Contraloría General de la República
Responsabilidad Funcionaria y Probidad
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Responsabilidad Funcionaria y Probidad, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Responsabilidad Funcionaria y Probidad, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Responsabilidad Funcionaria y ProbidadTemas de Responsabilidad Funcionaria y Probidad
Pronunciamientos
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La Contraloría cambia su jurisprudencia: en procesos disciplinarios de asistentes de la educación de un Servicio Local se puede designar fiscal o investigador regido por las leyes N°s. 18.834, 19.070 o 21.109, siempre que no dependa del inculpado y tenga igual o mayor jerarquía, comparada por nivel remuneratorio.
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La Contraloría concluye que, al pagarse fuera de plazo la factura, el Bienestar del Ejército debe pagar los intereses y la comisión de la ley N° 19.983, sin perjuicio de responsabilidades administrativas; rechaza restituir mayores costos de factorización por ser relación entre particulares.
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La inhabilidad por vínculo conyugal con un directivo no impide el traspaso de una servidora a honorarios a la contrata, pues se aplica la excepción del artículo 64 de la ley N° 18.575: puede mantenerse en unidades sin dependencia jerárquica de su cónyuge.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con la Universidad Austral de Chile para programas de especialización médica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que esa universidad no esté inhabilitada para contratar con la Administración por condena según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato con la Universidad Diego Portales para programas de especialización médica, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que esa universidad no esté inhabilitada para contratar con la Administración por condenas según la ley N° 21.595.
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La Contraloría precisa que el Servicio Mejor Niñez solo debe seguir los sumarios por infracciones directamente vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes; el resto corresponde al SENAME. Concluye que Mejor Niñez debe restituir al SENAME los sumarios que indica.
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La Contraloría concluye que INTEGRA, pese a ser fundación privada, está sujeta al decreto ley N° 799 por la participación estatal mayoritaria, sus recursos públicos y su fin público, aplicándosele el régimen disciplinario del artículo 11.
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La Contraloría concluye que no le corresponde fiscalizar ni perseguir la responsabilidad patrimonial del personal del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, por ser un órgano jurisdiccional excluido de su control, y remite los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad deberá verificar que las empresas adjudicadas no estén inhabilitadas por condenas según la ley N° 21.595.
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La Contraloría toma razón de la resolución que adjudica la licitación de motores y upgrade de un avión de Carabineros, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entidad debe verificar que la empresa adjudicada no esté inhabilitada por la ley de delitos económicos.
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La Contraloría concluye que no procede contratar a honorarios para que un externo actúe como fiscal instructor de sumarios, pues esa labor exige ser funcionario público; y como excepción, si no hay funcionarios habilitados, la Contraloría Regional puede sustanciar el procedimiento.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación del servicio de arriendo de plataforma de comunicaciones para la Presidencia, con alcances: la institución debe precisar la inhabilitación por delitos económicos, corregir referencias a anexos y concordar plazos de contrato.
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El plan piloto de venta directa de gas licuado de ENAP fue una actividad empresarial lícita de apoyo a políticas públicas, pues contó con respaldo legal y no vulneró la probidad. Con todo, por sus debilidades comerciales, se concluyó no darle continuidad.
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La Contraloría concluye que la suspensión del procedimiento disciplinario por causa penal paraliza el sumario, pero no extingue la suspensión de funciones del inculpado, y que el término de la causa penal comprende no solo sentencias ejecutoriadas, sino también el sobreseimiento, archivo provisional, principio de oportunidad y no perseverar.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de servicios de aseo para la Seremi de la Región Metropolitana, por ajustarse a derecho, con alcances: en la etapa de aclaraciones deberán precisarse la inhabilidad de proveedores condenados por delitos económicos, el plazo para suscribir el contrato y la hora de apertura de ofertas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases, contrato y anexos para licitar lanchas policiales, por ajustarse a derecho, con el alcance de precisar en el Sistema de Compras que tampoco podrán contratar los condenados por delitos económicos (ley N° 21.595).
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La Contraloría concluye que la normativa interna de las universidades sobre acoso sexual debe incorporarse en los convenios, pero no puede ser vinculante para ambas partes cuando ello afecte las potestades disciplinarias de organismos públicos, por lo que la SES debe modificar su oficio circular.
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La Contraloría concluye que Paula Silva Barroilhet no incurrió en la inhabilidad para integrar el Panel Técnico de Concesiones, pues su rol como directora independiente del Fondo de Infraestructura no implica un vínculo con el MOP que afecte su imparcialidad, desestimando el reclamo.
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La inhabilidad y declaración jurada del artículo 55 bis de la ley N° 18.575 se aplican en la PDI al Director General y a los Prefectos Generales (grado 2), por integrar los dos primeros niveles jerárquicos; los controles de consumo los costea el MISP.
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La Contraloría concluye que la designación presidencial de un funcionario de planta de la AGCID como agregado a contrata en el exterior es compatible con su cargo de planta, por configurar una compatibilidad especial distinta de la suspendida en 2023.
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El dictamen aclara que el principio de probidad se aplica a las corporaciones municipales y a quienes cumplen función pública, aunque no sean órganos del Estado. Concluye rechazando la reconsideración, pues no hubo cambio de jurisprudencia ni aplicación retroactiva indebida.
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La Contraloría concluye que Gendarmería puede mantener a fiscales instructores de menor jerarquía que el implicado cuando este ya cesó en sus funciones antes del cierre de la investigación, pues al dejar de ser funcionario no se afecta la imparcialidad del fiscal.
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La Contraloría concluye que la actual Ministra Aisén Etcheverry debió abstenerse de evaluar las propuestas para constituir la Fundación Data Observatory, por haber trabajado antes en Amazon Web Services, una de las postulantes, lo que infringió el deber de abstención; sin embargo, ello no invalida la conformación de la fundación.
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Los Servicios Locales de Educación Pública son competentes para continuar los procedimientos disciplinarios iniciados por los municipios y no concluidos al momento del traspaso del servicio educacional, por ser sus sucesores legales como sostenedores.
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La Contraloría concluye que las autoridades cuestionadas no incurrieron en las causales de inhabilidad ni faltas a la probidad invocadas, pues sus opiniones previas fueron generales y sus decisiones técnicas y fundadas; solo advierte que deben evitarse declaraciones anticipadas sobre materias en estudio.
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La Contraloría concluye que no hubo falta del Ministerio al aceptar la renuncia del exSEREMI, pues el sumario ya estaba ordenado antes de ella y debe continuar hasta su término conforme al artículo 147 del Estatuto Administrativo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del SERVEL y confirma que este organismo es el competente para fiscalizar y sancionar las infracciones al artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, aplicando la multa residual del artículo 155.
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La Contraloría concluye que el Gobierno sí informó a la ciudadanía sobre la obligatoriedad del voto en las elecciones del 7 de mayo de 2023, mediante diversas campañas comunicacionales, por lo que no se advierte la falta de información denunciada por los diputados.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, las bases de licitación deben incluir un criterio de evaluación sobre si los oferentes cuentan con programas de integridad conocidos por su personal, y en tratos directos debe mencionarse en cláusulas contractuales.
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La Contraloría concluye que las autoridades pueden difundir proyectos de ley del Gobierno en actividades propias y redes sociales, pues no se advierte irregularidad, y remite la jurisprudencia vigente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para su coordinación y acatamiento.
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La Contraloría no puede informar sobre sumarios disciplinarios en tramitación porque son secretos hasta su resolución definitiva, y rechaza la demora alegada, pues la paralización se debió a una orden de no innovar solicitada por el propio municipio; formular cargos corresponde privativamente al fiscal del sumario.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que Lilian Troncoso incurrió en la inhabilidad de ingreso del artículo 155 letra d) de la LGPA al asumir como Directora Zonal antes de un año desde su cese en un Comité Científico Técnico. Concluye que debe invalidarse su nombramiento, sin que el plazo del artículo 53 de la ley N° 19.880 limite esa facultad.
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La Contraloría concluye que las universidades estatales pueden facilitar sus espacios para reuniones políticas si respetan la probidad e igualdad, sin irregularidades en este caso, y no le corresponde evaluar la gestión política del Gobierno.
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La Contraloría concluye que la Corporación Municipal de Quilpué se excedió en sus competencias al difundir y promover el proceso constituyente, pues ni el Plan de Formación Ciudadana ni el PADEM permiten ese alcance, y rechaza la reconsideración.
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La Contraloría concluye que el artículo 53 del Reglamento de Sumarios de la PDI quedó tácitamente derogado por el artículo 142 bis, debiendo reclamarse primero ante el Ministerio del Interior y luego, afinado el sumario, ante la Contraloría según el artículo 160.
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La Contraloría determina que los contratados a honorarios deben regirse por los plazos de reclamo de los artículos 160 y 156 de los estatutos administrativos, y que los sancionados en sumarios instruidos por ella pueden reclamar en 10 días desde la notificación del acto de término.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del artículo 129 del Estatuto Administrativo, en sumarios por acoso sexual, violencia o discriminación de género en universidades estatales se puede designar un fiscal de menor grado que el denunciado, siempre que no exista subordinación directa o inmediata con este.
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La Contraloría concluye que la eliminación de antecedentes prontuariales no borra la condena por abusos deshonestos y que el requisito de idoneidad moral impide desempeñarse como asistente de la educación, por lo que el SLEP debe desvincular al afectado; no aplica la causal de inhabilidad sobreviniente.
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Las corporaciones municipales pueden inscribirse en el registro de donatarios de la ley N° 19.885 y recibir donaciones, siempre que sus proyectos se enmarquen en sus fines legales, pero no pueden recibir las donaciones de la ley N° 21.015, pues su objeto excede esos fines.
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La Contraloría concluye que si un funcionario con cargo de planta conservado mejora el grado de su contrata, ello implica una nueva designación y cesa en el cargo conservado por incompatibilidad, sin aplicarse la excepción de la ley de Presupuestos.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Hospital Regional de Copiapó y confirma que incurrió en infracción al no cumplir los requisitos del inciso noveno del artículo 4° de la ley N° 19.886, pues la excepción invocada no fue acreditada.
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La Contraloría concluye que las declaraciones y publicaciones de la Ministra Secretaria General de Gobierno constituyen opinión política y no transgreden las instrucciones sobre prescindencia en el plebiscito, por lo que no corresponde ponderar su mérito ni fiscalizar sus efectos políticos.
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La Contraloría concluye que la ministra Vallejo no infringió la prescindencia política al usar un prendedor alusivo al proceso constituyente ni al referirse a escenarios post-plebiscito, pues no llamó a votar por una opción; y que el actuar de SEGPRES y la Municipalidad de Temuco tampoco es objetable.
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La Contraloría revisó si el entonces ministro Jackson intervino políticamente en una actividad en Graneros durante el plebiscito de salida. Concluye que no hubo irregularidad, pues el Ministerio Secretaría General de la Presidencia estaba exceptuado para difundir información imparcial sobre el proceso.
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La Contraloría concluye que no puede acceder a la solicitud de designar delegados para fiscalizar el actuar del Gobierno antes del plebiscito, porque el requerimiento es general y no alude a irregularidades concretas, sin perjuicio de que ya ha fiscalizado denuncias específicas sobre la materia.
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La Contraloría concluye que las autoridades del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia estaban facultadas para distribuir el texto de la propuesta constitucional, sin que ello implicara falta a la prescindencia política, y que la contratación de su impresión se ajustó a derecho.
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La Contraloría concluye que las declaraciones y publicaciones del Presidente sobre el plebiscito constituyeron opiniones políticas personales, sin llamados concretos a votar, y no vulneraron la prescindencia política; tampoco le compete fiscalizar a parlamentarios ni ponderar efectos políticos.
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La Contraloría aclara que solo los organismos con funciones de comunicación (como los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, y Desarrollo Social) pueden hacer campañas informativas del plebiscito, con imparcialidad; otros órganos no, salvo requerimiento concreto.
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La Contraloría concluye que el Ministerio Secretaría General de Gobierno estaba facultado para realizar campañas informativas sobre el plebiscito de 2022, y que no se constata el intervencionismo electoral denunciado.
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La Contraloría concluye que los ministros pueden expresar su opción personal de voto, pero no emitir comentarios valorativos sobre el contenido del plebiscito, pues sus ministerios no están habilitados para campañas comunicacionales, lo que debe tenerse presente en lo sucesivo.