Contraloría General de la República
Municipalidades
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre municipalidades, del más reciente al más antiguo. Página 6.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre municipalidades, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre municipalidadesTemas de municipalidades
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que el municipio no puede declarar "estados de emergencia" como los del artículo 42 de la Constitución, aunque sí adoptar medidas internas de seguridad, y que debe evitar difundir información institucional primero por cuentas personales del alcalde.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Municipalidad de San Ramón y mantiene su dictamen: el municipio pagó en exceso la asignación de mejoramiento a la gestión del alcalde y debe exigir su devolución, informando en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que el comodato, aunque sea "a perpetuidad", no transfiere el dominio del inmueble, por lo que el municipio debe reconocerlo contablemente como bien de uso en comodato, corrigiendo los saldos iniciales de 2025 como error de períodos anteriores.
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La Contraloría analiza si procede cesar a un funcionario municipal calificado dos años consecutivos en Lista 3 cuando el segundo resultado deriva de la mantención de su calificación por fuero gremial. Concluye que no procede declarar vacante el cargo, pues no hubo dos procesos evaluatorios efectivos y sucesivos.
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La Contraloría precisa que la exención de responsabilidad civil del artículo 60 de la ley N° 18.695 también cubre a autoridades de una nueva administración municipal cuando las deudas previsionales deriven de un plan para superar el déficit heredado; los reparos deben dirigirse contra quienes generaron ese déficit.
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La Contraloría analiza quién debe instruir y aplicar la multa a alcaldes por no elaborar los planes comunales de cambio climático del artículo 12 de la ley N° 21.455. Concluye que existe un vacío legal, pues ninguna autoridad tiene esa atribución, y que debe corregirse por ley.
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La renuncia de la exalcaldesa de Ñuñoa no se ajustó a la excepción que permite dimitir sin acuerdo del concejo, pues no fue motivada por postular a otro cargo de elección popular. Al asumir como Subsecretaria del Deporte, cesó en el cargo de alcaldesa por incompatibilidad legal.
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La Contraloría concluye que la renuncia de la exalcaldesa de Peñalolén fue aprobada por unanimidad del concejo, cumpliendo el artículo 60 letra d) de la ley N° 18.695, y que no existe impedimento legal para su posterior nombramiento como Subsecretaria de Prevención del Delito.
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El dictamen concluye que el matrimonio en el extranjero generó una inhabilidad sobreviniente del funcionario, por lo que el municipio debe cesar su contratación y recuperar lo pagado indebidamente; además, ordena instruir un sumario para determinar la eventual responsabilidad del alcalde.
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La Contraloría instruye a las municipalidades registrar y valorizar las vías públicas como activos, conforme a la norma de Bienes de Uso, fijando hasta 2026 para implementarlo y exigiendo un plan de trabajo a quienes no ajusten su contabilidad en 2025.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Recoleta no puede prestar servicios propios de casas funerarias, pues ninguna ley de quórum calificado la autoriza, y debe limitarse a los servicios que el reglamento permite a los cementerios, regularizando su funcionamiento e informando en 30 días.
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La Contraloría detectó que la Municipalidad de San Ramón pagó en exceso la asignación de mejoramiento al alcalde Gustavo Toro Quintana, al no comparar correctamente las rentas según la ley N° 19.803. Concluye que el municipio debe exigir la devolución de los montos pagados indebidamente y revisar también los pagos al exalcalde Aguilera.
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La Contraloría determina cómo registrar contablemente mobiliario urbano, edificaciones en comodato y bienes de uso público, y concluye que los Odeones y circulaciones cubiertas se registran como Mobiliario de Uso Público, las edificaciones comunitarias como Bienes de Uso Depreciables en Comodato, y excepcionalmente permite valorizar bienes sin valor fiable usando precios de Mercado Público.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Maipú no puede eximir a EFE del pago de derechos municipales por ocupar bienes nacionales de uso público, pues no existe ley que lo autorice; deberá cobrarlos e informar en 30 días hábiles.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la docente porque sus labores como directora subrogante no sirven para obtener la titularidad, y ordena al municipio regularizar su situación y convocar a concurso para proveer el cargo de director.
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La Contraloría concluye que los municipios pueden comprar elementos de defensa personal para sus inspectores, pero no dispositivos de control del orden público, labor exclusiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
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La Contraloría concluye que la exalcaldesa de Nogales, por su cargo de máxima autoridad edilicia y la administración de recursos financieros municipales, tenía la custodia de fondos públicos y le afectaba la prohibición de apostar en casinos durante todo su período.
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La Contraloría concluye que las municipalidades sí pueden ejecutar cortafuegos dentro de sus atribuciones en gestión del riesgo de desastres, pero coordinadamente con otros servicios competentes y verificando la titularidad del terreno.
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La Contraloría concluye que el despido del ex supervisor de seguridad del DAEM de Recoleta fue procedente, pues la breve investigación respetó el debido proceso y se acreditó el incumplimiento grave de sus obligaciones. Rechaza el reclamo.
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La Contraloría concluye que los municipios no están obligados a que los funcionarios participen en la elaboración del protocolo de prevención de violencia, acoso laboral y sexual de la Ley Karin, ni a someterlo a aprobación del concejo municipal, aunque pueden socializarlo y considerar su opinión como buena administración.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene el criterio de que los municipios deben exigir un informe de la Superintendencia de Casinos de Juego para verificar que las máquinas de juego no sean de azar, tanto al otorgar como al renovar patentes, conforme a la Corte Suprema.
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La Contraloría concluye que las adquisiciones para donaciones en programas sociales deben imputarse al área de gestión 04 Programas Sociales, subtítulo 24, ítem 01, con registro contable según su naturaleza y control detallado de su entrega.
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Sí procede que los jueces de policía local registren su asistencia con el reloj biométrico municipal, pues el alcalde puede fijar el modo de controlar la jornada que fija la Corte de Apelaciones, sin afectar la independencia judicial.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° 26.019 de 2010, concluyendo que las ordenanzas municipales no requieren publicarse en el Diario Oficial, pues basta su publicación en la página web del municipio, conforme a la regla especial del artículo 12 de la ley N° 18.695.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su dictamen y concluye que las municipalidades no están legalmente facultadas para donar inmuebles en beneficio directo de sus propios funcionarios, pues deben priorizar el interés general de la comunidad local.
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El CNTV, como órgano de la Administración del Estado, no está obligado a conformar un COSOC, pues el título IV de la ley N° 18.575 no le resulta aplicable. Concluye que corresponde al Ministerio de Hacienda ponderar la evaluación de esa etapa del decreto exento N° 395, de 2023.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de La Florida puede fijar el horario de uso de las dependencias entregadas a los concejales, pues ello corresponde a su facultad de administrar bienes municipales y no infringe el deber de dotarlos de medios de apoyo.
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La Contraloría concluye que la cuenta pública del Municipio de Santiago se ajustó a derecho, pues la presentación de "La Sonora Tommy Rey" no tuvo costo para el municipio ni para CORDESAN, y la solicitud de información ya fue respondida.
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La Contraloría aclara que el municipio debe cobrar los fondos por rendir ya entregados a concejales, pero solo por los montos aún no reembolsados, para evitar un doble cobro y un enriquecimiento sin causa. Además, ordena instruir un proceso disciplinario e informar del cobro en 20 días hábiles.
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La certificación emitida por la Secretaria Ejecutiva del COSOC del MOP es idónea para acreditar la calidad de consejero, pues dicho cargo recae en el Encargado de la Unidad de Participación Ciudadana y no existe norma en contrario.
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La Contraloría concluye que no hay irregularidad en la Municipalidad de La Pintana: los recursos recuperados por licencias médicas se identifican y transfieren al área correspondiente (Educación/Salud/Municipal), y solo pueden recuperarse de las CCAF respecto de funcionarios afiliados a ellas y regidos por las leyes N°s. 19.070 o 19.378.
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La Contraloría concluye que el municipio puede negarse a entregar imágenes de televigilancia que identifiquen personas, pues deben remitirse a autoridades competentes, y solo puede tratarlas para seguridad comunal; deriva el caso al Consejo para la Transparencia.
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La Contraloría concluye que a los servidores traspasados al Código del Trabajo por el artículo 74 de la ley N° 21.526 no se les pueden aplicar las medidas disciplinarias del artículo 120 de la ley N° 18.883, sino solo el despido o las sanciones del Reglamento Interno.
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La Contraloría concluye que las clases prácticas de parapente realizadas en distintas comunas no constituyen sucursales ni unidades de gestión empresarial, por lo que los municipios y SERNATUR no pueden exigir patente comercial en cada comuna donde se desarrollan.
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El dictamen aclara que el exceso de patentes de alcoholes limitadas en una comuna no impide por sí solo su transferencia, pues la ley N° 20.033 eliminó esa prohibición absoluta. Solo procede impedirla si concurre término de giro, clausura definitiva, falta de pago o incompatibilidad con el plano regulador.
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La Contraloría concluye que la obligación de reconocer feriados irrenunciables en las bases de licitación de residuos sólidos solo regirá si el legislador los incorpora a futuro para esos trabajadores, pues hoy están exceptuados de descanso dominical y festivo.
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El dictamen concluye que el control de consumo de drogas solo puede aplicarse a los directores y equivalentes municipales, conforme al artículo 55 bis, sin extenderse a otros funcionarios, pues la ley lo limita expresamente a esos cargos.
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La Contraloría concluye que, convocada una sesión extraordinaria por los concejales con el quórum exigido, esta puede celebrarse válidamente aunque el alcalde no asista, y que corresponde al concejo regular en su reglamento la fijación del horario de esas sesiones.
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La consulta pregunta si una concejala puede justificar su inasistencia al concejo por matrimonio usando el permiso laboral de cinco días. Contraloría concluye que no procede, porque los concejales no son funcionarios municipales ni trabajadores regidos por el Código del Trabajo.
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La Contraloría concluye que no procede pagar con recursos fiscales del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040 una indemnización por mutuo acuerdo, pues la ley solo autoriza indemnizar desvinculaciones en las condiciones que indica, excluyendo otras causales como el mutuo acuerdo.
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La Contraloría concluye que fue improcedente que la Municipalidad de Santiago aprobara el traslado y renovación de una patente de alcoholes mientras el local estaba sin funcionar, pues los requisitos deben cumplirse permanentemente; el municipio debe regularizar la situación.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Lo Prado puede regular los horarios de los recintos deportivos solo respecto de bienes nacionales de uso público, recintos municipales o inmuebles que administre, por lo que debe adecuar la ordenanza para delimitar esos recintos.
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La Contraloría concluye que la demolición y retiro de escombros de un “memorial narco” en Lo Espejo se ajustó a derecho, sin irregularidades ni exceso de atribuciones, aplicando la regla excepcional de emergencia del artículo 20 del DFL N° 22 de 1959.
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La Contraloría concluye que la Corporación de Educación y Salud de Las Condes remitió datos sensibles de niños en respuesta a una solicitud de información, pero estima que adoptó medidas suficientes para evitar que ello se repita.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Santiago incumplió su deber de comunicar oportunamente el plazo de postulación a las bonificaciones de la ley N° 20.964, por lo que debe aceptar y tramitar la solicitud extemporánea del reclamante, pagándole la bonificación adicional si cumple los demás requisitos.
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La Contraloría instruye a los municipios sobre el cobro del permiso de circulación 2025, permitiendo pagos con tarjetas y convenios con automotoras bajo condiciones, y prohíbe publicidad o beneficios para captar contribuyentes, fiscalizando su cumplimiento.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, la Municipalidad de Lonquimay puede pagar en dinero el beneficio de sala cuna a una funcionaria en zona aislada, usando como referencia el costo promedio de su sala cuna, comunas cercanas o convenios, y debe informar en 30 días hábiles.
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El artículo 27 del Código del Trabajo (banda horaria de dos horas) se aplica a los funcionarios municipales regidos por ese código, salvo las excepciones de su inciso segundo, pero no a los regidos por estatutos distintos, sin perjuicio de que los alcaldes fijen tolerancias horarias.
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El artículo 74 de la ley N° 21.526 solo permite mantener el honorario líquido al traspasar personal a honorarios a la contrata o al Código del Trabajo, no incrementarlo; excepcionalmente procede un aumento si, en el grado inferior, la remuneración líquida resultara menor.
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La Contraloría concluye que los miembros del COSOC no son funcionarios públicos ni servidores estatales, por lo que se abstiene de pronunciarse sobre su eventual participación en campañas políticas, al carecer de competencia.