Contraloría General de la República
Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Finanzas Públicas y Bienes del Estado, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Finanzas Públicas y Bienes del EstadoTemas de Finanzas Públicas y Bienes del Estado
Pronunciamientos
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un contrato de prestación de servicios de salud, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba el contrato de servicios de salud con Clínica Ensenada SpA, con el alcance de que los pagos con cargo a presupuestos futuros solo procederán si hay disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
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La Contraloría instruye a la Comisión para la Fijación de Remuneraciones sobre el envío de su información contable del ejercicio 2026 vía SIREF, con plazos y formatos definidos. Concluye que debe remitir su Balance de Comprobación y de Saldos en esas fechas, por estar sometida al decreto ley N° 1.263.
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La Contraloría instruye al Consejo Fiscal Autónomo sobre el envío de su información contable del ejercicio 2026 (balances de comprobación y saldos) vía SIREF, en fechas y formatos determinados. Concluye que dicho Consejo debe remitir esa información conforme a los procedimientos contables vigentes.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia entre la Subsecretaría del Interior y SERCOTEC, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la excepción del artículo 24 de la resolución N° 2, de 2026, se aplica al receptor privado final y no a SERCOTEC.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Peñaflor no estaba facultada para comprometer aportes al proyecto de detección acústica de disparos, pues ello excede sus labores de apoyo en seguridad pública, y ordena iniciar un procedimiento disciplinario.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la segunda cuota de gastos de operación de Bomberos, entendiendo que modifica la resolución N° 51 de 2026, con alcances sobre el acto único, el número del programa y los plazos de rendición.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la compraventa de un inmueble de la Dirección de Bienestar de Carabineros, con alcances: antes de su total tramitación debe informarse al Minvu y a la Comisión Mixta de Presupuestos, y deben corregirse omisiones en la transcripción del contrato.
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Solo corresponde traspasar al SLEP Manquehue el lote donde funciona el Centro Educacional Fermín Vivaceta, no así el entregado en comodato a Carabineros, por lo que tampoco procede aumentar ese terreno policial.
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La Contraloría toma razón del documento que regulariza y aprueba la modificación de un convenio de transferencia de recursos del Instituto Nacional de Deportes con el Comité Olímpico de Chile, con el alcance de que se omitió consignar que lo suscribió la directora subrogante de ese servicio.
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Las modificaciones de la ley N° 21.173 al artículo 53 del Código Tributario, sobre interés penal diario por mora, también se aplican al pago atrasado de patentes, derechos y tasas municipales, por remisión del artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales.
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La Contraloría concluye que los artículos 23 y 24 del decreto N° 662, de 2024, no se aplican a los bienes en desuso de las misiones de Chile en el exterior, pues la normativa solo rige para bienes ubicados en territorio nacional.
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La Contraloría concluye que debe primar la ley N° 19.175 sobre la de presupuestos, por lo que DIPRES debe ajustar el monto provisionado para emergencias al 5% del FNDR, y además informar sobre la mesa técnica con SUBDERE.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Ministerio de Economía y confirma que no procedía modificar el factor "F" del impuesto específico pesquero por una reinterpretación del índice FAO, pues solo cabe actualizarlo por cambios de cuotas; además, se abstiene sobre la buena fe y el cobro retroactivo, remitiendo esos aspectos al SII.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba la regularización de la modificación del convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, con alcances: los recursos solo pueden transferirse tras la total tramitación del acuerdo y deben destinarse únicamente a beneficios legales del personal.
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Las municipalidades pueden organizar fiestas de la vendimia y permitir venta y degustación de alcohol con permisos, pero no solicitar donaciones a empresas ni publicitarlas; solo aceptar donaciones espontáneas sin comprometer la probidad.
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El aporte fiscal al Fondo Común Municipal de las letras c) y d) del artículo 35 no puede considerarse ingreso propio permanente para calcular el límite del 42% de gasto en personal, pues solo se admite para el indicador de distribución del FCM.
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El municipio no tiene atribución permanente para ejecutar proyectos habitacionales como el planteado; solo puede hacerlo temporalmente mediante asociación con el SERVIU conforme a la Glosa 07 de la ley N° 21.796, mientras esta esté vigente.
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El instructivo que estandariza los certificados de disponibilidad presupuestaria rige obligatoriamente solo para los subtítulos 22, 24, 31 y 33, no para el subtítulo 21. La Contraloría concluye que aplicar el instructivo al subtítulo 21 es facultativo de la CMF, pues no le corresponde pronunciarse sobre el mérito de esa decisión.
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La Contraloría concluye que la ANID no incurrió en irregularidades al autorizar el cambio de investigadores principales del proyecto Ckelar Volcanoes, pues se mantuvieron las líneas de investigación, los recursos y la participación de mujeres e investigadores de regiones. Solo ordena resolver el recurso de reposición pendiente.
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La Contraloría concluye que la falta de disponibilidad presupuestaria no exime al Ministerio de Bienes Nacionales de restituir el saldo pendiente por UF 7.923,25, por lo que debe arbitrar las medidas para habilitar los recursos y pagar a la brevedad.
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La Contraloría concluye que el Servicio actuó conforme a derecho al ordenar el reintegro de aportes destinados a administración centralizada antes de la vigencia autorizada por la resolución exenta N° 126, de 2025, por lo que desestima el reclamo de SERPAJ-Chile.
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La CENABAST actúa solo como intermediario en las compras de la ley N° 20.850, correspondiendo al FONASA asumir las obligaciones de pago y emitir las facturas, por lo que se rechaza la reconsideración de FONASA.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, el director o un funcionario de la Dirección de Obras Municipales puede actuar como "Analista ejecutor" en el SISREC para rendir transferencias de proyectos de obras, sin alterar la obligación de la Unidad de Administración y Finanzas de rendir cuentas directamente ante la Contraloría.
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La Contraloría toma razón del instrumento que selecciona un proyecto deportivo por asignación directa y aprueba el convenio de transferencia con Special Olympics Santiago 2027, por ajustarse a derecho, con el alcance de que se omitió consignar que lo suscribió la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes.
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La Contraloría concluye que no existe norma que impida recontratar a trabajadores finiquitados para un nuevo convenio, por lo que el Servicio no puede rechazar las rendiciones de remuneraciones de julio a septiembre de 2025.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría de la Mujer puede aceptar como rendición válida los documentos alternativos presentados por SERPAT (contrataciones directas, facturas y listas de asistencia), en lugar de los comprobantes originalmente convenidos, siempre que verifique que los fondos se usaron para los fines pactados.
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La Contraloría concluye que los organismos ejecutores solo pueden imputar al convenio los gastos por obtener la garantía (comisiones, primas), no el monto mismo de la caución, que debe cumplir los requisitos legales.
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El Presidente tiene disponibilidad permanente y protección integral, lo que justifica usar bienes fiscales, incluido el avión institucional, incluso en viajes por sufragio. Concluye que no hubo irregularidades en los traslados del ex Presidente a Magallanes.
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La Contraloría concluye que, en el SISREC, el EMCO debe usar el tipo de cambio vigente a la fecha del traspaso efectivo de los dólares a las Fuerzas Armadas, y estas, el vigente a la fecha del gasto o restitución.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba la modificación al convenio con la Dirección General del Territorio Marítimo, entendiéndolo como una regularización por los plazos originales y la fecha de suscripción, con alcances sobre la vigencia y las contrapartes técnicas.
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La Contraloría rechaza la solicitud de FONASA de aplicar el procedimiento simplificado de rendición de cuentas a los recursos transferidos al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, porque no se cumplen las condiciones excepcionales del dictamen N° 2.768 de 2020: los fondos tienen un fin específico y no financian gastos permanentes de funcionamiento.
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La Contraloría instruye a las entidades homologadas a SIGFE registrar y enviar obligatoriamente los movimientos de cierre contable de diciembre, conforme al Manual de Procedimientos Contables. Desde este ejercicio, la omisión o inconsistencia bloqueará automáticamente la validación de los informes en SICOGEN II.
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La Contraloría toma razón, con alcances, del documento que aprueba la primera modificación del convenio de transferencia con Carabineros, entendiendo que se trata de una regularización por los plazos originales y la fecha de suscripción.
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La Contraloría concluye que el Complejo Hospitalario San José puede adquirir por ocupación los equipos abandonados por su proveedor tras el término del contrato, aplicando como excepción el artículo 624 del Código Civil ante el abandono de bienes muebles.
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La Contraloría autoriza un procedimiento simplificado para que la Subsecretaría General de Gobierno rinda cuenta de los fondos del convenio 2025, evitando duplicar documentación ya cargada en SISREC. Se aplica la nueva normativa vigente desde julio de 2026, que permite rendir mediante comprobante de ingreso e informe consolidado.
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La Contraloría concluye que los ingresos por traducciones oficiales de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores son ingresos propios y deben incorporarse al presupuesto público, por lo que rechaza autorizar su manejo extrapresupuestario bajo "Administración de Fondos".
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Hospital Regional de Talca y mantiene el criterio del dictamen N° 7.168/2019: es la institución empleadora la que debe financiar la autorización especial de la CCHEN, sin que ello vulnere la legalidad del gasto.
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La Contraloría concluye que el IND actuó indebidamente al otorgar un poder simple a terceros para entregar y retirar bienes recibidos en comodato, sin formalizar la autorización mediante acto administrativo ni cumplir las formalidades de la cláusula séptima. Deberá ajustar sus actuaciones futuras.
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La Contraloría concluye que la CNR actuó ajustada a las bases al declarar no admitidos los proyectos por precios fuera de mercado, tras una auditoría interna del Comité de Reclamaciones, y desestima el reclamo del recurrente.
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La Contraloría reconsidera su dictamen previo y concluye que no hay impedimento para las contrataciones a honorarios cuestionadas, pues las leyes de presupuestos desde 2023 eximen de las limitaciones del artículo 11 del Estatuto Administrativo, aun tratándose de labores habituales.
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La Contraloría toma razón del decreto que autoriza modificar el contrato de compraventa de un inmueble fiscal en Mejillones, dejando sin efecto la condición resolutoria y alzando la prohibición de enajenar, por inviabilidad económica del proyecto, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que el CNTV actuó conforme a las bases al declarar "No Viable" el proyecto del recurrente por no entregar los documentos exigidos y obtener menos del 80% de cumplimiento, desestimando el reclamo al no advertir irregularidades.
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La Contraloría concluye que corresponde al Ministerio de Hacienda supervigilar el correcto funcionamiento del Consejo Superior de la Hípica Nacional e indagar las irregularidades denunciadas, y que cambios al Reglamento de Carreras sobre funcionamiento de hipódromos deben hacerse por ley.
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El tope del 5% para contratar personal a honorarios con cargo a transferencias corrientes de los GORES aplica a todas las entidades públicas, incluido el Gobierno Central, pero no a las instituciones privadas sin fines de lucro. Además, las excepciones de las letras a) y c) pueden invocarse sin instrucciones previas.
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La Contraloría concluye que, rechazada o invalidada una licencia médica, el funcionario debe restituir los montos percibidos, sin que ello dependa del sumario, y que las ISAPRES no pueden compensar unilateralmente esos pagos, rechazándose las reconsideraciones.
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La Contraloría toma razón del documento que aprueba el convenio de transferencia de recursos con la Fundación para la Superación de la Pobreza, con el alcance de que los fondos para Personal solo pueden destinarse a beneficios legales, no a los voluntarios de convenios colectivos.
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La Contraloría concluye que el decreto N° 331, de 2026, del Ministerio de Hacienda, que rebaja el presupuesto del INJUV, se ajusta a las normas de flexibilidad presupuestaria, tomando razón de él, sin que ello implique una reestructuración orgánica del servicio.
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La Contraloría concluye que las municipalidades pueden ejecutar proyectos de inversión en servicios sanitarios rurales mediante convenios, y otorgar subvenciones a operadores para acciones distintas de esos proyectos, conforme al artículo 5° de la ley N° 18.695.
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La Contraloría precisa que los montos del certificado de disponibilidad presupuestaria deben desagregarse hasta subtítulo, ítem y asignación, incluyendo las modificaciones presupuestarias aprobadas a la fecha de emisión. Concluye que el "monto comprometido" comprende solo los compromisos ciertos existentes a esa data.