Contraloría General de la República
Municipalidades
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre municipalidades, del más reciente al más antiguo. Página 11.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre municipalidades, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre municipalidadesTemas de municipalidades
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que, para las patentes de 2019, la Municipalidad de Las Condes debe verificar si el objeto social de la sociedad de inversión estaba gravado según la normativa y jurisprudencia vigentes a esa fecha y, si no, devolver lo pagado.
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La prórroga de patentes provisorias por la ley N° 21.353 solo extendió su vigencia, sin eximir del pago. Contraloría concluye que los municipios deben cobrar la patente durante ese período si el contribuyente ejerce efectivamente una actividad gravada.
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El dictamen concluye que la restricción del dictamen N° E173171, de 2022, sobre contrataciones a honorarios no se aplica a quienes trabajan financiados por convenios INDAP-municipios del PRODESAL, pues cumplen funciones propias del INDAP y no provisión de personal municipal.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, procede aprobar la rendición de fondos del Programa Mejoramiento de Barrios de las Municipalidades de Máfil y Cabildo, aunque los terrenos se adquirieron directamente a nombre de los comités beneficiarios y no de los municipios, como exige la regulación.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del GORE de Antofagasta, pues no existe habilitación expresa para financiar alojamiento, alimentación y traslados de los integrantes del consejo comunal de la sociedad civil, al no ser gastos imprescindibles para su funcionamiento.
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La Contraloría concluye que el COSOC de La Reina puede elegir libremente a sus representantes ante el consejo de seguridad pública, pero sus actas deben ser escritas y no reemplazables por videos, debiendo el municipio regularizar la difusión oficial de las grabaciones.
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Las corporaciones municipales no requieren acuerdo del concejo para contratos sobre 500 UTM, pues este órgano no las integra; y sus trabajadores, no siendo funcionarios públicos, pueden formar comisiones evaluadoras de licitaciones, aplicándose excepcionalmente esa regla.
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La Contraloría concluye que quienes trabajaron a honorarios para la salud municipal y vieron su contrato iniciar el 4 de enero de 2021, por ser el primer día hábil, mantienen el desempeño continuo exigido y pueden acceder al descanso reparatorio de la ley N° 21.409, cumpliendo los demás requisitos.
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La Contraloría concluye que, excepcional y transitoriamente, el MINEDUC puede convenir con la Corporación Municipal Gabriel González Videla el pago directo de gastos de personal con cargo a la subvención, para asegurar la continuidad del servicio educativo.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Cerro Navia porque la notificación se envió como carta normal y no certificada, por lo que no puede aplicarse la presunción de plazo ni acreditarse la extemporaneidad del reclamo.
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La Contraloría concluye que las municipalidades no tienen facultades para administrar ni gestionar farmacias veterinarias, pues la atención primaria municipal solo permite facilitar medicamentos de uso médico, no veterinario; por ello el SAG no puede autorizar su funcionamiento.
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La Contraloría concluye que quien subroga al juez de policía local solo tiene derecho al sueldo base del cargo subrogado, no a las asignaciones de responsabilidad judicial ni de incentivo por gestión judicial, por lo que rechaza la reconsideración.
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La Contraloría concluye que no procede reconocer, para la asignación de experiencia ni para el componente de experiencia de la Asignación por Tramo, los desempeños docentes realizados en el extranjero por maestros del sector municipal, pues la ley solo computa servicios prestados en establecimientos educacionales del país.
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El incentivo al desempeño del artículo 8° de la ley N° 20.248 puede pagarse a todos los funcionarios del establecimiento que participen en las metas del PME, aunque sus contrataciones no se financien con recursos SEP, cumpliendo el reglamento. Se reconsidera el dictamen N° 7.633 de 2013.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla de celebrar presencialmente la asamblea de constitución de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, la municipalidad puede realizarla por medios telemáticos si estima que la protección de la salud lo impide presencialmente.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen de 2017 y confirma que aprobar un comodato sobre inmuebles municipales no incide en la administración financiera del municipio, por lo que los concejales pueden someterlo a consideración del concejo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Maipú y mantiene que la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, por tener carácter remuneratorio, debe pagarse junto con las remuneraciones en mayo, julio, octubre y diciembre.
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La Contraloría rechaza el recurso extraordinario de revisión del Municipio de Cerro Navia contra el oficio N° E75919, de 2021, porque no se configura un manifiesto error de hecho ni aparecen documentos esenciales nuevos, sino solo una discrepancia interpretativa.
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Los docentes de apoyo en aula financiados por la ley SEP realizan docencia de aula y, por tanto, deben ser evaluados en el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente, sin que quepa excluirlos por carecer de titularidad de asignatura.
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El dictamen concluye que el punto 2.4.8.6 de la DDU N° 447 es ajustado a derecho al incluir los conjuntos acogidos al artículo 6.1.8 de la OGUC como proyectos que, por beneficio urbanístico, incrementan el coeficiente de constructibilidad y elevan proporcionalmente el avalúo fiscal para calcular el aporte del artículo 175 de la LGUC.
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La Contraloría confirma lo resuelto por su Sede Regional de Valparaíso, al no advertir irregularidades en el CIP y estimar inoficioso pronunciarse sobre el anteproyecto por estar vencido y no haber servido de antecedente para un permiso de edificación.
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La Contraloría cambia su criterio y concluye que los choferes de furgón escolar y manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales son asistentes de la educación, clasificados en la categoría auxiliar, aplicando una excepción a la regla general anterior.
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La Contraloría concluye que el Registro Civil no debe incluir datos del Registro Nacional de Prófugos en los certificados de antecedentes de conductores, pues la ley no lo permite y esa información es de acceso restringido; solo debe facilitar el acceso a las unidades municipales de tránsito para que cumplan la suspensión de licencias.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, cuando la distancia impide ejercer a diario el derecho a alimentar al hijo menor de dos años, procede acumular ese tiempo y usarlo en días continuos, acordándolo con el empleador.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión porque la recurrente no acreditó un error de hecho determinante, sino que solo discrepa del criterio regional de abstenerse de pronunciarse por existir causas judiciales pendientes sobre los mismos hechos.
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La prórroga del jefe de DAEM de Ercilla se ajustó a derecho porque, al momento del traspaso al SLEP, restaban menos de cinco años, aplicándose la excepción del artículo cuadragésimo quinto transitorio de la ley N° 21.040.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Cerro Navia contra el oficio que anuló el término anticipado de una funcionaria, pues no se configura un error de hecho ni se aportan documentos esenciales nuevos.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Colina no puede cobrar derechos municipales por la ocupación del espacio aéreo para tendido de líneas aéreas de telecomunicaciones, pues los artículos invocados no la habilitan para ello.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de San Bernardo no puede negar la patente provisoria a la empresa por no contar aún con la calificación de industria inofensiva de la SEREMI de Salud, bastando acreditar que solicitó esa autorización sanitaria.
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El alcalde subrogado por postular a reelección o como concejal conserva su remuneración en todo caso, sin que la asistencia al concejo sea requisito para percibirla. Se reconsidera el oficio que exigía verificar su participación para reintegrar remuneraciones.
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La Contraloría concluye que las contrataciones a honorarios municipales deben registrarse según su régimen legal: las del artículo 4° de la ley N° 18.883 en cuentas del subtítulo 21, y las regidas por la ley N° 19.886 en la cuenta 215-22-11-999, sin pronunciarse sobre el caso concreto por falta de información.
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La Contraloría concluye que la modificación de estatutos de la CORMUSAF no se ajustó a la ley, pues no se depositó copia ante el secretario municipal y la atribución de representación al gerente contradice el Código Civil. Ordena regularizar ambas observaciones e informar en 30 días hábiles.
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La Contraloría concluye que, como excepción práctica, los municipios deben pedir a Carabineros la información de su Sistema de Automatización de Unidades Policiales para verificar si el postulante a licencia fue sorprendido consumiendo alcohol o ebrio en la vía pública en los últimos doce meses.
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La Contraloría concluye que el Concejo Municipal de La Florida actuó dentro de sus atribuciones al rechazar el cierre de una calle, por no alcanzar el quórum y fundar su decisión en la seguridad vecinal ante riesgos climáticos, sin que corresponda pronunciarse sobre esos motivos.
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La Contraloría concluye que las municipalidades pueden fiscalizar el comercio ambulante y otorgar patentes solo si la actividad es lícita, y que su rol en seguridad pública es de apoyo y coordinación con otros organismos, no de sustitución.
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Para obtener licencia profesional, el director de tránsito debe exigir certificado de curso práctico de escuela reconocida y examen teórico municipal, no un examen práctico propio; puede adoptar medidas para verificar destrezas.
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El tema principal es si el plazo de 60 días y la aprobación tácita del artículo 43 de la LGUC aplican al PRC de Pitrufquén. Concluye que no, porque el procedimiento inició antes de la ley N° 21.078, por lo que el Concejo debía pronunciarse expresamente.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que las municipalidades y sus corporaciones o fundaciones no pueden vender ni distribuir gas, por falta de autorización legal. Como excepción, sí pueden entregarlo como beneficio de asistencia social.
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La Contraloría determina cómo registrar contablemente los intereses que un municipio recibe por saldos en cuentas corrientes: los de fondos municipales como ingreso propio y los de fondos en administración según el convenio, consultando al organismo otorgante si no se especifica.
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El dictamen precisa que las corporaciones municipales culturales o deportivas quedan sujetas al mismo régimen de responsabilidad en el manejo de fondos públicos que las de educación y salud, pudiendo formularse reparos ante el Tribunal de Cuentas contra quienes administren esos recursos.
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La Contraloría concluye que la alcaldesa puede establecer y estandarizar el uso de un eslogan municipal en todas las unidades, incluida Obras Municipales, por ser una decisión administrativa de mérito y conveniencia que el órgano contralor no puede objetar.
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La Contraloría concluye que las municipalidades no pueden usar bienes ni recursos públicos para actividades políticas del proceso constituyente, y ordena a Cerro Navia, Maipú, Quinta Normal y Cerrillos instruir procedimientos disciplinarios para investigar y determinar responsabilidades.
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La Contraloría concluye que no hay impedimento para disolver voluntariamente la corporación municipal de Cerro Navia y que su personal debe incorporarse al departamento de salud municipal, aplicando una excepción a la regla general de terminar los vínculos laborales.
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El programa de capacitación municipal aplicable para reconocer una actividad en la carrera funcionaria es el vigente cuando se realizó la capacitación, no el existente al presentar el certificado. Así lo concluye la Contraloría.