Contraloría General de la República
Organización y Procedimiento Administrativo
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Organización y Procedimiento Administrativo, del más reciente al más antiguo. Página 15.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoTemas de Organización y Procedimiento Administrativo
- Actos Administrativos
- Emergencias y Catástrofes
- Empresas del Estado y Corporaciones
- Extranjería y Convenios Internacionales
- Gobiernos Regionales
- Invalidación y Recursos Administrativos
- Órganos, Atribuciones y Delegación
- Otros (Organización y Procedimiento Administrativo)
- Procedimiento, Sanciones y Prescripción
- Transparencia, Lobby y Publicidad
Pronunciamientos
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que Lilian Troncoso incurrió en la inhabilidad de ingreso del artículo 155 letra d) de la LGPA al asumir como Directora Zonal antes de un año desde su cese en un Comité Científico Técnico. Concluye que debe invalidarse su nombramiento, sin que el plazo del artículo 53 de la ley N° 19.880 limite esa facultad.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente y por las circunstancias de seguridad en la Macrozona Sur, CONAF puede autorizar el pago de bonificaciones de la ley N° 20.283 sin verificar en terreno, si se agotaron los medios disponibles y el interesado cumplió cabalmente la ley y su reglamento.
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La Contraloría concluye que el INDH debe fundamentar sus solicitudes de información a otros organismos, los que pueden denegarla mediante acto administrativo motivado; y rechaza la reconsideración, pues el secreto del artículo 182 del Código Procesal Penal sigue rigiendo para el INDH.
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El plazo para aplicar multas por incumplimientos contractuales se cuenta desde que ocurrió el incumplimiento y prescribe en cinco años; no consta si operó. Además, no es obligatorio prorrogar la garantía de fiel cumplimiento más allá del plazo de las bases.
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La Contraloría concluye que SACOR SpA puede realizar el procedimiento masivo de alzamiento de hipotecas propuesto, previa condonación de las deudas, por no existir inconveniente dado el tiempo transcurrido y la naturaleza de los bienes garantizados.
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La Contraloría concluye que un CFT estatal puede autorizar empréstitos para gastos corrientes y de capital, pero solo si la autorización detalla proyectos específicos y no fines genéricos como cubrir déficits de caja, respetando el período presidencial.
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La Contraloría toma razón del decreto que destina al beneficio fiscal el 60% de las utilidades netas del Banco del Estado de 2022, por ajustarse a derecho, entendiendo cumplidos los informes exigidos por el artículo 5° del decreto ley N° 2.079.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que los consejeros regionales deben usar el concepto de conglomerado urbano del decreto exento N° 90 para sus estipendios y que su viático equivale al del gobernador regional con los límites del artículo 8° del DFL N° 262.
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La Contraloría determina que los contratados a honorarios deben regirse por los plazos de reclamo de los artículos 160 y 156 de los estatutos administrativos, y que los sancionados en sumarios instruidos por ella pueden reclamar en 10 días desde la notificación del acto de término.
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La Contraloría toma razón del instrumento que declara de emergencia obras en rutas de Aysén y autoriza su contratación, por comprender solo lo necesario para mantener su servicialidad. Recuerda al Ministerio licitar oportunamente y que ello es sin perjuicio de lo que resuelva la Sede Judicial.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la legalidad de los indultos particulares ya que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el mismo asunto, y no corresponde interferir en sus atribuciones.
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El dictamen concluye que, aunque los reclamos por el bono de desempeño laboral se presentaron fuera del plazo de reposición, el Ministerio de Educación puede revisar de oficio la legalidad de sus resoluciones mediante el procedimiento de invalidación del artículo 53 de la ley N° 19.880, dentro de dos años y con audiencia del interesado.
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Las funcionarias deben entregar al INDH la identidad de las personas entrevistadas, pues es información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el Instituto debe mantenerla reservada, ya que divulgarla afectaría la seguridad de los declarantes.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del GORE de Magallanes y confirma que los recursos del Fondo de Contribución Regional 2021-2022 se distribuyeron conforme al artículo 9° de la ley N° 21.210, aplicando la regla general y no la excepción pretendida.
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El dictamen concluye que el oficio N° 598 de la DDU no contraviene la normativa, pues los permisos de edificación no invalidados mantienen su vigencia y el DOM debe recepcionar las obras conforme a ellos, sin nuevas exigencias urbanísticas.
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La Contraloría concluye que la DGA actuó conforme a derecho al notificar el acta de inspección a uno de los apoderados de la empresa, sin que ello causara indefensión, y rechaza el reclamo de Inmobiliaria Puerto Tongoy SpA.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la FACH y confirma que la no renovación de la contrata de un funcionario en retiro debe estar suficientemente motivada, pues la confianza legítima le ampara y la Tabla invocada no acreditó ser secreta.
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La fecha de pago del inciso segundo del artículo 46 del decreto N° 32 es una opción que las partes pueden pactar, no una obligación impuesta a los productores. COCHILCO actuó correctamente al fiscalizar e iniciar los procedimientos sancionatorios.
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El tema principal es si quienes inscribieron armas antes de la ley N° 20.014 deben acreditar cada cinco años los conocimientos y aptitud exigidos por el artículo 5°A de la ley N° 17.798. Concluye que, por regla general, no procede dicha acreditación periódica, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora pueda exigirla fundadamente.
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La Contraloría concluye que el CFT de Los Ríos solo puede crear nuevas direcciones del mismo nivel que las ya existentes si no alteran la estructura básica fijada en sus estatutos ni las funciones de las direcciones Académica y Económica y Administrativa.
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La Contraloría toma razón del decreto del Ministerio del Interior que modifica el Decreto N° 78, de 2023, y prorroga su vigencia, por ajustarse a derecho, precisando que la modificación comprende solo el primer párrafo del área de la Región de Antofagasta, manteniéndose vigente el segundo.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección de la obra Aeropuerto El Tepual, con el alcance de que fue dictada con evidente retraso, ordenando al servicio emitir oportunamente sus actos administrativos.
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La Contraloría toma razón de la resolución que aprueba un convenio modificatorio, pero observa que fue dictada con evidente retraso y con errores formales, ordenando al servicio emitir oportunamente sus actos administrativos.
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La Contraloría concluye que, salvo los directivos de planta excluidos por ley, el jefe de servicio debe dictar un acto administrativo fundado que identifique las jefaturas no directivas y demás funcionarios que no podrán teletrabajar, ponderando la continuidad del servicio.
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La Contraloría concluye que la PDI puede revocar la licitación, pero sus razones fueron genéricas e insuficientes; por ello le ordena fundamentar con mayor detalle, en lo sucesivo, sus decisiones de revocación.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen E266340/2022, manteniendo que no es obligatorio notificar la sola dictación del acto de adjudicación, sino una vez totalmente tramitado, pues ello extingue el derecho a desistirse.
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La Contraloría concluye que el decreto N° 24, de 2017, es legal porque ya fue sometido a toma de razón y no puede dejarlo sin efecto; además, se abstiene de pronunciarse sobre la licitación de 2015 porque fue declarada desierta y la reclamante no acreditó un interés específico.
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Contraloría rechaza la reconsideración: no hubo solicitud formal de Araya para administrar el santuario Aguada La Chimba ni irregularidad en el decreto N° 14, de 2021, que entregó la administración exclusiva a la Fundación Kennedy, facultad del Presidente de la República.
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La Contraloría concluye que el IND debe impedir que organizaciones deportivas se inscriban usando el nombre de la Universidad de Chile sin autorización, y exigir la subsanación o eliminación del registro de las ya inscritas, por ser contrario a derecho.
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La Contraloría revisa la demora de la DGA en resolver un recurso de reconsideración de 2021 y concluye que, pese a la carga laboral invocada, debe adoptar medidas para resolverlo pronto e informarlo en 10 días.
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La Contraloría concluye que el convenio a honorarios de Raphael Bergoeing debió modificarse desde su designación como presidente de la CNEP, pues no es conciliable que perciba honorarios por revisar informes del mismo organismo que integra y preside, por conflicto de imparcialidad.
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El dictamen concluye que, como los directores de los SERVIU no tienen superior jerárquico, no corresponde enviar copia de la representación y reiteración de una orden ilegal conforme al artículo 62 de la ley N° 18.834.
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El tema principal es si los convenios de cooperación con ACNUR implicaron gasto de recursos públicos. Contraloría concluye que no se advirtieron desembolsos ni acuerdos complementarios que los dispusieran, manteniendo lo resuelto en el dictamen N° E267186 de 2022.
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La Contraloría concluye que el artículo 3° de la Ordenanza de consulta indígena de Valparaíso es legal: no obliga el resultado de la consulta, sino solo el acuerdo que el municipio voluntariamente suscriba con las organizaciones indígenas, dentro de sus competencias y la ley.
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La Contraloría concluye que los procesos de invalidación de resoluciones que concedieron beneficios de las leyes N°s. 18.392 y 19.149 fueron tramitados correctamente, sin irregularidades, pues se oyó a los interesados y se fundamentaron las decisiones conforme a la ley N° 19.880.
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La Contraloría concluye que las declaraciones y publicaciones del Presidente sobre el plebiscito constituyeron opiniones políticas personales, sin llamados concretos a votar, y no vulneraron la prescindencia política; tampoco le compete fiscalizar a parlamentarios ni ponderar efectos políticos.
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La Contraloría aclara que solo los organismos con funciones de comunicación (como los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, y Desarrollo Social) pueden hacer campañas informativas del plebiscito, con imparcialidad; otros órganos no, salvo requerimiento concreto.
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La Contraloría concluye que las resoluciones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que crearon secciones en el Departamento de Asuntos Marítimos y designaron encargados a contrata son legales, pues se enmarcan en sus facultades de administración interna y no alteran la estructura orgánica fijada por ley y reglamento.
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La Contraloría instruye que, ante la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo de 2023, las autoridades y funcionarios públicos no pueden usar recursos ni la jornada laboral para fines político-electorales, debiendo garantizar igualdad de trato entre candidatos. Concluye que infringir gravemente estos deberes de probidad puede sancionarse incluso con destitución.
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CORFO actuó conforme a la ley al transferir acciones a trabajadores y, tras pagar como fiadora el crédito de BANCOESTADO, se subrogó legalmente en él. Por ello, es procedente mantener la prenda sobre esas acciones hasta que el trabajador pague su nueva deuda con CORFO.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y mantiene que la SCJ no se ajustó a derecho al suspender la verificación del casino invocando la falta de pronunciamiento de la Contraloría, pues debió actuar con antelación; solo aclara la interpretación del plazo y la revocación del permiso.
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El INDH puede comunicar su opinión a los Tribunales de Justicia sobre derechos humanos, incluido vía amicus curiae, si su Consejo lo aprueba con el quórum legal; corresponde a los tribunales decidir su admisibilidad.
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El CNTV puede archivar denuncias sobre el contenido de las franjas electorales, pues los canales no son sancionables por esa propaganda y el SERVEL carece de atribuciones sobre su contenido. No obstante, el CNTV mantiene su rol de velar por el correcto funcionamiento televisivo.
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La Contraloría reconsidera su criterio anterior y concluye que el acuerdo entre la Municipalidad de Talca y su corporación de desarrollo no es una transacción extrajudicial, sino una dación en pago válida que cumple los requisitos legales.
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La Contraloría concluye que los Gobiernos Regionales no tienen atribuciones legales para construir infraestructura de telecomunicaciones y entregarla a concesionarios; además, la consulta de SUBTEL carece de un caso concreto y antecedentes suficientes.
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La Contraloría se abstiene de tomar razón de la resolución que amplía plazos en casos de sismos o catástrofes, porque esa materia está exenta de dicho trámite según la resolución N° 7 de 2019, sin perjuicio de los controles de reemplazo.
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La Contraloría concluye que la resolución que amplía plazos bajo el artículo 26 de la ley N° 16.282 está exenta del trámite de toma de razón, por lo que se abstiene de controlarla previamente, sin perjuicio de los controles de reemplazo.
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La Contraloría se abstiene de tomar razón de la resolución que amplía plazos en casos de sismos o catástrofes, pues esa materia está exenta de dicho trámite según la resolución N° 7 de 2019, sin perjuicio de los controles de reemplazo.
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La Contraloría se abstiene de tomar razón del acto que define instituciones elegibles para el Fondo de Innovación para la Competitividad, por estar exento de ese trámite según la resolución N° 7 de 2019, sin perjuicio de los controles de reemplazo.
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La Contraloría concluye que Carabineros actuó conforme a derecho al retrotraer el procedimiento para subsanar un vicio, rechazar las alegaciones de caso fortuito y aplicar la multa, absteniéndose sobre la excepción de contrato no cumplido por estar en tribunales.