Contraloría General de la República
Remuneraciones y Derechos Funcionarios
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Remuneraciones y Derechos Funcionarios, del más reciente al más antiguo. Página 11.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Remuneraciones y Derechos Funcionarios, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Remuneraciones y Derechos FuncionariosTemas de Remuneraciones y Derechos Funcionarios
- Asignaciones y Sobresueldos
- Bonos, Aguinaldos y Reajustes
- Descuentos, Reintegros y Condonaciones
- Feriados y Permisos
- Incentivos por Desempeño
- Jornada, Horas Extraordinarias y Teletrabajo
- Licencias Médicas
- Otros (Remuneraciones y Derechos Funcionarios)
- Protección a la Maternidad y Sala Cuna
- Viáticos y Cambio de Residencia
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que el SERVEL debe reincorporar a las recurrentes con fuero maternal y pagarles los honorarios adeudados, excluyendo los períodos de licencia médica o maternal, que ellas deben tramitar como trabajadoras independientes.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general de pago en las fechas fijadas por ley, a los exfuncionarios de la JUNJI los estipendios proporcionales deben pagárseles a más tardar en marzo, agosto o noviembre, el más próximo a su cese.
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Los créditos sociales de las cajas de compensación no tienen preferencia legal para descontarse de las remuneraciones; concurren en igualdad de condiciones con otros descuentos voluntarios, como los de cooperativas, y su prioridad se determina por la antigüedad del crédito.
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La Contraloría concluye que, aunque el contrato a plazo fijo termine por vencer mientras el funcionario de ASMAR está en tratamiento por un accidente en acto del servicio, igual debe otorgársele la atención médica del artículo 75 de la ley N° 18.948 hasta el alta o incapacidad; pero no procede pagar subsidio ni remuneraciones tras el cese.
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La Contraloría concluye que los días libres tras un turno no rompen el desempeño continuo exigido por la ley N° 21.409, por lo que corresponde conceder el descanso reparatorio a la reclamante si cumple los demás requisitos.
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La Contraloría rechaza la solicitud del Servicio de Salud Metropolitano Norte de financiar con presupuesto institucional la alimentación de los hijos del personal en el club escolar, pues es materia de ley. No obstante, permite entregarla mediante descuento en remuneraciones o a través del servicio de bienestar.
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La Contraloría concluye que las licencias médicas no suspenden el plazo de dos años para usar las horas compensadas con descanso complementario, por lo que, al estar prescrito su derecho, rechaza el reintegro o pago retroactivo solicitado.
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El dictamen concluye que, sin una ley que lo autorice, el SENDA no puede mantener el teletrabajo del personal del Programa Fono Drogas tras el fin de la alerta sanitaria, pues la regla general exige trabajo presencial y no se configura una excepción legal aplicable.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario interrumpe la continuidad exigida para el descanso reparatorio de la ley N° 21.409, pues implica dejar de desempeñar funciones. Por ello, rechaza el reclamo y niega el beneficio al funcionario, sin aplicar excepción alguna.
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La Contraloría concluye que la SUSESO puede solicitar fichas clínicas a un médico investigado por emitir licencias sin fundamento médico, pues son datos sensibles necesarios para cumplir su función legal, siempre que se resguarde su confidencialidad.
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La Contraloría concluye que, por la pandemia de COVID-19, se ajustó a derecho pagar la asignación por trato al usuario según el tramo del año anterior, incluyendo a los funcionarios del nuevo Complejo Asistencial Padre Las Casas bajo el tramo del Hospital de Pitrufquén.
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La Contraloría concluye que no puede condonar el interés penal del 1% mensual porque deriva de una sentencia judicial firme del Juzgado de Cuentas, y confirma que el cálculo de ese interés contenido en el oficio N° E37913, de 2020, es correcto.
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La Contraloría concluye que Carabineros puede descontar el valor del armamento perdido o dañado, previo sumario, y que su Dirección General puede fijar cuotas, reajustables según el IPC, mediante instrucciones.
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La suspensión preventiva por sumario es ausencia justificada y no impide la bonificación del artículo 4° de la ley N° 19.490; quienes no fueron calificados conservan su evaluación anterior. Contraloría concluye que Oporto y Alvarado tienen derecho al pago y ordena regularizarlo, reconsiderando el dictamen N° 19.262 de 2018.
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La Contraloría concluye que los funcionarios no calificados por usar licencia médica conservan su calificación anterior y tienen derecho a la asignación del artículo 4° de la ley 19.490, pues la licencia es ausencia justificada. Ordena regularizar el pago a los recurrentes, aplicando excepción a la regla general.
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La Contraloría concluye que la solicitante no cumple el requisito legal de desempeño continuo entre el 30 de septiembre de 2020 y el 25 de enero de 2022 en las instituciones señaladas, pues el Fondo Nacional de Salud no está en el listado legal, por lo que no tiene derecho al descanso reparatorio de la ley N° 21.409.
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La ley N° 21.409 otorga 14 días hábiles de descanso reparatorio solo a quienes trabajaron presencialmente o alternando modalidades; quienes lo hicieron exclusivamente en teletrabajo reciben 7 días. Contraloría concluye que la recurrente, con teletrabajo predominante sin alternancia sucesiva, solo tiene derecho a 7 días hábiles.
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La Contraloría concluye que los funcionarios de la DGAC que alcanzaron a usar su descanso compensatorio por orden de la autoridad, luego declarada improcedente, consolidaron esa situación y no deben verse afectados, pues ya ejercieron ese derecho.
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La Contraloría concluye que corresponde otorgar el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 a las tres funcionarias, pues las breves interrupciones invocadas (un día de turno o días inhábiles) son ajenas a su voluntad y no afectan la continuidad exigida.
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El descanso reparatorio de la ley N° 21.409 y la licencia médica tienen finalidades distintas, por lo que una licencia médica suspende el goce del descanso reparatorio. El servidor puede usar los días pendientes tras la licencia o en otra oportunidad, según el procedimiento del artículo 3°.
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La Contraloría concluye que un desfase de un día en la relación laboral de una funcionaria del Hospital Claudio Vicuña no interrumpe el desempeño continuo exigido por la ley N° 21.409, por lo que procede concederle el descanso reparatorio si cumple los demás requisitos.
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El permiso sin goce de remuneraciones de la ley N° 21.247 sí se computa para el período asistencial obligatorio, por excepción a la regla general, pero no se extiende a los becarios del artículo 43 de la ley N° 15.076.
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La Contraloría concluye que la señora Devia cumple el requisito de continuidad laboral exigido por la ley N° 21.409, pues su renuncia a la Corporación Municipal de Maipú fue el 20 de diciembre de 2020 y asumió en el HPH el 21 de diciembre de 2020, sin interrupción. Por tanto, podrá acceder al descanso reparatorio si reúne los demás requisitos legales.
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La Contraloría concluye que quienes trabajaron a honorarios para la salud municipal y vieron su contrato iniciar el 4 de enero de 2021, por ser el primer día hábil, mantienen el desempeño continuo exigido y pueden acceder al descanso reparatorio de la ley N° 21.409, cumpliendo los demás requisitos.
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El descanso reparatorio de la ley N° 21.409 exige desempeño efectivo en el Hospital de Carabineros o su red asistencial, no en dependencias administrativas como la Dirección o Subdirección de Salud de Carabineros. Para honorarios sin jornada pactada, se promedian las horas mensuales trabajadas para verificar las once horas semanales.
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La Contraloría concluye que el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 exige desempeño continuo entre el 30 de septiembre de 2020 y el 25 de enero de 2022, aunque puede ser en distintas instituciones de salud y no en una sola. La recurrente no acredita continuidad, por lo que no le asiste el derecho.
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La Contraloría concluye que procede otorgar el descanso reparatorio de la ley N° 21.409 a los profesionales del Servicio de Salud Maule, pese a tener un día de interrupción laboral por causas ajenas a su voluntad, pues ello no afecta el requisito de continuidad y cumplen los demás requisitos legales.
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La Contraloría reconsidera su criterio y permite excepcionalmente pagar un bono compensatorio de sala cuna a funcionarias con hijos menores de dos años, mientras dure la alerta sanitaria, siempre que no exista doble gasto.
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El dictamen concluye que el traspaso a contrata regulado por el artículo 45 de la ley N° 21.405 debe mantener la renta bruta, y no el valor líquido como exige el dictamen N° E173171, por tratarse de procesos de distinta naturaleza.
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La Contraloría concluye que el tiempo de conscripción militar sí cuenta como servicio efectivo para calcular el bono de permanencia de Carabineros, siempre que se cumplan los demás requisitos, y ordena revisar los casos de los recurrentes.
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El dictamen aclara que si el subsidio por incapacidad laboral es menor a la remuneración, ASMAR debe asumir la diferencia con cargo a su presupuesto, y ante retrasos por información del trabajador, debe consultar a la Superintendencia de Seguridad Social.
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La Contraloría concluye que quien subroga al juez de policía local solo tiene derecho al sueldo base del cargo subrogado, no a las asignaciones de responsabilidad judicial ni de incentivo por gestión judicial, por lo que rechaza la reconsideración.
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El incentivo al desempeño del artículo 8° de la ley N° 20.248 puede pagarse a todos los funcionarios del establecimiento que participen en las metas del PME, aunque sus contrataciones no se financien con recursos SEP, cumpliendo el reglamento. Se reconsidera el dictamen N° 7.633 de 2013.
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La asignación del artículo 88 C del Estatuto Docente debe incluirse en el cálculo de la remuneración bruta mensualizada del artículo 3º de la ley Nº 20.905, incluso si el trabajador no percibe remuneración o la recibe parcialmente. Contraloría comparte el criterio de la JUNJI.
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La Contraloría concluye que Carabineros debe regularizar el pago de la asignación policial a la exfuncionaria Evelyn Guerrero Olivares, igual que al resto del personal de la 67° Comisaría de Seguridad Privada, hasta su retiro, por falta de criterio uniforme.
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La Contraloría concluye que el tiempo trabajado a honorarios no sirve para cumplir el año de servicio exigido para el feriado legal, y rechaza aplicar la excepción de continuidad porque hubo interrupción entre servicios.
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El dictamen concluye que el decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud no obliga al personal de Gendarmería adscrito a DIPRECA, por lo que la exigencia de licencia médica electrónica no les aplica, al ser una excepción a la regla general.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de Maipú y mantiene que la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, por tener carácter remuneratorio, debe pagarse junto con las remuneraciones en mayo, julio, octubre y diciembre.
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La Contraloría confirma que la subvención del SENAME puede financiar las indemnizaciones por años de servicio del personal de los organismos colaboradores, pues son gastos legales necesarios para la atención de los niños. Rechaza la reconsideración del SENAME y ordena ajustar el manual y dejar sin efecto los reintegros.
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La Contraloría rechaza la reconsideración y confirma que un funcionario con licencia médica destinado a otro lugar solo mantiene las remuneraciones de su antiguo puesto hasta que se afina su destinación, aunque esté con reposo. Concluye que suspender la asignación de zona fue ajustado a derecho.
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El dictamen concluye que, tras la derogación por el Tribunal Constitucional de las normas que regían el cese del personal civil de FAMAE, desde el 5 de febrero de 2022 se aplican las causales del Código del Trabajo, incluyendo el derecho a indemnizaciones.
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La glosa 05 de la ley de presupuestos 2019 prohíbe a municipios financiar licencias médicas del personal VTF con recursos transferidos por la JUNJI, pero no se extiende a los SLEP, que deben recibir la transferencia íntegra y restituir a Rentas Generales los reembolsos de salud.
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La asignación del artículo 3° de la ley N° 20.905 es remuneración y debe pagarse durante licencias médicas; sin embargo, en 2018 una glosa presupuestaria prohibió financiarla con fondos JUNJI, por lo que el municipio debe restituir esos montos. Se rechaza la reconsideración.
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La asignación del artículo 3° de la ley N° 20.905 no debe incluirse en la renta bruta mensual para calcular el bono del artículo 46 de la ley N° 21.196, pues una regla especial prohíbe usarla como base de cálculo de otra remuneración.
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La Contraloría concluye que la solicitante no cumple los requisitos legales para el descanso reparatorio de la ley N° 21.409, porque al incorporarse a la Superintendencia de Salud dejó de prestar servicios en una institución beneficiaria.
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La Contraloría concluye que los docentes pueden usar su feriado en una fecha distinta a la legal si coincide con un descanso maternal, hasta 15 días hábiles anuales, y aplica excepcionalmente este nuevo criterio a la consultante.
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El cambio del 3,1% al 6,45% en la cotización de salud a las cajas de compensación no provino de la circular de la SUSESO, sino de la glosa presupuestaria de la ley N° 21.395 y del decreto N° 202 de Hacienda; la circular solo actualizó sus instrucciones.
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El exfuncionario de FONASA no tiene derecho a la bonificación por desempeño institucional 2020 porque, aunque contribuyó al cumplimiento de las metas, se desvinculó antes de su pago para acceder sin descuentos a los bonos de incentivo al retiro.
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La Contraloría concluye que una médico contratada a honorarios no tiene derecho al bono COVID-19, pues dicho beneficio excluye a los profesionales regidos por las leyes N°s. 15.076 y 19.664. En cambio, dos funcionarios con contrato indefinido en atención primaria municipal sí cumplían los requisitos en enero de 2021, por lo que el municipio debe pagarles el bono.
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La Contraloría concluye que el cese del exfuncionario de la PDI por salud incompatible fue legal, pues su salud fue declarada recuperable, desestimando el reclamo; no obstante, desde ahora la PDI deberá solicitar previamente a la COMPIN el informe de irrecuperabilidad.