Contraloría General de la República
Remuneraciones y Derechos Funcionarios
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Remuneraciones y Derechos Funcionarios, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Remuneraciones y Derechos Funcionarios, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Remuneraciones y Derechos FuncionariosTemas de Remuneraciones y Derechos Funcionarios
- Asignaciones y Sobresueldos
- Bonos, Aguinaldos y Reajustes
- Descuentos, Reintegros y Condonaciones
- Feriados y Permisos
- Incentivos por Desempeño
- Jornada, Horas Extraordinarias y Teletrabajo
- Licencias Médicas
- Otros (Remuneraciones y Derechos Funcionarios)
- Protección a la Maternidad y Sala Cuna
- Viáticos y Cambio de Residencia
Pronunciamientos
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El dictamen concluye que, durante el permiso de la ley SANNA, el subsidio reemplaza la remuneración y no procede pagar ambas, aunque el subsidio sea menor. Por eso el Hospital actuó correctamente al exigir la restitución de las remuneraciones pagadas.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del dictamen N° 9.545 de 2013, confirmando que las licencias médicas no autorizadas, rechazadas o invalidadas constituyen ausencias injustificadas que impiden cobrar la cuota de la asignación del artículo 1° de la ley N° 19.490, y que en la asignación del artículo 83 del DFL N° 1 de 2005 corresponde descontar los días no trabajados.
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La incompatibilidad de percibir beneficios por un mismo concepto rige aunque cambie su fuente de financiamiento, y la asignación convencional de zona se mantiene vía planilla complementaria mientras no se renuncie a ella.
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La Contraloría toma razón del decreto que fija las bases tarifarias de los funcionarios de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, con el alcance de que el requerimiento de antecedentes al SII debe sujetarse al artículo 35 del Código Tributario.
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La Contraloría determina cómo registrar contablemente la variación de la UTM y los intereses de deudas por licencias médicas rechazadas: la UTM incrementa la cuenta 12101 Deudores contra ingresos patrimoniales, y los intereses se devengan en la cuenta 11508, traspasándose luego a la Tesorería General.
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El dictamen aclara que los beneficios laborales pactados en convenios colectivos de PRODEMU siguen siendo exigibles, pero no pueden financiarse con recursos públicos, sino con fondos propios. Concluye que el dictamen N° D169 solo rige para convenios de transferencia futuros.
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La Contraloría concluye que es válido que el Servicio de Salud Ñuble fije distintos porcentajes de la asignación de estímulo por competencias profesionales según la carga horaria del cargo, pues esta es un factor objetivo del puesto de trabajo. Desestima la reconsideración y confirma los oficios recurridos.
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La Contraloría concluye que la funcionaria debe devolver solo la asignación de septiembre a diciembre de 2023, con reajustes y multa no condonable, y nada por 2024, pues la inhabilidad no se aplica retroactivamente.
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La Contraloría rechaza la reconsideración del Servicio de Salud Antofagasta: las postulaciones extemporáneas a la asignación de dedicación exclusiva 2024 no dan derecho al beneficio, pues la ampliación irregular del plazo por el hospital no es atribución válida ni excusa el desconocimiento de la normativa.
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El personal del Departamento de Salud Municipal debe celebrar el Día de la Atención Primaria de Salud (6 de septiembre), no el Día de los Funcionarios Municipales; los reubicados ex DAEM regidos por el Código del Trabajo sí pueden participar, y los contratados a honorarios no, por no ser funcionarios municipales.
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El dictamen aclara que el criterio del dictamen N° 44.471, de 2017, sobre acumulación de feriado de los becarios quedó circunscrito al texto entonces vigente del artículo 14 del Reglamento de Becarios. Concluye que, tras la modificación del decreto N° 7, de 2018, los becarios ya no pueden acumular feriado y sus solicitudes deben resolverse conforme al texto vigente de esa norma.
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La COMPIN solo informa técnicamente sobre la salud mental del funcionario sumariado cuando hay indicios claros de inimputabilidad ligados a los hechos investigados; no le corresponde resolver su imputabilidad administrativa, que proponen el fiscal y decide la autoridad disciplinaria.
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La Contraloría concluye que el vestuario uniforme solo procede para el personal de los escalafones de Mayordomos, Choferes y Auxiliares, y para quienes cumplen labores administrativas y de secretaría, sin importar su estamento; las giftcards son un mecanismo válido para adquirirlo vía convenio marco.
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La Contraloría concluye que los dirigentes gremiales no tienen derecho a la asignación de urgencia durante los permisos de la ley N° 19.296, pues esta exige desempeño efectivo, y confirma que los pagos del Hospital Sótero del Río y de Magallanes se apartan de la normativa.
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La Contraloría instruye que los municipios pueden gastar en las celebraciones del Día del Funcionario Municipal y del Día de la Atención Primaria de Salud, siempre que esos gastos sean austeros, proporcionales, se ajusten al presupuesto y se imputen correctamente.
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La Contraloría concluye que el artículo 90 del Estatuto Administrativo obliga al servicio a asumir la defensa judicial del funcionario, no a reembolsarle gastos ya efectuados. En este caso no procede el reembolso porque el interesado no solicitó oportunamente esa defensa.
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La ley N° 21.795 condonó de pleno derecho las deudas por incremento previsional pagadas en exceso hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que la Municipalidad de Galvarino debió cesar los descuentos desde el 26 de enero de 2026 y restituir lo descontado después de esa fecha.
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La falta de reconocimiento oficial no impide aplicar el Título VI del Estatuto Docente ni pagar remuneraciones a educadoras de párvulos. Concluye que la educadora pasa al régimen de profesionales de la educación, por lo que no procede pagarle el bono de responsabilidad.
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La Contraloría concluye que no procede pagar el bono compensatorio de sala cuna durante los recesos programados o jornadas sin párvulos, pues la excepción jurisprudencial exige una imposibilidad permanente o prolongada, no situaciones ocasionales y acotadas.
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La Contraloría concluye que la no renovación del contrato para 2026 se ajustó a las condiciones pactadas (disponibilidad presupuestaria), sin irregularidades; pero ordena a la Subsecretaría y sus SEREMI usar en lo sucesivo la figura contractual correcta, recurriendo a la ley N° 19.886 solo cuando concurran sus presupuestos.
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La Contraloría concluye que las municipalidades solo pueden entregar vestimenta a sus funcionarios cuando esta constituya uniforme, con fundamento, presupuesto y reglamento; no pueden otorgar giftcards para adquirir prendas que excedan ese carácter. Por eso ordena a Providencia revisar y ajustar su reglamento.
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La Contraloría concluye que no procede sancionar al funcionario municipal condenado a inhabilitación perpetua, pues la jurisprudencia vigente al momento de su condena impedía aplicar esa pena accesoria, y tampoco advierte irregularidades en el pago de horas extraordinarias.
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La Contraloría concluye que la asignación de experiencia pactada en convenios colectivos debe pagarse dentro de la planilla complementaria, comparándola con la asignación legal del artículo 48 y pagando solo la de mayor valor, sin duplicarla; el SLEPSR debe regularizar su procedimiento.
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El requisito del artículo 2° N° 1 de la ley N° 21.728 solo exige haberse desempeñado en un establecimiento traspasado, sin importar el mecanismo de salida. Concluye que la renuncia forzada seguida de contratación municipal el mismo día no impide acceder al aporte, pues no interrumpió el vínculo con el Estado.
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La Contraloría no da curso al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2026, de Agricultura, porque limita la asignación de guardaparques al SBAP y no a CONAF y SERNAFOR, y fija un cupo sin criterios objetivos, vulnerando la igualdad ante la ley.
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La Contraloría concluye que el CFT de Los Ríos puede exigir requisitos objetivos, como la antigüedad de un año, para otorgar el ajuste individual por desempeño, pues la norma permite fijar condiciones adicionales a la evaluación. No hay reproche a dichas exigencias.
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La Municipalidad de Gorbea debe aportar al Servicio de Bienestar del Departamento de Salud Municipal desde que este empezó a funcionar realmente, no desde su regularización formal, y la falta de presupuesto no la exime. La Contraloría Regional de La Araucanía debe verificar la fecha exacta de inicio, con prescripción de cinco años.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Padre Hurtado no puede pagar una asignación de movilización a los docentes regidos por la ley N° 19.070, porque ese beneficio no está contemplado en su estatuto ni en leyes especiales aplicables.
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El dictamen concluye que el personal civil de ASMAR no puede acogerse al régimen excepcional de jornada del artículo 22 ni al teletrabajo del Código del Trabajo, por ser empresa pública sin habilitación legal expresa; solo excepcionalmente procede como ajuste razonable por discapacidad.
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La Contraloría concluye que el decreto alcaldicio N° 612, de 2025, de la Municipalidad de María Pinto no se ajusta a derecho, pues otorga una jornada de autocuidado general y automática no prevista en la ley N° 18.883, debiendo dejarlo sin efecto o reconducirlo a los permisos del artículo 108 de dicho cuerpo legal.
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La Contraloría concluye que, rechazada o invalidada una licencia médica, el funcionario debe restituir los montos percibidos, sin que ello dependa del sumario, y que las ISAPRES no pueden compensar unilateralmente esos pagos, rechazándose las reconsideraciones.
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La Contraloría concluye que, excepcionalmente, la Dirección de Vialidad puede trasladar a sus funcionarios desde Concepción a esas plazas, por vehículos fiscales o servicio privado, mediante acto fundado y con recursos presupuestarios, sin afectar el viático de faena.
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La Contraloría concluye que la prohibición de trabajos extraordinarios en teletrabajo solo rige durante las jornadas remotas, no las presenciales, incluso en sábados, domingos o festivos. Por ello, el SRCI estaba facultado para decidir qué funcionarios realizaban esos trabajos, sin que se advierta reproche en su actuación.
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La Contraloría se abstiene de pronunciarse sobre la asignación de zona pactada colectivamente en Punta Arenas porque el asunto está sometido a tribunales, y respecto del SLEPM concluye que solo debe pagar la asignación legal del artículo 47 de la ley N° 21.109, desestimando la reconsideración.
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La Contraloría concluye que el teletrabajo como ajuste razonable por discapacidad psíquica requiere antecedentes médicos que acrediten cómo compensa las desventajas laborales, por lo que el funcionario debe aportarlos a la ANID para que esta los pondere conforme a la ley N° 20.422.
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La Contraloría cambia su criterio: para computar los seis meses del artículo 151 de la ley N° 18.834 cuentan tanto las licencias médicas autorizadas como las rechazadas, salvo las exceptuadas por ley. Deja sin efecto el dictamen N° 60.302, de 2004, rigiendo solo hacia el futuro.
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La deuda por remuneraciones indebidamente percibidas antes del traspaso educacional queda radicada en el patrimonio municipal, pero como la funcionaria ahora depende del SLEPLP, la Municipalidad de Quinta Normal debe coordinarse con ese servicio para que efectúe los descuentos y luego ingresar los montos al municipio.
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El beneficio de alimentación en establecimientos de salud es facultativo y depende del presupuesto y de criterios objetivos, como la extensión de la jornada. Por eso, es procedente excluir a una funcionaria con jornada parcial si el centro asistencial prioriza jornadas completas.
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La Contraloría concluye que el Servicio Agrícola y Ganadero debe reembolsar a su personal los gastos por autorizaciones de desempeño e historiales dosimétricos y dosímetros, aplicando el criterio de dictámenes previos sobre costos exigidos para el desempeño de funciones.
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La Contraloría concluye que la inasistencia de una asistente de la educación a una capacitación por estar con permiso postnatal parental se justifica para calcular la variable de convivencia escolar del bono de desempeño laboral, aplicando una excepción a la regla general.
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La Contraloría determina que, cuando una funcionaria trabaja en jornadas parciales para dos empleadores públicos, ambos deben financiar el beneficio de sala cuna —incluida la modalidad excepcional por enfermedad grave del menor— en proporción a sus respectivas jornadas.
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La Contraloría concluye que la reducción gradual de jornada de la ley N° 21.561 no se aplica a los asistentes de la educación de establecimientos municipales y VTF, regidos por el artículo 39 de la ley N° 21.109, pero sí rige para el personal municipal afecto al Código del Trabajo.
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La Contraloría concluye que no procede pagar ni compensar horas extraordinarias al personal de SUBTEL durante feriados, licencias o permisos con goce de sueldo, pues no existe norma legal expresa que lo autorice y no cabe aplicar por analogía la excepción del SENAPRED.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la planta del Servicio Exterior deben pagar el 50% del seguro de salud contratado para el extranjero, pues existe norma expresa que los obliga a contribuir; no procede la exención solicitada, por tratarse de una situación distinta a la de los trabajadores de la ex DIRECON.
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La Contraloría concluye que los alcaldes pueden fijar horarios flexibles para funcionarios municipales, siempre que se cumpla la jornada diaria y semanal y no se afecte el servicio, manteniendo personal suficiente en la atención de público mínima de 09:00 a 14:00 horas.
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La Contraloría rechaza reconsiderar su criterio: los médicos becarios no son funcionarios públicos y solo tienen los derechos que la ley les otorga expresamente. Por ello, concluye que no pueden recibir el beneficio de alimentación de la ley N° 20.799.
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La Contraloría concluye que el SII otorgó correctamente la defensa judicial a los funcionarios, pues realizó la investigación previa exigida y fundó su decisión; pero si una sentencia penal firme los condena, deberá exigirse la devolución de los montos pagados.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la Universidad de Los Lagos y mantiene que las docentes e investigadoras contratadas a honorarios bajo el artículo 48 de la ley N° 21.094 tienen fuero maternal, pues sus labores son habituales y no accidentales.
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La Contraloría rechaza las solicitudes de reconsideración de DIPRECA, la CNA y APROFAMED, manteniendo que el tiempo de colación de 30 minutos deja de imputarse a la jornada cuando esta baja de 43 horas semanales, rigiendo plenamente el artículo 34 del Código del Trabajo.
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La ley no obliga a los servicios de salud a reservar horas semanales para formación de profesionales en Etapa de Destinación y Formación, pues su contratación es preferentemente asistencial. El instructivo del SSMC solo describe tareas no asistenciales eventuales, que pueden reconvertirse en atención directa.