Contraloría General de la República
Compras Públicas (Ley 19.886)
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Compras Públicas (Ley 19.886), del más reciente al más antiguo. Página 5.
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Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Compras Públicas (Ley 19.886)Temas de Compras Públicas (Ley 19.886)
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el contrato de servicios con SERCOM SpA, entendiendo que la imputación presupuestaria se hace al código BIP N° 40055285-0, y ordena que en lo sucesivo la devolución de la garantía se efectúe al suscribirse el contrato.
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La Contraloría concluye que la Universidad de Chile afectó el principio de libre concurrencia al exigir, como requisito para participar en una compra ágil, tener experiencia previa en transmisiones con esa institución, por lo que deberá evitar que ello se repita.
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La Contraloría concluye que la solicitud de información e instrucciones de JUNAEB a Consorcio Merken SpA se ajustaron a las facultades de supervisión y control previstas en las bases y el contrato, por lo que desestima el reclamo de la empresa.
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La Contraloría concluye que la DCCP actuó correctamente al declarar inadmisible la oferta de J-Dech por no adjuntar las resoluciones sanitarias exigidas en las bases, sin obligación de pedir aclaraciones, y desestima el reclamo.
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La Contraloría concluye que el SERPAT evaluó correctamente la experiencia de la oferta conforme a las bases, pues solo un contrato acreditaba al menos un año de ejecución continua, por lo que rechaza el reclamo.
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La Contraloría no da curso a la resolución que adjudica la licitación del helicóptero, porque no se justificó documentadamente la exigencia de fabricación "2023 o superior", incompatible con que la aeronave debía ser nueva.
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La Contraloría toma razón del instrumento del Fondo Nacional de Salud que aprueba las bases para la compra de servicios de trasplante hepático, con el alcance de que el presupuesto disponible es de $7.000.000.000, según el numeral 28.4 de las bases.
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La Contraloría concluye que el parentesco en tercer grado de consanguinidad entre el representante legal de San Andrés SpA y un concejal no configura la inhabilidad del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 ni un conflicto de interés, por lo que la Municipalidad de Lumaco no debió excluir a la empresa del proceso licitatorio.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría se equivocó al anular la orden de compra ya perfeccionada, pues ante el incumplimiento del proveedor debió iniciar un término anticipado del contrato, no invalidar el acto. Aun así, desestima el reclamo porque la orden ya no está vigente.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la contratación de prestaciones de salud, aunque hace presente que las derivaciones no podrán hacerse a prestadores del mismo grupo empresarial y ordena instruir un procedimiento disciplinario por la omisión del análisis del artículo 9° de la ley N° 19.886.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la contratación de prestaciones de salud vía GRD, pese a que la licitación se adjudicó en algunos casos a empresas del mismo grupo empresarial, por los servicios ya en ejecución. Instruye un procedimiento disciplinario por la omisión del análisis de ofertas simultáneas.
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La Contraloría concluye que no procede contratar con el hermano de un concejal, por eventual conflicto de interés, y que la inhabilidad con parientes de funcionarios llega al tercer grado solo si este es directivo; un tío de un profesional de planta no queda impedido.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el contrato con Grupo BIOS S.A. para reactivos del ISP, con alcances: se emitirá orden de compra, se agregarán causales de término anticipado y las causales de incumplimiento grave son taxativas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la modificación del contrato de seguro agrícola con Seguros Generales Suramericana S.A., con el alcance de que la personería del representante consta en una escritura distinta de la citada en la cláusula sexta.
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El dictamen analiza el reclamo de un centro de mediación por el no pago del bono anual de calidad del servicio 2024. Concluye que dicho pago no procede, pues estaba supeditado a la disponibilidad presupuestaria, la que no existió ese año.
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La PDI actuó conforme a las bases al cobrar íntegramente la garantía por el incumplimiento grave que motivó el término anticipado del contrato, sin deber cuantificar el perjuicio ni restituir saldo alguno, pues las bases solo prevén devolución en caso de multas impagas.
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La Contraloría concluye que el Hospital Militar aplicó correctamente la multa por atraso en la entrega de insumos, pues el proveedor no podía suspender los despachos por falta de pago, y desestima el reclamo.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen que validó la contratación directa de un abogado para defender al Presidente, pues no existió deber de abstenerse pese a la querella penal y el artículo 90 de la ley N° 18.834 no le aplica al Presidente.
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La Contraloría determina que la ENAMI, como empresa pública creada por ley, está sujeta al Capítulo VII de la ley N° 19.886 (con las excepciones del artículo décimo primero de la ley N° 21.634), por lo que concluye que esas reglas sí se aplican a sus procesos de adquisición de minerales y productos mineros de la Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.
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La Contraloría concluye que el SERVIU de Ñuble se equivocó al exigir a la Municipalidad de Bulnes licitar la contratación de la constructora conforme a la ley N° 19.886, pues el municipio no es parte del contrato de construcción ni debe condicionar la admisibilidad de los proyectos a esa ley.
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La Contraloría concluye que DIPRECA no acreditó la causal de proveedor único para contratar por trato directo un curso sobre la ley de compras públicas, pues ese material no es objeto de propiedad intelectual exclusiva. Al ya haberse prestado el servicio, ordena adoptar medidas para evitar que la situación se repita.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba respuestas y modificaciones a las bases de la licitación de puentes mecanos del MOP, precisando que la modificación del resuelvo I, letra C), numeral 6, se refiere al punto 10.2 de las bases administrativas.
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La Contraloría concluye que el convenio entre la Municipalidad de Coyhaique y Chilevisión es oneroso, pues beneficia a ambas partes, por lo que debió regirse por la ley N° 19.886. Ordena iniciar su invalidación en 10 días hábiles.
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La Contraloría concluye que, aunque el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 ya no menciona expresamente a los concejales (vacío legal informado al Presidente), igualmente no procede que la Municipalidad de Río Bueno contrate a la oferente por ser hermana de una concejal, para prevenir un conflicto de interés y resguardar la probidad administrativa.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba las bases de licitación de servicios de datacenter, enlace de datos, internet y telefonía, con alcances: la entidad debe aclarar en el Sistema de Compras la vigencia de la garantía de cumplimiento y el término anticipado por inhabilitación, y corregir la imputación presupuestaria y el carácter afecto de la resolución.
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La Contraloría concluye que las municipalidades de La Reina y Lo Prado no fundamentaron suficientemente el trato directo con Smart Komun SpA, pues solo citaron la causal de propiedad intelectual sin acreditar los hechos que la justificaban, y ordena instruir un procedimiento disciplinario por eventuales responsabilidades.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de guardias de seguridad, con alcances: la imputación presupuestaria debe entenderse al ítem 08 del subtítulo 22, y corresponderá terminar anticipadamente el contrato si se produce la situación del artículo 33, inciso segundo, de la ley N° 21.595.
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La Contraloría concluye que la ANID actuó conforme a las bases al no adjudicar el proyecto, pues las diferencias de puntaje son cuestiones de mérito y no se aplican la teoría de los actos propios ni la confianza legítima, al ser la adjudicación una mera expectativa.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba la adjudicación de la licitación, con el alcance de que la imputación presupuestaria en su resuelvo 2° es solo referencial y debe hacerse en la resolución que apruebe el contrato.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de la licitación de mantención de tecnovigilancia, con el alcance de que en las aclaraciones se precise que la remisión al artículo 154 del decreto N° 661, de 2024, solo comprende las inhabilidades impuestas por ley.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de insumos para glicemia, con alcances: la entidad debe precisar en el sistema que la subcontratación no exceda el 30% del contrato y aclarar el plazo de entrega, discordante entre 5 y 7 días.
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La Contraloría concluye que las garantías de fiel cumplimiento y de pago de la renta se ajustaron a las bases, pero que la garantía por obras de desarrollo no fue determinada conforme al artículo 22 N° 6 del decreto N° 250, por lo que el municipio debe regularizar esa situación en 15 días hábiles y, en lo sucesivo, ceñirse estrictamente a la normativa.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Maipú usó indebidamente el trato directo con FIMA, pues no acreditó suficientemente la exclusividad del proveedor ni cumplió las exigencias previas del artículo 107, por lo que deberá instruir un procedimiento disciplinario para investigar eventuales responsabilidades.
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La Contraloría reconsidera parcialmente su dictamen anterior y concluye que las compras de gift cards se ajustaron a derecho, pues se respetó el presupuesto y se suscribieron los contratos antes de la entrega; sin embargo, rechaza la reconsideración sobre la acreditación del estado de carencia de los beneficiarios y mantiene el proceso disciplinario.
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La Contraloría detectó irregularidades en la compra de un inmueble por el Gobierno Regional de Magallanes, donde el Gobernador habría incurrido en un conflicto de interés al intervenir en la operación, y ordena cesar el patrocinio público de su querella, reintegrar los recursos y abrir procedimientos disciplinarios.
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El dictamen concluye que el derecho de opción de CENABAST implica una modificación contractual que requiere acuerdo escrito de las partes y una nueva garantía de fiel cumplimiento, rechazando la reconsideración de CENABAST.
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La Contraloría no da curso a la resolución que aprueba el contrato del servicio SIRH, porque su monto (UF 329.900,37) supera el de la adjudicación (UF 298.362,49) y hay incongruencias en el certificado presupuestario. Por ello representa el acto administrativo.
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La Contraloría concluye que SENAPRED se ajustó a la normativa de compra ágil en la contratación cuestionada, pues el monto fue inferior a 100 UTM, se pidieron cotizaciones al Sistema y el proveedor elegido cumplió lo solicitado, incluida la visita a terreno. Por ello, desestima la denuncia.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases y anexos para contratar créditos para nube pública de Google, con el alcance de que la entidad licitante precise que la devolución de la garantía de seriedad se hará tras firmar el contrato.
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La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el contrato de transporte internacional de valija diplomática, con el alcance de que no se advierte el sentido de la frase sobre la designación de una contraparte técnica por cada organismo contratante.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de la licitación para la impresión de tarjetas TNE, con alcances: el servicio debe aclarar en el sistema el plazo de devolución de la garantía y el de firma del contrato, y precisar que la "prórroga" es una renovación.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación de gases medicinales, con alcances: el servicio debe precisar en aclaraciones la hora de apertura de ofertas, la acreditación de la prohibición de contratar del artículo 33 de la ley N° 21.595, el plazo de devolución de garantías y el término anticipado del contrato.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de la licitación de impresión de textos escolares 2027, con alcances: la entidad debe precisar en aclaraciones las multas aplicables y corregir errores formales en las bases.
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La Contraloría concluye que el Hospital puede incluir en las bases de sus licitaciones sanciones distintas a las multas, como amonestaciones, siempre que señale expresamente las causales y el procedimiento y que sean proporcionales al incumplimiento.
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El dictamen aclara que las bases de licitación de residuos sólidos domiciliarios deben seguir la ley N° 19.886 y el decreto N° 316, de 2022, sin incluir montos contractuales. Concluye que la tarifa debe calcularse según el decreto N° 69, de 2006, considerando los montos de los contratos adjudicados, no los de las bases.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza servicios tecnológicos ya prestados y autoriza su pago, e instruirá un proceso disciplinario por haberse ejecutado sin modificación contractual ni acto aprobatorio totalmente tramitado.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba las bases de una licitación privada, con el alcance de que en la etapa de aclaraciones se precise que no aplica cierto punto del pliego sobre el artículo 35 septies de la ley N° 19.886 y normas del Código Tributario.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación del servicio de seguridad del Parque Estadio Nacional, con alcances: el Instituto Nacional de Deportes deberá precisar en el sistema de compras la exigencia de inscripción en el registro de proveedores desde la oferta, aclarar los plazos de devolución de garantías y corregir una referencia al subfactor "Nivel de remuneraciones".
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba las bases de licitación privada, con el alcance de que la entidad debe precisar en las aclaraciones que la devolución de la garantía a los no adjudicados se hará al suscribirse el contrato, no dentro de 10 días hábiles.
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La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el llamado a licitación y aprueba las bases para el servicio de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones de la Superintendencia de Educación, con alcances: en la etapa de aclaraciones deberá precisar la devolución de la garantía, la asignación de 0 puntos a oferentes sin programa de integridad y las causales de término anticipado.