevos insumos médicos al convenio marco, pues estas permiten que el Ministerio de Salud los solicite por cualquier mecanismo, como el correo electrónico usado.
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La Contraloría concluye que la adjudicación a la UTP Colfer-Logistics fue regular: la exigencia de inscripción hábil en el registro de proveedores solo rige al firmar el contrato, no para ofertar, y los certificados acompañados cumplían las bases, por lo que rechaza los reclamos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación para renovar licencias de software por 36 meses, con el alcance de que el plazo de implementación será el ofertado por el proveedor adjudicado, por ser criterio de evaluación.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases y anexos de la encuesta de salud infantil 2023-2024, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la prohibición del artículo 26 letra d) del DL 211 dura cinco años desde la sentencia ejecutoriada, no dos como indican las bases y anexos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de la licitación de puentes mecanos, con alcances: corrige una remisión errónea en las bases administrativas y precisa que el precio a ingresar al Portal es el total neto del formulario N° 1-A.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases para la contratación de servicios médicos del Hospital Clínico de la FACH, pues se ajusta a derecho, con alcances: el servicio debe precisar en el Sistema de Compras el puntaje para ofertas de 2 horas de respuesta y corregir un error de redacción en el anexo D.
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La Contraloría concluye que las farmacias municipales pueden vender medicamentos por medios electrónicos con despacho por un tercero licitado, cumpliendo los requisitos sanitarios, y que la responsabilidad sanitaria por los productos despachados sigue siendo del establecimiento autorizado.
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Las bases de licitación y la adjudicación del servicio de retiro de residuos orgánicos deben someterse a toma de razón, pues la ley no distingue según el tipo de residuo domiciliario ni fija un monto mínimo, sin importar su cuantía.
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La Contraloría toma razón del decreto que adjudica la licitación y autoriza la transferencia del inmueble, con alcances: la boleta de garantía de inversión debe acompañarse antes de suscribir la escritura y el Ministerio debe hacer efectivas las garantías ante incumplimientos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de la licitación para la red de monitoreo de calidad del aire en Concón, Quintero y Puchuncaví, con el alcance de que se precise la hora de cierre y apertura de ofertas cuando el plazo venza lunes o día siguiente a inhábil.
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La Contraloría concluye que la prioridad en licitaciones de servicios habituales para empresas con convenios colectivos vigentes es obligatoria para municipios y organismos públicos, y aplica también a las cooperativas de trabajo, sin importar su naturaleza jurídica.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, las bases de licitación deben incluir un criterio de evaluación sobre si los oferentes cuentan con programas de integridad conocidos por su personal, y en tratos directos debe mencionarse en cláusulas contractuales.
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El dictamen concluye que el acto administrativo que aprueba el trato directo para la concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios debe someterse a toma de razón, aplicando excepcionalmente ese control a esta modalidad de contratación.
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El plazo para aplicar multas por incumplimientos contractuales se cuenta desde que ocurrió el incumplimiento y prescribe en cinco años; no consta si operó. Además, no es obligatorio prorrogar la garantía de fiel cumplimiento más allá del plazo de las bases.
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La Contraloría concluye que la Dirección de Compras se ajustó a la normativa al no incluir servicios de postventa en el convenio marco de viajes, decisión fundada. Además, el Gobierno Regional puede contratar por otros mecanismos si obtiene condiciones más ventajosas, y las bases no requerían toma de razón por su monto.