Contraloría General de la República · Control de la Contraloría
Fiscalización, Auditorías y Denuncias
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Fiscalización, Auditorías y Denuncias, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Control de la Contraloría, que incluye Fiscalización, Auditorías y Denuncias, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Control de la ContraloríaPronunciamientos
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La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
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El IND es el órgano con potestad para fiscalizar el cumplimiento del artículo 6° de la ley N° 20.019 sobre el protocolo contra acoso, abuso, discriminación y maltrato en el deporte. Su incumplimiento se sanciona conforme al artículo 39, pudiendo eliminarse a la organización del registro si pierde la membresía de la liga.
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El tema principal es el juego ilegal en Chile y las facultades de los organismos para perseguirlo. Contraloría concluye que la SCJ actuó correctamente, que no puede revisar al Ministerio Público y que las patentes municipales deben renovarse solo si la actividad es lícita.
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La Contraloría instruye usar el Módulo de Suspensiones Preventivas del SIAD para registrar y monitorear las suspensiones preventivas de funcionarios sumariados, con alertas de plazos. Concluye que supervisores y fiscales instructores son responsables de su correcto uso y actualización oportuna.
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La Contraloría instruye sobre las Direcciones de Control Municipal: su jefatura solo puede removerse por las causales legales de cese, y si se investiga el incumplimiento de sus funciones, el sumario lo instruye la Contraloría a solicitud del concejo.
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La Contraloría concluye que no puede fiscalizar al SERVEL ni pronunciarse sobre la legalidad de la notificación de vocales de mesa, porque ese servicio no está sujeto a su control, salvo en el examen de sus cuentas; solo remite los antecedentes al SERVEL.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de la Mujer puede aceptar como rendición válida los documentos alternativos presentados por SERPAT (contrataciones directas, facturas y listas de asistencia), en lugar de los comprobantes originalmente convenidos, siempre que verifique que los fondos se usaron para los fines pactados.
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El Presidente tiene disponibilidad permanente y protección integral, lo que justifica usar bienes fiscales, incluido el avión institucional, incluso en viajes por sufragio. Concluye que no hubo irregularidades en los traslados del ex Presidente a Magallanes.
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La Contraloría concluye que corresponde al Ministerio de Hacienda supervigilar el correcto funcionamiento del Consejo Superior de la Hípica Nacional e indagar las irregularidades denunciadas, y que cambios al Reglamento de Carreras sobre funcionamiento de hipódromos deben hacerse por ley.
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La Contraloría concluye que la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Zañartu debe incluir sus fondos autogestionados en la rendición semestral del artículo 8° de la ley N° 5.248, pero rindiéndolos directamente en el marco de una fiscalización (Título II), no vía SISREC.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Justicia actuó dentro de sus facultades al pedir al Consejo de Defensa del Estado la disolución judicial de la ONG POLOC por infracciones graves, sin reproches; la disolución misma corresponde a los tribunales.
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La Contraloría concluye que la Inspección del Trabajo notificó válidamente al correo electrónico que la empresa mantenía registrado en el sitio de la DITRA, sin obligación de avisar sobre mensajes no entregados, por lo que rechaza la reclamación.
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La Contraloría concluye que la SMA actuó conforme a la normativa al investigar las denuncias mediante un informe de fiscalización ambiental, por lo que desestima el reclamo del interesado.
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La Contraloría concluye que la Superintendencia de Educación actuó correctamente al rechazar gastos por $73.885.466, pues el préstamo se destinó a remuneraciones y gastos operacionales, no a mejoras de infraestructura o equipamiento como exige la norma.
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La Contraloría concluye que no es irregular otorgar asistencia social municipal a extranjeros en situación migratoria irregular, pues la normativa lo permite solicitando un Rol Único Nacional, y no realiza la investigación especial pedida por falta de antecedentes concretos.
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La Contraloría aclara que COCHILCO debe fiscalizar también el litio y otras sustancias minerales, no solo el cobre, y que la fiscalización directa de CODELCO en litio requiere una resolución fundada previa de la Contraloría.
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La Contraloría concluye que la venta de acciones de ENAMI a CODELCO no requería evaluación previa de MIDESO y COCHILCO, pues no es un proyecto de inversión, y que no se advierten infracciones ni condiciones para asumir facultades fiscalizadoras especiales.
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La Tesorería General de la República es el órgano obligado a cobrar los créditos con aval del Estado ya ejecutados y los adquiridos por el Fisco, pudiendo usar los procedimientos del Código Tributario o convenios con entidades financieras.
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La Contraloría concluye que un director de control municipal que denuncia hechos ante el organismo, en el ejercicio propio de sus funciones, no puede acogerse a las medidas preventivas de protección de la ley N° 21.592, por quedar fuera de su ámbito de aplicación.
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La Contraloría concluye que no puede auditar al Coordinador Eléctrico Nacional por el no uso de recursos en la licitación de las líneas Charrúa-Chillán y Monterrico-Cocharcas, porque es una corporación autónoma de derecho público ajena a su fiscalización.
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La Contraloría concluye que ENAMI no acreditó haber usado los procedimientos concursales legales para elegir a Río Tinto como socio del proyecto de litio Salares Altoandinos, y anuncia una fiscalización, aunque validó el decreto que fija las condiciones del CEOL.
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La Contraloría no puede determinar cuándo ni cómo aplicar el artículo 515 del Código Orgánico de Tribunales sobre depósitos judiciales antiguos no identificables, pues esa decisión corresponde al propio Juzgado de Familia conforme a los criterios de la Corte Suprema.
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La Contraloría aclara que el traslado del Gobernador Regional en vehículos institucionales debe sujetarse al límite de 300 litros mensuales, sin que su domicilio en otra comuna obligue al servicio a costear un mayor consumo. Además, levanta la observación sobre viáticos de faena, pues los traslados de los funcionarios no son diarios ni a sectores apartados.
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La Contraloría confirma que las unidades de control municipales deben revisar preventivamente todo documento que genere obligaciones pecuniarias, no solo los decretos de pago, y ordena a los alcaldes revisar y reforzar la dotación de esas unidades en 30 días.
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La Contraloría instruye al nuevo Servicio de Auditoría Interna de Gobierno sobre su coordinación con el ente fiscalizador, la reserva de información y las auditorías excepcionales. Concluye que el SAIG queda sometido a su plena fiscalización y control preventivo de juridicidad.
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La Contraloría concluye que la Superintendencia de Casinos de Juego no tiene competencia para fiscalizar los juegos de azar en línea ilegales, aunque debe denunciarlos y accionar judicialmente; tampoco procede extender la autoexclusión a plataformas web.
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La Contraloría aclara que el oficio N° E159336 de 2025 no dejó sin efecto la jurisprudencia sobre la conducta privada de los funcionarios públicos, la cual sigue vigente; solo ponderó los hechos denunciados en ese caso concreto.
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La Contraloría autoriza, solo por un año, un procedimiento simplificado para que la Subsecretaría de Hacienda y CORFO regularicen rendiciones pendientes del Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales, usando información complementaria en SISREC o un oficio, y exige informar las medidas adoptadas en 60 días hábiles.
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La Contraloría concluye que la multa es válida porque la notificación se envió al correo que la empresa tenía registrado en la DITRA, sin que acreditara otro, y el monto se ajusta a la normativa.
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El alcalde debe abstenerse de votar cuando el concejo fiscaliza su gestión mediante una auditoría externa, por tener interés en el asunto. La Contraloría concluye que el acuerdo adoptado con su voto dirimente carece de validez y debe repetirse la votación.
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La Contraloría revisó si la DIPRES actuó con eficiencia ante los problemas del nuevo SIGFE 3.0 y la homologación de sistemas. Concluye que la DIPRES adoptó un plan de medidas para implementar el SIGFE 3.0 y homologar sistemas institucionales, por lo que remite su informe.
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La Contraloría instruye el uso obligatorio de la plataforma SIAD para que los organismos fiscalizados informen el estado de los procedimientos disciplinarios y carguen los actos administrativos respectivos. Concluye que las entidades deben designar contrapartes y usar el módulo externo para asegurar el seguimiento oportuno.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que el Fondo para Hospitales de Carabineros no puede financiar el servicio de cobranza de deudores morosos contratado con Equifax, pues sus recursos solo deben usarse para los fines previstos en la ley.
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La Contraloría concluye que debe abstenerse de pronunciarse sobre la denuncia contra la CMF, porque la controversia sobre las operaciones fraudulentas con la tarjeta de crédito está sometida al conocimiento de los tribunales de justicia.
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La Contraloría concluye que la Superintendencia de Educación puede seguir fiscalizando durante las vacaciones docentes, pues rige el principio de continuidad del servicio público, y no formula reproches a sus oficios, que priorizan solo los procesos críticos.
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La Contraloría concluye que el rechazo de la Superintendencia de Educación a los gastos es legal, pues un mutuo destinado a pagar beneficios e indemnizaciones laborales no constituye un fin educativo, ya que la norma solo permite créditos para mejoras de infraestructura o equipamiento.
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La COMPIN puede pedir fichas clínicas a los médicos para fiscalizar licencias médicas, pues son datos sensibles esenciales para su labor, pero no puede exigir bonos o boletas de honorarios. Debe resguardar la confidencialidad de esa información.
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La Contraloría concluye que las bases de los concursos del Gobierno Regional de Los Lagos cumplieron la normativa y que evaluar las preguntas de la prueba es una cuestión de mérito del comité de selección, por lo que desestima los reclamos; además, no puede pronunciarse sobre personas no individualizadas o cuya identidad se pidió reservar.
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La Contraloría actualiza las instrucciones para calcular el déficit municipal, incorporando ajustes y otros indicadores como el déficit de caja y el equilibrio presupuestario. Concluye que las municipalidades deben aplicar estas nuevas reglas y adoptar medidas oportunas ante desviaciones, dejando sin efecto las instrucciones anteriores.
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La Contraloría concluye que los $7.498.346 de origen desconocido deben mantenerse en la cuenta Banco Estado, sin ajuste contable, traspasándose a una cuenta corriente del servicio; no corresponde restituirlos a la TGR por provenir de transferencias anteriores a la ley N° 20.981.
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La Contraloría instruye sobre la aplicación de la ley N° 21.592, que crea un Canal de Denuncias y protege al denunciante, y concluye que solo las denuncias presentadas en el canal que ella administra generan la reserva de identidad y las medidas de protección de esa ley.
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El dictamen aclara que el dictamen N° E428343 de 2023 no limita el derecho de petición ni el de denuncia, y solo permite no atender presentaciones abusivas o reiteradas. Concluye manteniendo vigente el oficio circular N° 24.143 de 2015 y complementando dicho dictamen.
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La Contraloría concluye que las comisiones médicas del DL 3.500 son autónomas para calificar invalidez, pero la SUPEN las supervigila administrativamente, financia la contratación de sus médicos y puede revisar la legalidad del proceso, sin sustituir el dictamen médico.
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La Contraloría concluye que no puede pronunciarse sobre las denuncias genéricas de FENAGORE porque no identifica concursos ni funcionarios afectados, y rechaza los reclamos específicos al constatar que no hubo vicios de validez ni discriminación.
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La Contraloría puede abstenerse de responder solicitudes de pronunciamiento o denuncias de particulares cuando no cumplan los requisitos de interés y claridad, o sean reiteradas y excesivas, por afectar la eficiencia administrativa. Concluye que, ante tales presentaciones abusivas, procede no atenderlas y archivarlas.
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La Contraloría se abstiene de investigar las supuestas irregularidades en convenios con ACNUR y de pronunciarse sobre el convenio del INDH con ese organismo, porque el solicitante no aporta antecedentes que las fundamenten; debe pedir esa información directamente a los organismos vía Ley de Transparencia.
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La Contraloría concluye que la SMA puede priorizar en sus programas de fiscalización qué medidas del PPDA de la Región Metropolitana fiscalizar, incluidos los programas de compensación de emisiones, sin que el artículo 125 le exija fiscalización permanente de todas ellas.
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La Contraloría rechaza la solicitud de reanalizar la denuncia sobre los contratos de conservación de caminos en Mulchén y Santa Juana, pues la controversia sobre las condiciones del terreno es materia litigiosa ajena a su competencia, y la Dirección de Vialidad ya aprobó la liquidación final de ambos convenios.
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La Contraloría rechaza la reclamación de Constructora ICALMA contra el SERVIU Metropolitano por falta de precisión y antecedentes, y porque parte de los hechos están sometidos a tribunales. Remite los antecedentes a la Contraloría Regional para su fiscalización.
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La Contraloría concluye que la SISS puede fiscalizar a Aguas Pirque S.A., aunque sea una sociedad con fines de lucro, aplicando la excepción del artículo 85 inciso segundo de la ley 20.998, limitada a calidad y continuidad del servicio. Rechaza la reclamación.