Contraloría General de la República
Empleo Público
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Empleo Público, del más reciente al más antiguo. Página 4.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Empleo Público, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Empleo PúblicoTemas de Empleo Público
- Asociaciones de Funcionarios y Fuero Gremial
- Calificaciones
- Cese de Funciones, Vacancia y Retiro
- Concursos, Ascensos y Alta Dirección Pública
- Contrata, Prórroga y No Renovación
- Destinaciones, Comisiones y Subrogancia
- Honorarios y Código del Trabajo
- Ingreso a la Administración, Requisitos y Títulos
- Otros (Empleo Público)
- Plantas, Encasillamiento y Traspasos
Pronunciamientos
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La Contraloría concluye que prohibir las visitas habituales del hijo con discapacidad en las dependencias de DIPRES no es discriminatorio ni desproporcionado, pues rige igual para todos y esos recintos no son aptos para cuidados. Desestima el reclamo, sin aplicar ajustes razonables por no acreditarse el diagnóstico ni la necesidad de cuidado.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva es una ausencia justificada, por lo que la SEREMI debe pagar la bonificación del artículo 4° de la ley N° 19.490 al funcionario, si cumple los demás requisitos; rechaza el pago de feriado no usado y horas compensadas vencidas.
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La Contraloría analiza si procede cesar a un funcionario municipal calificado dos años consecutivos en Lista 3 cuando el segundo resultado deriva de la mantención de su calificación por fuero gremial. Concluye que no procede declarar vacante el cargo, pues no hubo dos procesos evaluatorios efectivos y sucesivos.
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La renuncia de la exalcaldesa de Ñuñoa no se ajustó a la excepción que permite dimitir sin acuerdo del concejo, pues no fue motivada por postular a otro cargo de elección popular. Al asumir como Subsecretaria del Deporte, cesó en el cargo de alcaldesa por incompatibilidad legal.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el dictamen N° E533724: en el concurso interno de la ley N° 21.308 debe aplicarse el límite de puntaje del artículo 54 del decreto N° 1.889, por remisión expresa de su reglamento, y no el criterio del dictamen N° 42.208.
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La Contraloría concluye que la bonificación especial otorgada a médicos del Hospital de Licantén en las bases 2025 no se ajustó a la regla de criterios de aplicación nacional, pero no invalida el proceso porque no incidió en sus resultados; ordena abstenerse de incluir tales puntajes en lo sucesivo y desestima los demás reclamos.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión de una exfuncionaria porque la orden de no innovar que invocaba fue dejada sin efecto, por lo que no se configura la causal de aparición de documentos esenciales.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el Reglamento especial de calificaciones del personal del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el Ministerio debe timbrar y firmar las enmiendas a actos reingresados a toma de razón.
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La Contraloría toma razón del decreto que otorga la asignación especial de la ley N° 21.044 para 2025, con alcances: una funcionaria sin título profesional registrado y cargos que difieren de SIAPER, que el servicio debe actualizar.
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La Contraloría concluye que el despido del ex supervisor de seguridad del DAEM de Recoleta fue procedente, pues la breve investigación respetó el debido proceso y se acreditó el incumplimiento grave de sus obligaciones. Rechaza el reclamo.
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La Contraloría concluye que no procede pagar el feriado no usado tras el cese por salud irrecuperable, y que las bonificaciones 2019-2023 prescribieron; solo corresponde pagar la cuota 2024 si cumple los requisitos.
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La ley N° 20.986 solo prohíbe que los beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario se desempeñen, durante cinco años, en los servicios y establecimientos de salud que taxativamente señala. Como el Servicio Médico Legal no integra esa red asistencial, Contraloría concluye que no existe impedimento para que el señor Vukusich se contrate a honorarios en dicho servicio.
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La Contraloría rechaza la reconsideración de la SUSESO y confirma que no procede contratar a honorarios a enfermeras, psicólogos y kinesiólogos para apoyar en reclamos médicos, pues son labores permanentes y propias de la entidad, debiendo contratarse a planta o contrata.
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La Contraloría concluye que la TGR no acreditó cómo seleccionó a los funcionarios sin jefatura para el Diplomado de Liderazgo, pues no hubo concurso; solo respecto de los Tesoreros Provinciales se justificaba no convocarlo, por ser el grupo objetivo.
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La Contraloría concluye que, por excepción legal en las leyes de presupuestos 2024 y 2025, la SEC puede renovar y reemplazar contrataciones a honorarios sin las limitaciones del artículo 11 de la ley N° 18.834.
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La incompatibilidad de los altos directivos públicos con cargos unipersonales en partidos políticos solo alcanza a los órganos ejecutivos, no a los colegiados. Concluye que ser consejero del Comité Central del Frente Amplio no configura dicha incompatibilidad.
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La Contraloría concluye que no es irregular que las solicitudes de la asociación de funcionarios sean respondidas por jefaturas intermedias y no solo por el jefe superior, pues la ley no exige que este las atienda personalmente.
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La participación de las asociaciones de funcionarios en la elaboración del protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo no es obligatoria, por lo que su omisión no constituye irregularidad. Contraloría concluye que no se advierte infracción en el actuar de la Dirección de Sanidad de la Armada.
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La Contraloría concluye que a los servidores traspasados al Código del Trabajo por el artículo 74 de la ley N° 21.526 no se les pueden aplicar las medidas disciplinarias del artículo 120 de la ley N° 18.883, sino solo el despido o las sanciones del Reglamento Interno.
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La Contraloría rechaza el reclamo del señor Castillo por el término anticipado de su contrato a honorarios con el SERVEL, pues no cuestionó la motivación del cese y la eventual irregularidad en la notificación no le generó perjuicio.
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La Contraloría concluye que el Servicio de Salud O'Higgins aplicó correctamente el criterio de antigüedad para desempatar, contando primero los años en la institución y luego en otros organismos del Estado, por lo que desestima el reclamo de la funcionaria.
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Los municipios pueden pagar la diferencia entre el subsidio de licencia médica y los honorarios de servidores a honorarios exentos de cotizar por la ley N° 21.133, siempre que coticen voluntariamente, pues solo así generan ese subsidio.
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El dictamen aclara que el beneficio de seguro de salud del dictamen N° E427466 de 2023 es una excepción aplicable solo a los trabajadores allí individualizados y a quienes estén en idéntico presupuesto, por lo que rechaza la solicitud de devolución de gastos de los recurrentes.
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La Contraloría concluye que no procede contratar mediante la ley N° 19.886 ni a honorarios, en principio, a profesionales liberados de guardia para turnos nocturnos. Excepcionalmente, sí procede a honorarios si se acredita capacidad institucional superada y falta de médicos interesados, por un plazo máximo de un año.
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La Contraloría concluye que las contrataciones a honorarios para el Censo 2024 son labores accidentales y no habituales del INE, por lo que no procede reconocerles fuero maternal, reconsiderando así los oficios regionales que lo habían concedido.
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La Contraloría concluye que la Dirección del Trabajo actuó correctamente al invalidar el registro de la directiva regional de Los Ríos de ANTRAMEF, pues no se acreditó el quórum mínimo legal exigido, y desestima la alegación de que el asunto correspondiera a los Tribunales Electorales Regionales.
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El SENCE puede incluir el "Sello 40 Horas" como criterio de evaluación en el concurso para OTEC, pues la ley N° 21.561 otorga puntaje adicional a empresas de menor tamaño certificadas y no excluye estos certámenes.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Juan Fernández debe usar el contrato de reemplazo de la ley N° 19.378, y no la subrogación de la ley N° 18.883, para suplir ausencias de personal de salud, sin excepción por su condición insular.
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El personal de la Secretaría Técnica del CNED, regido por el Código del Trabajo, no tiene derecho al bono por retiro voluntario de la ley N° 19.882, pero sí puede acceder al beneficio adicional del artículo 4° de la ley N° 20.948 si cumple todos sus requisitos.
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El artículo 27 del Código del Trabajo (banda horaria de dos horas) se aplica a los funcionarios municipales regidos por ese código, salvo las excepciones de su inciso segundo, pero no a los regidos por estatutos distintos, sin perjuicio de que los alcaldes fijen tolerancias horarias.
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La Contraloría concluye que el Director Nacional del Registro Civil puede crear el Departamento de Gestión Institucional, pues la planta fija ocho jefes de departamento y no siete, y que la asignación de funciones de oficiales civiles adjuntos se ajustó a derecho.
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El artículo 74 de la ley N° 21.526 solo permite mantener el honorario líquido al traspasar personal a honorarios a la contrata o al Código del Trabajo, no incrementarlo; excepcionalmente procede un aumento si, en el grado inferior, la remuneración líquida resultara menor.
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La Contraloría rechaza el reclamo de una ex funcionaria a honorarios de la Municipalidad de Renaico por el término anticipado de su contrato, concluyendo que este se ajustó a derecho al fundarse en el incumplimiento grave de una obligación esencial del convenio.
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La Contraloría concluye que, cuando funcionarios de Gendarmería acceden a la remuneración de un grado superior por los artículos 34 A, 34 B y 34 C del DFL N° 1.791, ello debe considerarse ascenso para el artículo 36 de la ley N° 14.908. Por tanto, deben autorizar la retención de pensiones alimenticias como condición habilitante.
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La Contraloría concluye que las 51 vacantes del grado 17 administrativo nunca provistas son cargos nuevos de carrera y deben llenarse por concurso público, no por promoción desde auxiliares; solo los 3 cargos ya provistos admiten promoción conforme al artículo 56.
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La Contraloría concluye que ni el artículo 152 quáter O bis del Código del Trabajo ni la ley N° 21.652 permiten aplicar teletrabajo a los servidores del DAEM regidos por ese código, pues tales normas no rigen en el sector municipal.
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La asignación de responsabilidad por jefatura transitoria se debe pagar desde que el profesional asume esas funciones, incluso antes del llamado a concurso, y no solo desde el inicio del certamen.
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La Contraloría rechaza el recurso de revisión del Municipio de Rauco, pues discrepar de su interpretación no constituye un manifiesto error de hecho, y confirma el pago retroactivo de las diferencias remuneratorias al señor Rojas Santelices por la subrogancia ejercida.
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La Contraloría concluye que los prestadores a honorarios a suma alzada no tienen derecho al teletrabajo del artículo 67 de la ley N° 21.526, pues este solo aplica a funcionarios de planta o contrata; el artículo 102 de la ley N° 21.647 solo fija criterios de selección, no una causal autónoma.
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El dictamen concluye que la bonificación por retiro de la ley N° 20.948 y la indemnización por años de servicio del artículo 163 del Código del Trabajo son incompatibles, debiendo el trabajador elegir una de ellas. Por excepción, ordena al Hospital de DIPRECA recuperar de 12 extrabajadores el pago indebido del estipendio de menor cuantía.
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La Contraloría concluye que la Subsecretaría se ajustó a derecho al reevaluar y denegar el tercer sueldo superior a los recurrentes, pues su falta de ascenso fue imputable a ellos al no postular voluntariamente al concurso interno de 2021.
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La Contraloría concluye que el traspaso de honorarios a contrata del artículo 15 de la ley N° 21.516 sí aplica a profesionales regidos por las leyes N° 15.076 y N° 19.664, asimilándolos a jornadas y/o niveles, no a grados, por lo que no procede excluirlos.
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La Contraloría confirma que un empleo regido por la ley N° 18.883 es incompatible con un cargo de Alta Dirección Pública, pues la compatibilidad debe estar prevista en ambos estatutos y no se aportaron antecedentes para reconsiderar el dictamen anterior.
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La Contraloría revisó denuncias sobre el uso de redes sociales, contratación a honorarios y apariciones en TV del Gobernador Regional Metropolitano, concluyendo que no se advierten irregularidades en esos casos, al tratarse de cuentas personales que replican información oficial, contrataciones dentro de sus facultades y una aparición no recurrente.
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La Contraloría concluye que la Municipalidad de Coihueco no pudo desvincular al recurrente, pues gozaba de fuero gremial al momento del despido; por excepción, debe reincorporarlo y reubicarlo en otras funciones, reintegrando la indemnización percibida.
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La Contraloría concluye que no se configura la irregularidad alegada por ANFUTEL, pues el caso del señor Miranda no cumple los supuestos de la jurisprudencia invocada ni del artículo 8° letra e) de la ley N° 18.834, al no haber ejercido previamente como contrata o titular en el grado de jefatura.
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La Contraloría concluye que el cambio de contratación de la recurrente, desde honorarios a la ley N° 19.886, es válido porque el programa TTD se financia con un presupuesto que no busca proveer personal, por lo que no se advierte irregularidad.
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La Contraloría aclara que los concursos internos de las leyes N° 20.858 y N° 21.308 deben proveer las horas que excedan el límite del artículo 14 de la ley N° 19.378, no cargos específicos. Concluye rechazando la reconsideración y manteniendo ese criterio.
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La suspensión no inhabilita para ascender porque el artículo 53 de la ley N° 18.883 no la contempla como causal, y las inhabilidades son de reserva legal. Concluye que no cabe extenderlas por interpretación, pese al principio de probidad invocado en el dictamen N° E406590.
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La Contraloría concluye que procede aplicar la modalidad de trabajo a distancia solicitada para la funcionaria con discapacidad visual, como ajuste razonable y excepción a la regla general, siempre que ella consienta y se resguarden las condiciones señaladas.