Contraloría General de la República
Organización y Procedimiento Administrativo
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Organización y Procedimiento Administrativo, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoTemas de Organización y Procedimiento Administrativo
- Actos Administrativos
- Emergencias y Catástrofes
- Empresas del Estado y Corporaciones
- Extranjería y Convenios Internacionales
- Gobiernos Regionales
- Invalidación y Recursos Administrativos
- Órganos, Atribuciones y Delegación
- Otros (Organización y Procedimiento Administrativo)
- Procedimiento, Sanciones y Prescripción
- Transparencia, Lobby y Publicidad
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón del instrumento que declara área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas en "Estero El Manzano", con alcances: corrige el flujo de entrada del modelo (1,442 m³/s) y precisa que su fecha de emisión es el 5 de septiembre de 2025.
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La Contraloría toma razón del instrumento que declara área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas en el sector "Río Volcán", precisando un dato del modelo hidrogeológico y que su fecha de emisión es la de la certificación de firma electrónica.
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El MMA puede crear áreas protegidas estatales y privadas mediante decreto supremo, aunque el SBAP aún no opere ni existan los reglamentos de los artículos 65 y 97; el informe técnico previo lo emite el organismo que actualmente administra cada categoría, por continuidad de la función pública.
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El SNRSJ debe efectuar el cierre contable 2025 a nombre del SENAME y luego traspasar sus saldos como movimientos de apertura, mientras el SENAME cierra sus cuentas antes del cierre del ejercicio.
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La Contraloría toma razón del documento que establece la forma de ejecución de los recursos del Programa, por ajustarse a derecho, con el alcance de que debe considerarse su publicación en el Diario Oficial conforme al artículo 48 de la ley N° 19.880.
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La Contraloría concluye que el GORE debe revisar y aprobar la rendición solo si los servicios se ejecutaron conforme a la normativa y no se vulneró la probidad, al no constatarse un conflicto de intereses.
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El dictamen concluye que el Ministro de Defensa puede requerir a las Fuerzas Armadas la destinación de escoltas para tareas de seguridad y protocolo, sin necesitar autorización especial de Contraloría, pues la normativa no exige ese trámite.
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La Contraloría concluye que no procede que la Municipalidad de Providencia contrate vigilantes privados para labores de seguridad pública comunal en espacios públicos indeterminados, pues el decreto ley N° 3.607 solo permite proteger recintos o áreas determinadas, no la vía pública.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Providencia se excedió al exigir la adecuación total de los estatutos de la Fundación Pro Bono para aprobar el cambio de domicilio, pues la ley solo exige cumplir las formalidades de modificación, por lo que debe dejar sin efecto las objeciones.
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La Contraloría concluye que las SEREMI de Salud sí pueden fiscalizar intradomiciliariamente el uso de calefactores en el marco de los planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, aplicando una excepción, pues la SEC solo fiscaliza la certificación y comercialización de artefactos.
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El dictamen aclara que, cuando hay cuatro intervinientes (GORE, FOSIS, ejecutor privado y beneficiario final), no se aplica el oficio N° E516614 de 2024, sino que el FOSIS debe rendir cuentas al GORE y el ejecutor privado al FOSIS, registrándose los recursos según los procedimientos C-01 y C-03.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el reglamento de seguridad de combustibles líquidos, con el alcance de que el ministerio debe mantener publicadas en su sitio electrónico las normas referidas en los numerales 1, 2 y 3 de su artículo primero.
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La Contraloría toma razón de la resolución que modifica el presupuesto de inversión 2025 del Gobierno Regional Metropolitano, por ajustarse a derecho, con el alcance de que los proyectos del subtítulo 31, ítem 02, financiados con el Fondo de Productividad y Desarrollo Regional, deberán adecuarse a las finalidades del artículo 13 de la ley N° 21.591.
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La Contraloría se abstiene de dar curso al decreto que aprueba el contrato de donación con el banco KFW porque, por su materia, está exento del trámite de toma de razón según las resoluciones N° 36/2024 y N° 8/2025, y lo devuelve sin tramitar.
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La PDI puede exigir a una persona chilena, aunque tenga otra nacionalidad, exhibir su pasaporte chileno u otro documento válido nacional para salir del país; se ajustó a derecho esa exigencia.
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La Contraloría toma razón del documento del Ministerio de Salud que modifica el Reglamento Sanitario de los Alimentos, con el alcance de que se dictó fuera del plazo legal y su tramitación sufrió una demora excesiva, por lo que deberá adoptar medidas para cumplir los principios de eficacia y celeridad.
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La Contraloría toma razón del decreto que promulga el Acuerdo con el PNUD sobre el proyecto de apoyo a la ratificación del tratado de biodiversidad marina, con el alcance de que las fechas de suscripción son las del Documento de Proyecto y no las del certificado de Relaciones Exteriores.
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La Contraloría concluye que el SRCI puede negar discrecionalmente el acceso a su interfaz de programación mientras dure la migración técnica, pues las entidades obligadas pueden consultar el Registro por el portal con Clave Única.
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La Contraloría concluye que la exención del artículo 10 de la ley orgánica de FAMAE sigue vigente y se aplica a las tasas o derechos que cobran la DGMN y el IDIC conforme a la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
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La Contraloría concluye que la DGA debe resolver a la brevedad las solicitudes de aguas subterráneas pendientes desde 2005 e instruir un procedimiento disciplinario por la excesiva dilación; además, el oficio N° 303, de 2012, que suspendió su tramitación, carece de fundamentación adecuada.
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La Contraloría concluye que la ANID motivó suficientemente el puntaje del subcriterio no parametrizado y la resolución que rechazó la reposición, por lo que desestima la reconsideración y confirma que la exclusión del postulante se ajustó a derecho.
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La Contraloría concluye que no le corresponde evaluar los aspectos técnicos y de mérito del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales, cuyos fines y beneficiarios definió el SERPAT conforme a sus atribuciones, por lo que desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que, como la empresa pidió la caducidad de su concesión y reconoció haber dejado de operar, carece de sentido corregir la resolución que negó la paralización; debe proseguirse el procedimiento de caducidad y no procede devolver patentes ya pagadas.
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La Contraloría concluye que el IND no incurrió en irregularidad al exigir publicar información del artículo 32 bis, pero la federación debe tarjar los datos personales que requieran consentimiento, labor que el IND debe supervigilar y fiscalizar.
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La Contraloría precisa que la Subsecretaría de Educación debe verificar los requisitos del aporte de la ley N° 21.728 revisando las declaraciones juradas, y solo puede solicitar antecedentes adicionales para contrastar fehacientemente esa información, sin exigir nuevos requisitos ni dilatar el pago.
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La Contraloría determina que le corresponde privativamente interpretar las normas laborales del personal de FAMAE, ASMAR y ENAER, mientras que la Dirección del Trabajo solo fiscaliza y sanciona en accidentes graves o fatales, como excepción.
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La Contraloría concluye que no hubo irregularidad en el rechazo de la solicitud de inscripción de un arma, pues al momento de pedirla regía el requisito de no haber sido víctima de robo de armas, sin excepción aplicable.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, aunque con el alcance de que en lo sucesivo ese acto debe señalar la situación de emergencia hídrica y sus antecedentes.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial de Arauco, por ajustarse a derecho, con el alcance de que en lo sucesivo deberá señalar en el propio acto los antecedentes que fundan la emergencia hídrica.
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La Contraloría precisa que, al desafectar un terreno forestal para destinarlo a agricultura, CONAF debe exigir que no se corten ni exploten plantaciones; si ello ocurre, igualmente se deben cumplir los artículos 21 y 22 del decreto ley N° 701. Rechaza la reconsideración del dictamen N° E428344, de 2023.
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La Contraloría concluye que, como excepción, el SERNAGEOMIN debe aprobar los estudios fundados de riesgo por fallas geológicas exigidos por la OGUC, y que los suscriba un profesional especialista afín a ese riesgo.
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La Contraloría concluye que la DGAC sí está facultada para autorizar la construcción, instalación, mantenimiento y operación de sistemas de ayuda a la navegación aérea en aeródromos privados, y debe fiscalizar permanente y eficazmente esas instalaciones y aeródromos.
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La Contraloría concluye que fue correcto que la Subsecretaría de Bienes Nacionales acogiera el recurso extraordinario de revisión y dejara sin efecto la regularización que había reconocido derechos a un tercero no indígena sobre un predio indígena, ordenando retrotraer el procedimiento y cancelar los títulos, sin advertir irregularidades en ese actuar.
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La ley N° 21.473 rige desde su publicación, por lo que la falta de sus reglamentos no impide exigir permisos, informes técnicos y fiscalización; mientras no rijan, se aplican supletoriamente la ley N° 19.880 y la OGUC.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Salud actuó dentro de su competencia al difundir la campaña "indetectable=intransmisible", y no advierte irregularidad, pues no puede evaluar el mérito de sus decisiones.
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La Contraloría concluye que en la compra ágil de sillones se aplicaron mal los criterios de admisibilidad y puntaje, generando un vicio de legalidad, por lo que la Subsecretaría debe iniciar un procedimiento de invalidación y evaluar responsabilidades disciplinarias.
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La Contraloría concluye que el manual debe corregirse porque la exigencia imperativa de mantener al menos el 50% del equipo activo limita indebidamente la discrecionalidad que el Estatuto Administrativo otorga a la jefatura para conceder o denegar permisos y feriados, la que debe ponderarse caso a caso.
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La Contraloría rechaza reabrir el caso sobre la invalidación del certificado de recepción definitiva de 2016, pues no hay antecedentes nuevos y ya transcurrió el plazo legal de dos años para invalidar. Las acciones judiciales quedan a decisión de los interesados.
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La Contraloría concluye que "instituciones privadas" en la ley de presupuestos comprende, por regla general, solo a las sin fines de lucro, salvo excepciones legales, y que no procede exigir garantías superiores al 5% en concursos públicos, aunque sí en asignaciones directas excepcionales.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión porque no tiene competencia sobre el acto de la Subsecretaría del Deporte y no se configura error de hecho ni documentos esenciales ignorados en la resolución de la Contraloría Regional Metropolitana.
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La Delegación Presidencial Regional del Biobío puede requerir colaboración de la Dirección de Vialidad, mediante comisión de servicio, para elaborar especificaciones técnicas de una obra vial en el marco de la catástrofe declarada, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de Salud Pública debe registrar en SIAPER la designación de la jefa cuestionada y decidir fundadamente si invalida la priorización de pembrolizumab, ponderando los posibles conflictos de interés.
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La Contraloría concluye que no le corresponde pronunciarse sobre el contenido de las declaraciones ni de las publicaciones del Presidente en su cuenta personal, por exceder el control de legalidad, y que el instructivo de probidad ya lo obliga.
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La Contraloría concluye que, como regla general, no procede pagar horas extraordinarias al personal del Servicio de Gobierno Interior con cargo a los recursos de la glosa 07 para emergencias, salvo la excepción de personal a honorarios contratado para la emergencia, si tales beneficios se pactaron en sus contratos en las mismas condiciones y requisitos que los funcionarios públicos.
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La Contraloría concluye que la resolución exenta N° 2.364, de 2024, de la Dirección de Vialidad es ilegal, pues alteró la estructura orgánica fijada por el decreto N° 79, de 2004, excediendo la competencia del Director, por lo que debe ajustarla o dejarla sin efecto.
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La Contraloría concluye que fue ajustada a derecho la asignación de los recursos del Fondo de Contribución Regional en 2022 y 2023, pues se aplicó la excepción legal que permite enterarlos con transferencias del Tesoro Público ante recaudación insuficiente, y remite a la DIPRES la solicitud de detalle.
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La Contraloría concluye que el "Acuerdo por Valparaíso" no presenta irregularidades, pues se enmarca en el deber de coordinación administrativa y no compromete recursos ni anticipa el proceso ambiental del proyecto portuario.
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La Contraloría concluye que SENAPRED actuó correctamente al invalidar la licitación por bases contradictorias en el criterio precio y declararla desierta, sin obligación de readjudicar, y que fijar la certificación ISO 9001 como criterio de evaluación es una facultad discrecional de la Administración. Desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que la multa es válida porque la notificación se envió al correo que la empresa tenía registrado en la DITRA, sin que acreditara otro, y el monto se ajusta a la normativa.
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La Contraloría concluye que en 2024 los gobiernos regionales no podían transferir recursos del subtítulo 29 a instituciones privadas para adquirir activos no financieros; solo en 2025 se autorizó, excepcionalmente, a instituciones públicas y cuerpos de bomberos.