Contraloría General de la República
Educación
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre educación, del más reciente al más antiguo. Página 7.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónTemas de educación
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que, ante la invalidez total de un asistente de la educación municipal que no puede ser reubicado, excepcionalmente procede terminar su contrato por caso fortuito o fuerza mayor, pues la causal de necesidades de la empresa está excluida, pagando la indemnización del artículo 161 bis.
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La Contraloría concluye que el municipio debe calificar si la causa invocada por la docente para poner término anticipado a su relación laboral es justificada, aplicando la excepción del numeral 10 del artículo 2° de la ley N° 20.976, y si la aprueba, informar al MINEDUC para el pago de la bonificación.
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La Contraloría concluye que no procede suspender la cuota 2020 por cesantía sobreviniente, pues esta ocurrió en 2019, año en que debió solicitarse; sin embargo, como excepción a la regla del finiquito, admite acreditar la cesantía con el acto administrativo de cese de funciones.
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La Contraloría concluye que INGRESA debe ajustar sus requerimientos de pago de garantías por deserción académica a los plazos y requisitos legales, y que no fue procedente calificar como recurso de reposición la presentación del IPLA, al no estar determinados los actos cuestionados.
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La prórroga de contratos de enero y febrero del artículo 75 del Código del Trabajo no se aplica a todos los asistentes de la educación de los SLEP, sino solo, como excepción, a los de nivel parvulario financiados por transferencia de la JUNJI; se rechaza la solicitud.
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La Contraloría concluye que la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.976 solo considera el tiempo trabajado en la municipalidad a la que se renuncia, sin sumar períodos en otros municipios, por lo que se ajustó a derecho el cálculo del SLEPH.
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El Módulo Dental donde trabajan las funcionarias municipales no es un establecimiento educacional, sino un espacio de apoyo a JUNAEB. Por ello, no corresponde traspasarlas al Servicio Local de Educación Pública, pues la ley exige desempeñarse en un establecimiento educacional.
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La Contraloría concluye que el Servicio Local de Barrancas debe reconocer la rebaja horaria del convenio colectivo a los asistentes de la educación traspasados que cumplan los requisitos, pues es un derecho adquirido protegido por el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.
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La Contraloría concluye que el tiempo trabajado en la Biblioteca Pública N° 70 sí debe computarse para la bonificación adicional por antigüedad, pues la recurrente siempre estuvo contratada bajo el departamento de educación municipal, por lo que ordena al Ministerio de Educación recalcular y pagar el beneficio.
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Los Servicios Locales de Educación Pública son competentes para continuar los procedimientos disciplinarios iniciados por los municipios y no concluidos al momento del traspaso del servicio educacional, por ser sus sucesores legales como sostenedores.
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La Contraloría concluye que, para calcular la asignación de antigüedad del personal traspasado desde los DAEM a los SLEP, debe considerarse el tiempo trabajado en aquellos, por lo que el SLEPH debe dejar sin efecto la resolución exenta N° 26, de 2022.
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Los exasistentes de la educación reclamaron ante Contraloría el término de sus contratos por variación de matrícula, pero lo hicieron fuera del plazo de diez días hábiles. Contraloría desestima sus presentaciones por extemporáneas.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los académicos extranjeros de universidades estatales pueden acreditar la estabilidad laboral con la "carta de aceptación" de la plaza, dado su vínculo estatutario y no laboral, para obtener residencia temporal.
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La Contraloría concluye que, por excepción a la regla general, la funcionaria traspasada conservó los bonos del convenio colectivo desde abril de 2018, pues el traspaso no puede afectar derechos adquiridos; el SLEP debe regularizar su situación.
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La Contraloría concluye que la becaria tiene derecho a la asignación por hijo menor de 18 años aunque el cuidado personal de su sobrina provenga de una medida de protección y no de una adopción, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría toma razón del decreto que regulariza y aprueba la modificación de los decretos que distribuyeron recursos a las universidades de O'Higgins y Aysén, por ajustarse a derecho, aunque hace presente que la Universidad de Aysén pidió extender el plazo ya vencido e instruye al Ministerio de Educación suscribir oportunamente estos actos.
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La Contraloría concluye que docentes que se eximieron de evaluación docente antes de la ley N° 21.399 conservan el derecho a indemnización, pues este se devengó al cumplir la edad para jubilar en 2019. Ordena al Ministerio de Educación conceder el anticipo de subvención solicitado por la Municipalidad de Los Sauces.
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La Contraloría toma razón del decreto que regulariza y aprueba la modificación del decreto N° 109, de 2018, de Educación, extendiendo el plazo de ejecución, aunque hace presente que la solicitud se hizo con el plazo ya vencido y ordena adoptar medidas para aprobar oportunamente tales actos.
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La Contraloría concluye que las universidades estatales pueden facilitar sus espacios para reuniones políticas si respetan la probidad e igualdad, sin irregularidades en este caso, y no le corresponde evaluar la gestión política del Gobierno.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del Código del Trabajo, los contratos y el reglamento interno del CFT estatal deben remitirse a la Contraloría para su registro, y no a la Dirección del Trabajo ni al Ministerio de Salud.
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La Contraloría concluye que un CFT estatal puede autorizar empréstitos para gastos corrientes y de capital, pero solo si la autorización detalla proyectos específicos y no fines genéricos como cubrir déficits de caja, respetando el período presidencial.
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La Contraloría concluye que no es irregular instalar videocámaras en la sala cuna y jardín infantil de la Universidad de La Frontera, pues buscan resguardar la seguridad e integridad de los niños, aplicando el interés superior del niño, con deber de confidencialidad de los datos.
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El dictamen concluye que los Centros de Formación Técnica estatales no pueden implementar el teletrabajo del Código del Trabajo sin autorización legal expresa, pues son servicios públicos regidos por el derecho público. Solo procede como medida extraordinaria durante la alerta sanitaria o en las hipótesis del artículo 206 bis del Código del Trabajo.
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El dictamen concluye que, aunque los reclamos por el bono de desempeño laboral se presentaron fuera del plazo de reposición, el Ministerio de Educación puede revisar de oficio la legalidad de sus resoluciones mediante el procedimiento de invalidación del artículo 53 de la ley N° 19.880, dentro de dos años y con audiencia del interesado.
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La Contraloría concluye que las indemnizaciones del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040 deben pagarse con cargo fiscal vía reembolso de la DEP, no con subvenciones educacionales; por excepción, ordena a Puerto Varas devolver esos fondos y a la DEP reembolsar.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general del artículo 129 del Estatuto Administrativo, en sumarios por acoso sexual, violencia o discriminación de género en universidades estatales se puede designar un fiscal de menor grado que el denunciado, siempre que no exista subordinación directa o inmediata con este.
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La Contraloría concluye que, por excepción legal válida solo en 2023, la Universidad de Chile puede renovar los contratos a honorarios de personal con labores habituales y reemplazarlo, aunque no cumpla requisitos para contrata; las nuevas contrataciones deben regirse por la regla general.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría puede eximir de la obligación de retribución de la Beca Vocación de Profesor, por las causales del artículo 54 ter, también a estudiantes anteriores a 2016 que mantienen pagaré, cumpliéndose los requisitos.
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La Contraloría concluye que la eliminación de antecedentes prontuariales no borra la condena por abusos deshonestos y que el requisito de idoneidad moral impide desempeñarse como asistente de la educación, por lo que el SLEP debe desvincular al afectado; no aplica la causal de inhabilidad sobreviniente.
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La Contraloría concluye que, pese a la regla general, corresponde aplicar una excepción por error administrativo: las 10 exfuncionarias tienen derecho a las bonificaciones de las leyes N°s. 20.996 y 21.043, pagaderas en el proceso 2022, porque la universidad dictó tardíamente la resolución que las nombraba beneficiarias.
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La Contraloría concluye que el CFT de Los Ríos solo puede crear nuevas direcciones del mismo nivel que las ya existentes si no alteran la estructura básica fijada en sus estatutos ni las funciones de las direcciones Académica y Económica y Administrativa.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación y la Fundación INTEGRA, con el alcance de que los intereses bancarios y operacionales solo pueden financiarse excepcionalmente, por lo que se deben reducir los tiempos de tramitación.
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La Contraloría toma razón, con alcances, del documento que regulariza el decreto exento N° 22.781, de 2014, que aprueba el Reglamento de Presupuesto de esa casa de estudios superiores, precisando plazos, toma de razón de actualizaciones y formato presupuestario.
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La Contraloría toma razón del documento que fija el monto a transferir en 2023 al Ministerio de Educación para el programa de jardines infantiles, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la resolución citada en sus vistos debe ser la N° 14, de 2022, y no la N° 16, de 2020.
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La Contraloría concluye que, ante el silencio legal sobre los cierres voluntarios de instituciones autónomas, corresponde a la Subsecretaría de Educación Superior recibir, custodiar y certificar los registros académicos, no a otra institución de educación superior, aunque esta cuente con autonomía y acreditación.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, los 353 docentes convocados por error antes de tiempo pueden usar el mejor resultado de su última evaluación para avanzar de tramo, pues un error administrativo no debe perjudicar a quienes actuaron de buena fe.
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La Contraloría concluye que la excepción del artículo vigésimo transitorio de la ley N° 20.903 solo aplica a quienes se incorporan a cargos técnico-pedagógicos desde el 25 de abril de 2019, no a quienes ya los ejercían antes, por lo que el recurrente no tiene derecho a la asignación reclamada.
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El Tema principal es si los educadores de párvulos de jardines VTF de la JUNJI administrados por SLEP tienen derecho al bono de desempeño laboral como asistentes de la educación. Concluye que depende de si se rigen por el Título VI del Estatuto Docente: si no, les corresponde; si sí, no.
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La Contraloría concluye que el CNED no puede conocer apelaciones contra decisiones de la CNA sobre el plazo de acreditación, pues otorgarle esa facultad exige una ley y no una interpretación administrativa.
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La Contraloría concluye que el docente no puede usar su resultado B de 2017, pues al rendir voluntariamente la prueba en 2021 rige su último resultado C; usar evaluaciones anteriores es una excepción solo autorizada expresamente, por lo que desestima su solicitud.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de la Municipalidad de Chillán Viejo porque no hay error de hecho: solo discrepa de la interpretación del órgano de control, y el caso citado difiere en los hechos acreditados.
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La Contraloría toma razón del documento que modifica el decreto N° 97, de 2013, sobre el Programa de Becas de Educación Superior, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la frase sobre asignación del beneficio en regiones sin alumnos destacados se entiende agregada en el último párrafo de la letra a) del artículo 63.
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La Contraloría concluye que la competencia para interpretar el alcance de la ley N° 21.369 corresponde a la Superintendencia de Educación Superior, y que, ante el vacío legal, el fiscal instructor debe tener igual o mayor jerarquía que el funcionario investigado, aplicando supletoriamente el Estatuto Administrativo.
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La remuneración mínima de educadores diferenciales en educación de adultos depende del nivel en que trabajan, no del valor de educación especial. Contraloría concluye que a la recurrente le corresponde el valor de hora de enseñanza media y ordena al SLEP regularizar y informar.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la modificación del convenio de transferencia de recursos con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la asignación presupuestaria es el "Aporte Institucional Universidades Estatales Ley 21.094".
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de Educación Superior puede exigir a los candidatos a representantes del Presidente en universidades estatales condiciones adicionales a las legales, como no estar vinculados a acoso y compartir las líneas programáticas del Gobierno, por tratarse de cargos de libre designación.
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La Contraloría concluye que, por excepción, la ex-asistente de educación tiene derecho al pago del feriado proporcional tras el término de su contrato, y ordena al municipio pagarlo e informar en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que el Ministerio de Bienes Nacionales debe entregar en comodato a la Universidad de Chile el inmueble del Liceo Experimental Manuel de Salas, pues la ley N° 19.820 establece una excepción al régimen general del decreto ley N° 1.939.
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La Contraloría concluye que, para las bonificaciones por retiro de las leyes N° 20.976 y 20.964, se consideran las jornadas de todas las designaciones previas (con tope de 44/45 horas para la bonificación adicional) y que los SLEP deben pagar las bonificaciones heredadas cuando el cupo se asigna después del traspaso, aunque el beneficiario haya fallecido antes.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, el IND puede alzar la prohibición de enajenar y autorizar la transferencia del inmueble a SNA EDUCA, para cumplir la ley N° 20.845 y mantener la subvención educacional.